Ana Isabel Gervasoni fue declarada exenta de responsabilidad en el caso que la tenía como acusada por "ejercicio ilegal de la profesión", según una denuncia realizada por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro (CMCPSI). Para el magistrado interviniente en la causa, Hernán Sergio Archelli, del Juzgado en lo Correccional Nº6 de San Isidro, el planteo y las pruebas presentadas por los abogados del Colegio "no lograron acreditar la existencia del hecho acusado".
MARTILLEROS Y CORREDORES
El Colegio de Corredores de San Isidro sufrió otro revés judicial
La Justicia falló a favor de RE/MAX: el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro (CMCPSI) no pudo demostrar el supuesto ilícito denunciado.
El CMCPSI había acusado a Ana Isabel Gervasoni (CPI 7.927, contadora y corredora pública) de "ejercer un acto de corretaje no autorizado" a partir de la publicación de un anuncio de venta de un inmueble en el portal inmobiliario ZonaProp. En una captura de pantalla que correspondía a una propiedad de Villa Adelina –única prueba presentada por el Colegio- figuraba como corredor responsable, además de la acusada, otro corredor matriculado en el CMCPSI.
Es habitual que en los anuncios o carteles de las inmobiliarias figuren los nombres de los corredores o martilleros responsables porque así lo exige la Ley Nº 10.973, que regula la actividad. La normativa también establece que el profesional responsable debe estar legalmente inscripto y habilitado en la jurisdicción donde va a ejercer el corretaje inmobiliario.
Sin embargo, la estrategia planteada por el CMCPSI cometió el error de haber imputado a Gervasoni por realizar una intermediación inmobiliaria que nunca ocurrió porque la mera existencia de un anuncio no prueba una venta. Incluso, según quedó demostrado en sede judicial, quien publicó el aviso en Zonaprop fue Santiago Luis Gerez (CMCPSI 6577).
Aunque Gerez y Gervasoni no son socios, sí comparten oficina y trabajan de manera colaborativa en RE/MAX EMBLEMA, ocupándose cada uno de una jurisdicción diferente: Gervasoni en Ciudad de Buenos Aires, y Gerez en San Isidro, donde está legalmente habilitado para hacerlo.
Según el fallo, la legislación vigente dice que en los carteles y avisos inmobiliarios deben estar los datos del corredor responsable, pero no dice que no deben figurar los datos de otro profesional.
La defensa, por su parte, expresó que en la causa "no hay un solo elemento probatorio" que permita sostener que su defendida haya incurrido en una acción de corretaje no autorizado. Por su parte, Gervasoni declaró que la acusación en su contra es "infundada, injusta y ridícula" y que le ocasiona "un perjuicio económico y de tiempo" siendo que ella nunca cometió una falta y nunca ejerció el corretaje en la Provincia de Buenos Aires.
Para la defensa, el CMCPSI pudo haber constatado el vínculo entre el aviso publicitario y Gervasoni simplemente preguntando a los propietarios del inmueble ofrecido si, en efecto, habían tenido algún trato comercial con su defendida.
En este sentido, la defensa manifestó que, tal como lo demostró la Justicia, nunca existió un hecho ilícito y que la denuncia se enmarca dentro de los numerosos actos persecutorios del Colegio que tienen como único fin obstaculizar el trabajo de los corredores que eligen a RE/MAX. Es de público conocimiento la persecución judicial que, desde hace años y con resultados adversos, viene sosteniendo el Colegio de San Isidro contra la plataforma de servicios inmobiliarios.
Antecedentes del caso Gervasoni
La situación que le tocó atravesar a Ana Isabel Gervasoni no fue un episodio aislado. Es muy frecuente que los corredores que contratan los servicios inmobiliarios de las distintas marcas de franquicias que operan en el país, en especial, tal como es su caso, con aquellos que eligen a RE/MAX, tengan dificultades con los Colegios.
Gervasoni, corredora radicada en Ciudad de Buenos Aires, en febrero de 2022 solicitó al CMCPSI una matrícula para ejercer el corretaje en la provincia de Buenos Aires. Dicho trámite se realiza de manera habitual y así lo establece la legislación, de manera recíproca, para los profesionales inmobiliarios de ambas jurisdicciones.
No obstante, a partir de que la institución que preside Paula Méndez detectó que Gervasoni operaba con RE/MAX comenzó una operación considerada, por letrados de Gervasoni, de desgaste, con el objetivo de demorar la entrega de la matrícula el mayor tiempo posible y activar un sistema de trabas burocráticas que puede prolongarse en el tiempo.
En este caso, y luego de la presentación de una serie de recursos de amparo y apelaciones, la situación de Gervasoni lleva más de 1 año y medio sin resolverse.
Según lo manifestó la defensa de Gervasoni en el juicio, el CMCPSI pudo haber presentado nuevas pruebas pero no lo hizo.
Para la defensa, ahora la estrategia de los Colegios está enfocada en desgastar de manera individual a los corredores que contratan los servicios de la marca.
Sin embargo, la causa judicial falló que RE/MAX no incumple la legislación, decisión que desgasta a la corporación que, según parece, demandó sin argumentos relevantes.
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