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ESCÁNDALO CON PLANES

Victoria Tolosa Paz, acorralada por la Justicia y piqueteros

En el marco del escándalo con planes sociales, la ministra Victoria Tolosa Paz sufrió un doble revés en la Justicia, mientras piqueteros aumentan la presión. Hubo reunión en la Rosada con Alberto Fernández y Emilio Pérsico.

El escándalo por los planes sociales sigue sumando capítulos mientras la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, está en la mira de la Justicia y los piqueteros aumentan la presión.

Por el lado judicial, Tolosa Paz recibió hoy dos reveses: el juez en lo Contencioso Administrativo, Enrique Lavié Pico, la intimó para que le brinde a dirigentes de la Coalición Cívica “información pública” sobre la cantidad de personas beneficiadas con el programa Potenciar Trabajo; horas antes, el fiscal Guillermo Marijuan denunció penalmente a la funcionaria por los "delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos".

Ante esta situación, trascendió que esta tarde el presidente Alberto Fernández se reunió con Tolosa Paz y Emilio Pérsico -secretario de Economía Social y, a su vez, líder del Movimiento Evita- en su despacho en la Casa Rosada.

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Marcha piquetera en el centro porteño (Foto NA).

Marcha piquetera en el centro porteño (Foto NA).

Las 3 noticias:

Marijuan denunció a Victoria Tolosa Paz

El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció penalmente a la ministra Victoria Tolosa Paz después tomar esta semana declaración testimonial al titular de la AFIP y al jefe de Gabinete, en el marco de una investigación preliminar donde cuestionó que de los 253.000 planes presuntamente irregulares sólo se hayan suspendido 2.243.

El representante del Ministerio Público Fiscal apuntó contra la ministra y contra el Secretario de Economía Social de dicho organismo, Emilio Pérsico, "por las conductas que encuadran en los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos".

Recordemos que un informe estadístico realizado por la AFIP reveló que entre los 1.383.279 beneficiarios del plan Potenciar Trabajo había 253.184 personas que habrían declarado Bienes Personales, y 35.398 que habrían comprado dólares con fines de ahorro en los últimos seis meses.

Luego se hizo un segundo informe con un análisis de los ingresos de los beneficiarios durante los últimos seis meses, teniendo en cuenta que las declaraciones de Bienes Personales son "incompatibles con el beneficio".

Según la AFIP, también había 2.800 personas fallecidas cobrando el plan Potenciar Trabajo, número que el Poder Ejecutivo bajó a 300. Pero también se detectaron beneficiarios con más de un inmueble, dueños de embarcaciones, aviones y vehículos 0 Km, entre otras irregularidades.

Esos números impulsaron al fiscal Marijuan a denunciar una supuesta defraudación, entendiendo que el 20% de los beneficiarios no debían estar percibiendo el plan social, que representa una erogación mensual de casi $7.000 millones al Estado. Marijuan pidió la suspensión de 253.000 planes pero Tolosa Paz dio de baja sólo 2.243 programas asistenciales.

Por eso, entendió el fiscal, "existió una inobservancia de estas conclusiones, ya que con posterioridad a conocer el informe de la AFIP enviado el 24 de octubre, la Ministra Victoria Tolosa Paz requirió nuevamente una información complementaria de ese organismo".

Para la fiscalía, los informes confeccionados por la AFIP "debían derivar en una actividad directa y concreta hacia la suspensión de estos planes, para evitar el perjuicio que mes a mes importa pagar un Programa para alguien que es incompatible con la ley que lo establece y reglamenta".

En este sentido criticó la determinación de Tolosa Paz de "haberse limitado a dar de baja algunos casos que, en modo alguno, abarcan los señalados por la AFIP".

Finalmente, Marijuan entendió que tanto la Ministra como Emilio Pérsico "tenían el dominio del hecho y las facultades administrativas que derivan de la función que se les encomendara al asumir en sus cargos para poder actuar en consecuencia, esto es, atender, valorar y utilizar los informes de la AFIP con la consecuente actividad que debieron dirigir para evitar un perjuicio económico para el Estado Nacional".

Según informó el Gobierno, en Desarrollo Social se cruzaron datos proporcionados desde la AFIP con la base del Banco Central para identificar las operaciones que involucraron a los beneficiarios de los planes que administra el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, desde la secretaría de Economía Social de la Cartera ministerial.

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Pérsico con Alberto Fernández (Foto archivo NA).

Pérsico con Alberto Fernández (Foto archivo NA).

Tolosa Paz informó sobre 430 titulares del Potenciar habían comprado u operado con dólar ahorro en los últimos 6 meses por un total de 293 mil dólares. Sin embargo, nada más que 23 personas concentraron casi la mitad de esas operaciones.

En otro tramo ese informe difundido por el Poder Ejecutivo para bajarle el tono al escándalo aclaran que desde septiembre de 2020, cuando empezó a regir esa incompatibilidad, 2098 receptores del programa habían comprado 864 mil dólares. “Si hay capacidad de ahorro, quedan inmediatamente excluidos del Potenciar Trabajo".

El entrecruzamiento de información permitió identificar además compras en dólares por tarjeta de crédito de 82.272 titulares. El promedio del consumo, según especificó la ministra fue ínfimo: 1,55 dólares, que se explican por contratación de servicios de streaming o plataformas de videojuegos.

"Desde septiembre de 2020, 145 titulares del plan Potenciar Trabajo compraron entre 100 y 50.000 dólares. Son operaciones muy llamativas y preocupantes por un total de un millón de dólares”, insistió la funcionaria.

A la suspensión temporal del programa social, se sumó a otros 947 titulares, que registraron operaciones sospechosas. Estos serán evaluados en una segunda auditoría ordenada por el Ministerio.

Pese a las explicaciones oficiales, para el fiscal Marijuan dichos argumentos no tienen un sustento que permita evitarle al Estado una defraudación millonaria. La decisión de suspender 2.234 planes de los más de 253.000 que él denunció "es una medida que se habría apartado o recogido parcialmente el informe de otra oficina pública, la Administración Federal de Ingresos Públicos", dijo.

Por ese motivo el representante del Ministerio Público Fiscal decidió iniciar una investigación preliminar sobre Tolosa Paz, que terminó en la denuncia penal, "con el objeto de conocer los pormenores por los cuales adoptara tal medida ante las circunstancias apuntadas".

Tolosa Paz, intimada: 10 días para dar información

El otro revés que sufrió hoy Tolosa Paz tiene que ver con la decisión de Enrique Lavié Pico, juez en lo Contencioso Administrativo, que intimó a la ministra para que le brinde a dirigentes de la Coalición Cívica -liderados por Elisa Carrió- “información pública” que solicitaron en junio pasado sobre la cantidad de personas beneficiadas con el programa Potenciar Trabajo que están vinculadas a los movimientos sociales -mayoritariamente oficialistas-, fundaciones, federaciones, asociaciones civiles o cooperativas. También solicitaron que se informe sobre cada uno de los convenios celebrados en el marco del programa con diferentes agrupaciones o cooperativas entre los años 2018 y 2022.

Como el ministerio se negó en su momento a entregar esa información que debería ser pública ya que involucra fondos del Estado Nacional, los diputados de la CC Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro y Maricel Etchecoin junto a la legislador porteño Hernán Reyes, el concejal de La Matanza Héctor “Toty” Flores y la dirigente Fernanda Reyes, recurrieron a la Justicia, que ahora les la razón e intimó al Gobierno para que cumpla con el pedido en un lapso de 10 días.

En sus argumentos, el magistrado le recordó a la ministra Tolosa Paz: ”Cabe precisar que la ley 27.275 Derecho de Acceso a la Información Pública establece en el artículo 1 que: ‘Objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública”.

El pedido había sido ingresado por la Mesa de Entradas de Desarrollo Social el 19 de julio pasado, cuando el ministro era Juan Zabaleta. Tampoco fue respondido por Tolosa Paz, quien reemplazó al intendente de Hurlingham el 13 de octubre.

En el amparo los dirigentes de la oposición argumentaron que desde el ministerio “nunca recibieron respuesta a lo requerido” y agregaron que “la omisión a brindar la información constituye un acto arbitrario e ilegítimo, lesionando derechos constitucionales”.

El juez Lavié Pico también les remarcó a los funcionarios que “ la información pública es un derecho” y recalcó: “El derecho de acceso a la información pública comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la presente ley, con las únicas limitaciones y excepciones que establece esta norma.”

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La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que integran agrupaciones oficialistas, presente en la marcha (NA).

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que integran agrupaciones oficialistas, presente en la marcha (NA).

Piqueteros oficialistas, en pie de guerra

Como si fuera poco, y tras el piquetazo de este viernes, las organizaciones sociales del oficialismo ratificaron su plan de lucha contra el Gobierno: la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que integran agrupaciones oficialistas como el Movimiento Evita de Emilio Pérsico, el MTE de Juan Grabois y Somos-Barrios de Pie, de Daniel Menéndez, definió en una asamblea de 5 mil delegados una jornada de protestas el próximo miércoles para presionar al Ejecutivo, que estudia bajas por supuestas incompatibilidades de planes sociales.

"En la Asamblea hemos informado a más de 5000 delegados de la situación que se está viviendo con la propuesta de ajuste, que está llevando adelante la ministra Tolosa Paz", expresó Gildo Onorato, secretario gremial de la UTEP y referente del Evita.

Durante el acto también hubo duras críticas al Presidente y a Sergio Massa. "Estamos en esta asamblea, porque no somos cómplices del ajuste. El Presidente, el ministro de Economía y la ministra de Desarrollo Social tienen que entender que entre los compañeros y el Gobierno elegimos a los compañeros. Esperemos no tener que pasar la medianoche en la 9 de Julio. Esto recién empieza. Vamos a ganar caiga quien caiga", señaló un enfervorizado Onorato.

A la misma hora en la que las organizaciones oficialistas coparon el Puente Pueyrredón, columnas de Unidad Piquetera cortaron la 9 de Julio a la altura del obelisco. "Ninguna tregua a los ajustadores", decían las pancartas del Polo Obrero y de Libres del Sur.

De manera simultánea, agrupaciones más chicas como el MTD Aníbal Verón, el FOL y el MTR se manifestaron frente al ministerio de Desarrollo Social.

La postal volverá a repetirse el próximo miércoles, cuando las organizaciones sociales vuelvan a salir a la calle en todo el país.

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FUENTE: Urgente24

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