JetSmart está decidida a ser una de las protagonistas de la temporada de invierno. La compañía de capitales chilenos y estadounidenses ya anunció un fuerte incremento de sus frecuencias a los destinos más solicitados de Argentina y, ahora, incorporaría un nuevo avión para poder atender el nivel de demanda esperado.
La nueva aeronave será otro Airbus A320Ceo, que llegará para expandir la flota a nueve aeronaves. Todas ellas del mismo modelo y fabricante.
En el caso de LV-KJA, su destino será conectar Aeroparque con San Martín de los Andes. Uno de los destinos predilectos en invierno, con su principal atractivo en la nieve.
Al igual que el resto de los aviones de JetSmart, el nuevo avión vendrá desde Chile, primer lugar donde operó desde su salida de fábrica. En ese sentido, la compañía low cost cuenta con la flota más jóven del país, con aviones más nuevos que los de sus competidores.
La compañía aérea planea hacer una temporada récord, aumentando la disposición de asientos en un 55% más que el mismo periodo del año pasado. La expectativa rondaría el millón de pasajes vendidos entre julio y septiembre, según estimaciones de la empresa.
La cifra buscaría romper con la establecida entre enero y mayo de 2023, cuando JetSmart rozó el millón. Aunque, claro, en temporada de verano.
La incorporación del nuevo avión se producirá días después del conflicto que se desató alrededor de Flybondi, compañía competidora, que reclamó al Gobierno nacional el giro de dólares para poder sostener los contratos de leasing de aviones en Argentina. A partir de un “cepo”, la otra low cost del país no podía realizar los pagos correspondientes y corrió el riesgo de perder parte de su flota.
Sin embargo, eso se destrabó y Flybondi hizo frente a sus compromisos. Pero ¿por qué no afectó a JetSmart?
A pesar de operar bajo una sociedad argentina, JetSmart tiene el respaldo de la filial chilena de la compañía, que además cuenta con capitales directos de Estados Unidos. Eso, a diferencia de Flybondi, le permitió sortear con un poco más de holgura el “cepo” impuesto que terminó siendo excepcionalmente bajado por el Gobierno para que la empresa amarilla continúe sus operaciones.