Los jugadores de Ríver y de Boca palpitan la final que disputarán en Asunción, sede de la CONMEBOL, los respectivos presidentes Rodolfo D´Onofrio y Daniel Angelici, de cuyo resultado dependen los US$6 millones del premio mayor de la copa Libertadores de América que se distribuirán los ganadores y los US$ 3 millones para los perdedores. El torneo ya repartió US$ 103.850.000 millones y entre televisión, publicidad y entradas a la cancha, directa e indirectamente, constituyen una fuente de ingresos para los 17 participantes continentales que eclipsa el dinero que gira en torno de la Superliga. Los 2 partidos del superclásico suspendidos sábado y domingo le costaron a los organizadores el 30% de la recaudación neta superior a los $80 millones que le quedaron, más los derechos de televisión. Pero más perdieron los 60 mil y pico mil aficionados que pagaron la entrada y se quedaron dos veces sin ver el partido y los 4 millones de audiencia de Fox Sports en cuyas pantallas la pasión del fútbol se reemplazó por catarsis en torno de los bochornosos incidentes que impidieron disfrutar del clásico. Al desnudo están ahora expuestos los curros de los onerosos operativos de seguridad que se conciben más para satisfacer intereses de partes que para cumplir con su cometido. Será cuestión de tomarlos o dejarlos. En Argentina ya no sólo está imposibilitado de asistir a los estadios el público visitante, sino que está visto que tampoco hay garantías para que lleguen los jugadores visitantes.

La gobernadora María Eugenia Vidal se diferenció del gobierno nacional y rascó las ollas para que los jubilados bonaerenses cobren para fin de año un bono compensatorio que ANSeS, por orden presidencial, le negó al padrón nacional. ¿Habrá tenido que ver con urgencias electorales para el caso de que prospere la presión que ejercen La Plata y los intendentes para que se desdoblen los comicios antes de exponerse a una victoria en primera instancia de CFK que les ralee las chances? Lo cierto es que al subir la inflación como lo hizo, el cambio en la fórmula de movilidad les hizo perder a los 7 millones de jubilados, pensionados, y a los demás actores del sistema previsional, no menos de 20 puntos en 2018, más el trimestre que se comió el Estado al pasarse de los ajustes semestrales a cada 3 meses. El jefe de ANSeS, Emilio Basavilbaso, dijo que no había plata para compensar la pérdida con un bono y supeditó a que descienda la inflación la restitución, el año que viene, de parte del dinero confiscado, que Ismael Bermúdez de Clarín calculó para todo el año en $ 13.243,50, en el caso de la jubilación mínima. De todos modos, la clase pasiva deberá ver cómo hace para pasar estas fiestas navideñas, ya que la canasta que estima Consumidores Libres, orientada por Héctor Polino, le costaría algo más de la cuarta parte de sus haberes. Pero, además, tienen sobre la cabeza la espada de Damocles que les dejó la reforma previsional reclamada por el FMI, que quedó pendiente hasta después de la elección presidencial.

La Administración Macri y la mayor parte de los gobernadores acordaron con el FMI endosarle a buena parte de la población (ricos, pobres e indigentes van por aparte) los costos del ajuste: bajar los sueldos y las jubilaciones anke coartando con la recesión las posibilidades de mejoras provenientes del trabajo. Con lo que quede de los ingresos diezmados tocará asimismo afrontar una presión impositiva agobiante y tarifazos perpetuos. Las redes sociales, el boca a boca, las estadísticas y encuestas coinciden en que la respuesta ciudadana ha sido la resignación a modificar costumbres de su vida cotidiana, como: racionalizar el uso de tarjeta, cambiar salidas por juntadas, estirar la reposición de alacena, reemplazar primeras por segundas marcas, comprar menos cantidades pero con mayor frecuencia, postergar cuidados personales y hogareños, pasarse de la prepaga a la obra social, abaratar abonos del servicio de celulares y televisión, etc. El resultado queda registrado en las mediciones de consumo que realizan Kantar Worldpanel o Focus Market, que dan un retroceso superior al 2% para este año y proyectan otro tanto para el que viene. Directamente, un estudio de las compañías de investigación de mercado Kantar Millward Brown y Kantar TNS señala que el 93% de los argentinos declaró haber reducido o dejado alguna categoría de consumo o gasto frente a la situación económica actual. El apretón en las economías familiares hasta incluirá las vacaciones en ciernes, ya que 8 de cada 10 encuestados reconoció haber afinado el lápiz para no privarse de viajar. Sustituirá Brasil por la costa atlántica, acortará la cantidad de días o elegirá entre destinos domésticos por ofertas y planes de financiación. Que la gente haya tenido que asumir el costo real de la crisis mientras a los gobernantes sólo parece interesarle el político da sustento a la afirmación acerca de las diferencias de agenda formulada por el economista Juan Carlos De Pablo, en una entrevista con LN+: "A nadie le calienta las elecciones del año que viene; les calienta qué va a pasar la semana que viene".

Los megaoperativos de seguridad del gobierno nacional se superpusieron con los que desplegarán las grandes potencias cuyos líderes top (Donald Trump, USA; Angela Merkel, Alemania; Emmanuelle Makron, Francia; Vladimir Putin, Rusia, y Xi Jinping, China, entre los principales, participarán de la cumbre del G-20, a desarrollarse en la Ciudad de Buenos Aires entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. La inversión presupuestada a tal efecto ha sido de $3.000 millones (unos US$150 millones al cambio previsto al formularse), más un sofisticado equipamiento militar importado, quedarán pasado el evento como pertrechos para enfrentar la amenaza interna de los piquetes, motochorros, barrabravas, narcos y algunos que otros anarquistas, como la que puso la molotov en la Recoleta y se voló los dedos al hacerse una selfie. De otras secuelas que ayuden a la alicaída economía no hay para hacerse demasiadas ilusiones. Los analistas se conforman con que seamos un escenario no institucional para ventilar las diferencias que complicaron el comercio internacional, como la guerra arancelaria entre USA y China, el cuestionamiento a las instituciones que reglan el comercio transfronterizo, las reciprocidades en materia de libre comercio que exigen las potencias, como Estados Unidos, para entrar en tratados bilaterales, antes que aceptar las normas dispuestas en los subbloques regionales. En esta acalorada discusión en marcha, de final y resultado inciertos, Argentina está en pañales. Sólo participa en acuerdos que comprenden al 10% del PBI global, 5 veces menos que Chile, y muy por debajo de Perú y Colombia. Tiene pendiente redefinir el pacto arancelario del Mercosur con Brasil para recién poder avanzar hacia la Unión Europea. Su inserción internacional se concentra en el agro y la energía. Más allá de esta cumbre del G-20, le puso todas las fichas a negociaciones bilaterales que mantiene con los 2 grandes contrincantes de la conflagración comercial, USA y China, que amenazan derivar hacia presiones cruzadas de ambas para proteger sus intereses.

El año que viene el saldo del comercio exterior dará US$4.500 millones de superávit, un poco gracias a la mayor exportación agrícola y de carnes, ya sin las sequías de la anterior campaña, otro tanto a la repercusión de la mejor performance económica brasileña, pero fundamentalmente al parate importador, donde la devaluación hizo subir los costos de lo que se trae de afuera y la recesión frenó la demanda, en el marco de un intercambio de bienes y servicios 1% más bajo que el de 2017. La consultora Abeceb, que fundó el ministro de la Producción, Dante Sica, difundió un ránking que elabora con los costos laborales de 25 países, según el cual el 110% que de diciembre a octubre se había elevado la paridad de la moneda sirvió para mejorar la competitividad en un 50% respecto de los otros países de la región y acercó un poco a la Argentina a los posicionados al tope de la eficiencia manufacturera, como Indonesia, México, Tailandia y China. La salvedad es que a esa relación se llega con el dólar a $37/38 y los salarios en general convenidos con 15 a 25% de aumento, muchos en trámite de actuación arriba del 40% que el bono compensatorio dejó para definir después. O sea que, para mantener la competitividad alcanzada en este renglón y que ayude a incrementar exportaciones o sustituir importaciones futuras, Sica debería lograr que los productores internacionalizados dolaricen esa relación y lo traten en la respectiva mesa sectorial de transformación productiva, antes de someterla a paritarias y al arbitrio de la política cambiaria. La agobiante presión impositiva y la parálisis de la infraestructura por el ajuste fiscal y los cuadernos son, a los efectos de esta estrategia, como entrar a la cancha perdiendo 2 a 0.

Cuando entra en el 4to año al frente del Gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta considera que llegó el momento de resumir el contenido de su gestión bajo el título de una megaobra cumbre consensuada con el bloque del PJ: el desarrollo urbano del Mercado de Hacienda, en Mataderos, que le cambiará la cara al emblemático barrio del sur de la Ciudad, como pretendió también hacerse con Soldati, al dejar a la Villa Olímpica como legado de los Juegos de la Juventud que acaban de organizar. Aún en un año de sequía financiera para el país, como éste, se disparó un centenar de proyectos, la mitad ya iniciados, que se localizan principalmente en lo que solía llamarse extramuros, de la avenida Rivadavia para el Riachuelo, según describe un artículo publicado en La Nación. Desde Santa Fe al río, los emprendimientos privados se han hecho cargo de las inversiones en construcción, cuyas regulaciones constituyen en sí mismas un negocio de los desarrolladores inmobiliarios que se regula desde la sede de Parque Patricios, aunque cabildeado con la Legislatura donde el oficialismo tiene mayoría. La excepción sería la Villa 31, a cuya urbanización el gobierno porteño destinó este año $1.600 millones. Rodríguez Larreta termina de abrocharle al Pro la renovación del mandato capitalino a fuerza de carteles de obra por todos lados y de pactos políticos cerrados con referentes de la oposición, como el sindicalista Víctor Santa María y su ex contrincante electoral Martín Lousteau, y con un operador radical-peronista de la talla de Coti Nosiglia.

El mercado inmobiliario podrá estar en repliegue en toda América Latina, y en especial en nuestro país, tanto en tamaño como en precios, pero la malaria no amedrenta a paladines del real estate, como los altos mandos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Faltarán demanda (por la masiva desaparición del crédito hipotecario UVA) y capitales (ante el recorte en los planes públicos de urbanización y viviendas y la aspiradora de la Reserva Federal), pero la Administración de Rodríguez Larreta igual busca acuerdos con los desarrolladores para los negocios de nicho: por ejemplo, este fin de mes sacará a remate codiciados terrenos fiscales en Retiro, La Boca, Colegiales, Villa Urquiza y Palermo. Al mismo tiempo, activa otro filón, que no engordará la macroeconomía pero conforma una potencial oferta de 21 mil propiedades de valor histórico protegidas para que queden en condiciones de ser transformadas en proyectos arquitectónicos modernos y dotados de servicios, que conserven el estilo original, como se hace en Estados Unidos y Europa. Representan suculentos nichos de negocios alternativos a los menguados planos de construcción de departamentos que se concentran en los barrios de Palermo, principalmente, y en Caballito. Lo mismo sucede con la aparición de una tendencia importada que seduce a las nuevas generaciones de buena capacidad adquisitiva: los espacios compartidos en condominios, que empezaron con los laborales (el coworking) y ahora siguen con el coliving, reemplazante de los amenities por el concepto integrador de comunidad. Se empezó a construir en Colegiales un complejo que ostenta la mayor inversión en el rubro viviendas: US$140 millones. Sin embargo, no todos los desarrolladores están felices con la gestión de Rodríguez Larreta. El titular de IRSA, Eduardo Elsztain, destila bronca por los proyectos deportivos que están paralizados y porque tuvo que cerrar Buenos Aires Design.

Estampar la rúbrica en Presupuesto 2019 avalando el ajuste de $370.000 millones que contiene les devolvió a las provincias la masa de recursos del impuesto a las ganancias con que se financiaba a Anses para pagar las pasividades. La inyección de $30.000 millones que recibieron por el acompañamiento parlamentario para sacar la ley las torna, en general, superavitarias, mientras los haberes jubilatorios no cubren ni la mitad de la canasta. Las Pymes y los balances de las grandes empresas también pagan los platos rotos, aunque con medidas que van a contramano de la seguridad jurídica que Cambiemos le reclamaba al kirchnerismo cuando era oposición, ya que convierten las pérdidas reales de los balances en ganancias al no permitirles que incluyan la inflación para obligarlas a tributar. La Administración Macri, que se preciaba de promercado, quemó las naves en el altar de una crisis financiera internacional, guerra comercial exterior y contingencia climática interna, de lo cual, salvo en este último caso, su equipo de lujo debía estar enterado desde hacía 7 años. Fue en 2012 cuando se cortó el boom de las commodities y se desató las tormenta a la que recientemente aludió la Casa Rosada para justificar la corrida cambiaria que derivó en el ajuste en marcha. Su solo advenimiento al poder no atrajo la lluvia de inversiones anunciada, y ahora circula a contramano de su propia propuesta: subió las retenciones a la exportación, en lugar de eliminarlas como había prometido en campaña, y castiga los balances de las grandes empresas y principales Pymes al no permitirle descontar la inflación para calcular ganancias. De modo que, en un contexto recesivo como el actual, desalienta inversiones y la generación de nuevos puestos de trabajo. A la vez, redujo la obra pública a la mínima expresión, justo cuando las PPP privadas están inhibidas de compensar por el efecto de los cuadernos.

Jaime Durán Barba, el gran consejero político de Mauricio Macri, debería comenzar a resetear el software electoral: la rabia e impotencia de 13,2 millones de desocupados se acaban de reflejar en las urnas brasileñas que consagraron ganador a un autopromocionado antisistema, como el diputado derechista y ex militar Jair Bolsonaro. Y como quien ve al vecino rasurar, pone las barbas a remojar, las miradas de este lado convergen ahora sobre la estadística laboral que difundirá el INDEC del 3er trimestre, que junto al anterior fueron los que recibieron de lleno el impacto que deserrajaron sobre la economía nacional las corridas cambiarias iniciadas en mayo, con la secuela devaluatoria y de tasas de interés siderales que afectaron a empresas y particulares. De acuerdo con el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en setiembre-octubre, los despidos y suspensiones aumentaron casi 7 veces respecto del mismo período de 2017, con la particularidad de que las tres cuartas partes se originaron en la industria. De reflejarse el clima laboral adverso en el indicador oficial en ciernes, la cantidad de desocupados superará largamente los 2 millones y en ascenso, que si tuvieran que entrar en un cuarto oscuro antes de fin de año destilarían toda su bronca hacia los que considera responsables de sus desventuras. Nada más que de los enojados por haber quedado en la calle, Cambiemos resigna con seguridad un 8% del caudal electoral. Tiene en juego otro porcentaje similar de ciudadanos que no consigue trabajar las horas necesarias para cubrir sus necesidades y encuadra entre los subocupados. Y habrá que ver cuántos de los 8 millones de sufragios de pobres e indigentes consigue descontarle a Cristina Fernández de Kirchner con los planes sociales que administran la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, y la gobernación bonaerense María Eugenia Vidal, en franca pulseada con los aliados K de las tres organizaciones piqueteras: Barrios de Pie, Movimiento Evita y la Corriente Clásica y Combativa. De lo que puede estar segura la coalición oficialista es que el deterioro de los salarios y la incertidumbre laboral serán auténticos piantavotos.

La Administración Macri inventó su propia versión de Fuenteovejuna, del dramaturgo Lope de Vega, con los $5.000 del bono compensatorio de diciembre acordado con la CGT: la respuesta es similar a la del pueblo cordobés español en el siglo XV, cuando la monarquía les preguntó quién mató al comendador: todos y ninguno. Es que las empresas que puedan afrontarlo lo trasladarán a precios o tarifas, otras imposibilitadas de remarcar por la recesión lo dividirán en cuotas y pondrán a cuenta de futuros aumentos y habrá también las que manejen la opción con los gremios de hacerse cargo a cambio de despedir personal. En general, las compañías alimenticias y las productoras y distribuidoras de energía, junto a las excepciones que confirman la malaria que hasta los auditores del FMI admiten para esa altura del año, casi que tendrán asistencia perfecta entre los que otorguen por un lado aunque recuperen por otro e igual terminen transfiriéndoselo a la sociedad. De 6 millones 222,8 trabajadores registrados en el sector privado en condiciones de percibir el bono, no menos de la cuarta parte se pondrá a cargo del impuesto inflacionario. A juzgar por lo declarado por el titular de SMATA, Ricardo Pignanelli, tampoco la evolución de los precios dejará margen para descorchar champán y ni siquiera sidra, ya que sólo cubre el gasto de 10 panes dulces. El jueves, el INDEC difundirá el IPC de octubre, que agrega entre 5,3 y 6% al ritmo que traían entre los naftazos, tarifazos y el pass through del dólar a $40, que a propósito bajó 10% en noviembre sin que nadie, salvo Axión y por otro motivo, se diera por enterado y diera marcha atrás con las planillas alineadas con aquella paridad. El mismo día, AySA, en audiencia pública, intentará implementar su propio bono de resarcimiento por la diferencia entre lo que subieron la tarifa y el IPC en 2018 y prever para 2019 un incremento inclusive superior a la pauta de inflación presupuestada por el gobierno.