Los jubilados encabezan otra vez la lista de los 'paganinis'

Se repite el caso del recorte informático que el gobierno eligió para afectar el ajuste jubilatorio y poder bajar el déficit fiscal de un plumazo, con la reducción del gasto emprendida ahora mediante despidos aplicados en la plantilla de empleados públicos, que a nivel nacional totalizan 154.000.  

No se pasa el peine fino, lo cual alienta la discrecionalidad de la composición de la nómina emergente, ya que la cantidad de ingresos con que en los dos años desembarcó la actual gestión no estuvo acompañada de procesos de selección, concursos, pruebas de idoneidad, ni nada que se le parezca.

Con las jubilaciones y pensiones, tampoco se habían diferenciado a las legítimas de las ilegítimas, ni siquiera se intentó identificar a las de privilegio o a las fraguadas respecto de las pertinentes, ya que la consigna era bajar un número fiscal, no analizar la equidad ni la transparencia del sistema.  

La gobernadora María Eugenia Vidal intentó separar la paja del trigo y la emprendió contra el régimen jubilatorio del Banco Provincia, que anticipa 10 años la edad de retiro con un elevado porcentaje para el haber pasivo. Tomó como referencia el crónico déficit de la caja al que aportan los empleados de la entidad. Lo que no advirtió es que se trataba de un derecho adquirido porque el personal destina más del 20% del sueldo a solventar el régimen excepcional. O sea que, conceptualmente, se confundió la legitimidad  de gozar un beneficio con la racionalidad financiera del régimen que lo ampara.

A nivel nacional, la Administración Cambiemos tampoco predicó precisamente con el ejemplo: metió su gente en el Estado con sueldos altos, muy por encima en general de los 12.500 empleos estatales racionalizados en este tiempo, que se concretó a través de un software transversal implementado por el Ministerio de Modernización con requisitos que apuntaban al objetivo de alcanzar a los “entenados” y dejar a salvo a los “hijos”. En los casos en que el programa no lo hizo, se les dejó la resolución manual a las áreas pertinentes.

En el ínterin, el coordinador económico Mario Quintana había recorrido varias veces las dependencias oficiales con un memo suscripto "arriba" que ordenaba bajar 20% los gastos, porcentaje que en sucesivas pasadas se hizo extensivo a las nóminas de personal. Era la cresta de la ola de la campaña electoral y, la verdad, es que mucho el apunte no le llevaron.

Prueba de ello es que el gobierno tuvo que ampliar, por DNU, el Presupuesto Nacional 2017 en más de $ 11.000 millones, con una desmejora en el resultado financiero de la Administración Pública de $ 7.599,1 millones.

Finalizados los comicios, se reanudó en diciembre la barrida en los puestos estatales: un relevamiento de ámbito.com, con datos proporcionados por sindicalistas y empleados de diversas áreas del Gobierno nacional, cuenta más de 702 desvinculaciones oficializadas, que si se confirman otras 530 en peligro acumulan 1.232 trabajadores en la calle.

Los gremios, incluido ATE Capital de Daniel Catalano, denunciaron asimismo que la garlopa fiscal (versión corregida y aumentada del lápiz rojo con que el ministro Nicolás Dujovne amenazó al asumir y no concretó ni mucho menos) no terminó ahí, sino que en los próximos días se vendría otra oleada con 20 mil nuevos despidos, lo que queda comprometida más de 13% del total de la plantilla.

Por supuesto que al ser cuantitativa excluye de la selección a los nombramientos de cargos “políticos” acumulados en el último medio término (entre los superiores del organigrama y los que éstos, a su vez, dispusieron) con la incorporación de secretarias, asistentes, operadores de confianza, asesores, acomodados y favores compensados, todos con remuneraciones que multiplican varias veces las de los desafectados.

Conformaron una suerte de administración pública paralela, a la que el sistema informático del Ministerio de Modernización se encarga de depurar mandando al corte el sobrante.

Los delegados estatales conocen muy bien de qué se trata: "La perversidad es tal que los compañeros llegan, fichan y se enteran que están afuera porque el sistema no los toma", reconoció el representante gremial de los trabajadores de Prensa en la emisora pública, Carlos Saglul, también secretario general adjunto del SiPreBA.

Ventaja del borrón y cuenta nueva

La gran oportunidad macro que el gobierno pretende aprovechar ahora, con las metas desbordadas ya corregidas, la reveló con todas las letras el ex ministro de Economía Domingo Cavallo: "Lejos de ser motivo de preocupación, estos puntos adicionales de inflación en 2018 contribuirán a bajar más rápidamente el déficit fiscal a partir de 2019 y, por consiguiente, facilitarán la tarea estabilizadora a partir de aquel año". Le hubiera faltado agregar que justo es el año de la elección presidencial.

Pero le tiró una soga de doble nudo a Macri, como en algún momento lo había hecho con Néstor Kirchner: "Es un reconocimiento de las dificultades que el Gobierno ha encontrado para producir el necesario ajuste fiscal y la completa eliminación de los atrasos tarifarios".

Como para barrer la tierra debajo de la alfombra de 2017, las planillas Excel en el Palacio de Hacienda sacaron humo con los pases de partidas a partir de la decisión de blanquear el desmadre fiscal. La corrección del ejercicio finalizado se hizo cargo de nada menos que un aumento en $ 4.850,6 millones de los gastos corrientes y se afectó el nivel de ejecución de partidas destinadas a obras, cuyo monto quedó cargado al presupuesto expirado pero fueron dejadas pendientes para engordar el que viene, al que se destina 6% del PBI para infraestructura.

También el informe de despedida del año que brindó la conducción de la AFIP en capilla da un punto de partida encomiable para 2018, ya que la recaudación de todo 2017 subió 29,2%. Los ingresos impositivos fueron de $ 2,578 billones y en diciembre, descontando lo que entró por el sinceramiento en 2016, la mejora quedó en 27%, que si se toma como referencia el promedio anual de inflación en términos anuales terminó empatada.

En realidad, como admitió el administrador Alberto Abad al dar el informe, el crecimiento económico no se pudo reflejar tan así en la recaudación, porque la presión tributaria disminuyó una décima del PBI, de 24,39% a 24,25%,  o sea, $ 208.000 millones. Con un nivel de evasión tan elevado es difícil determinar si obedeció a una mayor equidad o menor eficiencia. Seguramente en la Jefatura de Gabinete tienen una opinión distinta a la del questor.

El ejemplo que dio Abad de que el comportamiento de los datos brindados se debe a mejoras de la recaudación y otros factores es que el impuesto más vinculado a la facturación, el IVA, creció 31,2%, 6,9 puntos por encima del EMAE, indicador de actividad que publica el INdEC, de los cuales 5,5 puntos están por encima de la prociclicidad típica del impuesto.

Por otra parte, la AFIP devolvió a los contribuyentes $ 205.000 millones de IVA, con una suba interanual de 245,7%, lo cual explica que en seguida se le haya metido mano en la reforma al beneficio.

Ganancias, cheque, seguridad social, aportes y contribuciones patronales se mantuvieron en línea con el promedio de inflación que es el parámetro más adecuado para las comparaciones, según Fausto Spotorno, del estudio de Orlando Ferreres.

Descartó Abad que vaya a desaparecer el monotributo, que aunque representa 0,4% del total recaudado demanda “tanto esfuerzo, tenemos un portal especial, una línea para consultas y seguimos tratando de simplificarlo y mejorarlo", justificó

De hecho, de los 440 mil nuevos contribuyentes de 2017, son monotributistas 320 mil y el régimen creció 10% con 3.470.000 contribuyentes, frente al 2% del régimen general que incluye a 1.420.000 ciudadanos y empresas.

En la mesa chica de la JGM estos números no se ven precisamente como virtuosos: mucho trabajo y poca plata es el credo de los cultores de la teoría del derrame.

Más allá de rencillas domésticas sobre cómo hacer que el ajuste lo haga otro, Cavallo les recuerda que "las metas fiscales sinceradas ayudarán a medir mejor los riesgos que representa el avance demasiado gradual en materia de ajuste fiscal". Un consejo hecho con conocimiento de causa.