Las pequeñas y medianas empresas ya acusan el impacto de los casi 11 mil despidos que se dispusieron en los distintos organismos estatales en lo poco que va del año y, según el presidente de la Asociación Pyme, Daniel Moreira, se notará en la salida del consumo popular de unos $500 millones.
No sólo los cesanteados se privarán de consumir, advirtió el dirigente, sino que también los jubilados y beneficiarios de asignaciones deberán racionalizar el gasto por las quitas dispuestas en las actualizaciones, y tanto unos como otros verán asimismo resentida la capacidad de compra de lo que les quede por “las transferencias millonarias por tarifazos a tres o cuatro empresas amigas de sus funcionarios”, agregó.
La cuenta conceptualmente es sencilla. Si los salarios aumentaron menos de un 20% en 2017, a lo que se llevaron los tarifazos de 3 dígitos en los servicios públicos por red domiciliaria, el boleto de colectivo añade un 66% y toda esa es plata que falta en los bolsillos de las familias.
El impacto pega de lleno en la estabilidad laboral de más de 4 millones de personas ocupadas por una multitud de 600 mil pymes en el país (menos de 200 empleados). En las casi 516 mil consideradas microempresas se concentra el 20% del trabajo formal.
Se hará sentir plenamente en las ventas de este vasto sector sin espaldas financieras de la economía nacional la abstención de los nada más que cesanteados estatales de la provincia de Buenos Aires, los del Programa Nacional de Formación Permanente, los de Fabricaciones Militares, también en el Ministerio de Defensa, en Enacom, Senasa, Energía, Modernización, Ambiente, Jefatura de Gabinete, Presidencia, INCAA, TDA, Radio Nacional, a los que se suman los enviados a la calle por los municipios bonaerenses de Quilmes, Morón, 3 de Febrero, La Plata y Lanús.
La incidencia se focaliza en los 4 distritos donde se concentra el 72% de las empresas argentinas: Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, según el Ministerio de Producción de la Nación, mientras el Norte argentino (NEA y NOA) apenas reúne el 10% de las firmas totales.
Moreira toma un salario promedio de $20.000 para estimar que, como consecuencia de los despidos, anualmente se verá afectada la circulación de $2.611.200.000 por las arterias del mercado interno, sustento de las pymes nacionales. Y eso que, previene, dejó fuera del cálculo los que no fueron informados y son parte del incesante ajuste por goteo que caracteriza esta gestión.
La exacción tarifaria
Por el lado de los costos, las facturas que reciben las pymes industriales por el uso de la energía, con aumentos superiores al 400% en los últimos dos años, ya venían condicionando el giro de la actividad, según señala el titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, y comprometen el corto y mediano plazo.
Sostuvo que "las recientes subas para las pymes cercanas al 50% en los costos del gas y por encima del 70% en la energía eléctrica provocaron un insoportable achicamiento de la rentabilidad, que llegó al mínimo del funcionamiento de una empresa, y llevó a desestimar inversiones productivas para apenas poder afrontar -con muchos problemas- el pago de salarios de sus trabajadores".
En un comunicado, alertó que "en la actualidad existe una sobreoferta en el mercado energético a partir de los fuertes aumentos en los costos del sector, pero que además se combina con un servicio deficiente ante la falta de inversiones en la infraestructura de la red que provoca cortes que interrumpen la producción de las fábricas".
Lo corroboran los propios datos publicados en la página web del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), unos 5.308 usuarios con servicio de Edenor registraron falta de suministro, mientras que la cifra correspondiente a Edesur ascendió a 44.887. Además de tener paradas las máquinas en talleres y plantas, echaron a perder la cadena de frío afectando los insumos y la mercadería que se conserva en los refrigeradores.
Las zonas afectadas en el área de concesión de Edenor (Tres de Febrero, Malvinas Argentinas, Pilar, San Fernando, San Miguel, Tigre, Escobar, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Merlo, Moreno y Marcos Paz), muestran que también en materia de distribución energética, el hilo se cortó por lo más delgado.