Aunque aún no se conocen los datos de desocupación del 3er trimestre (julio, agosto y septiembre), cuando la devaluación pegó de lleno en una economía desguarnecida como la de la Administración Macri, todo parece indicar que el 9,6% en ascenso con el que cerró el período abril-mayo-junio habrá cruzado la barrera del dígito, con lo cual la actual cantidad de desocupados volará sobre los 2 millones.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) anticipó, en tal sentido, que en el anterior bimestre los despidos y suspensiones aumentaron casi 7 veces más que en el mismo período del año anterior, y que las tres cuartas partes se originaron en la industria, cuya explicación se encuentra en el mayor descenso de los últimos 16 años que registró la actividad en setiembre: -11,50% frente al -12,2% de julio del 2002.
Hasta el mes pasado, según CEPA, el acumulado del año supera en un 88% al de igual lapso de 2017, cuando se celebraron los comicios de medio término, con resultados netamente favorables a Cambiemos.
En una plantilla ocupacional que prácticamente se divide por mitades entre sector público y privado, la proporción del promedio de 6 mil despidos y suspensiones mensuales en el año fue de 8 a 2 en perjuicio de los particulares.
En el caso de la industria, la expulsión laboral se vinculó en 1 de cada 7 casos a la baja de las persianas.
Sin llegar a situaciones tan extremas, los retiros voluntarios, suspensiones y adelantos de vacaciones, en ese orden, completaron el menú de problemas de trabajo que caracterizó a este año.
La nómina de las falencias laborales estuvo encabezada por el sector automotor y de autopartes, por las suspensiones en General Motors, FIAT, Renault y Volkwagen y despidos en Itec y Metalpar.
En el textil las motorizaron las suspensiones en Alpargatas, Tipoiti y Dass y despidos en empresas como Alpargatas, Karavell, Coteminas, Adidas, Cadein y Gaelle.
Entre los casos de alimentos y bebidas sobresalen el Ingenio San Isidro y el Tabacal, Alijor, Citrus Alem, La Campagnola, Alco Canale, Nestlé y Villa del Sur.
El sector de electrónica y electrodomésticos registró bajas en Eskabe y suspensiones en Electrolux y Mabe, mientras echaron personal en el metalúrgico Emepa, Epson, Stockl, Indequil, Rheem y Metalúrgica Tandil.
Sectores de industria de frigoríficos, marroquinería hidrocarburos y refinería, calzado, laboratorio, fabricación de instrumentos, aceitera, química, frutihortícola, vidrio, plásticos, petroquímica, industria naval, tecnología, muebles, tecnología espacial, neumáticos, farmacéutica, cosmética, gráfica, entre otros, también sembraron telegramas, en tanto entre los servicios, el comercio, que representa el 53% de los despidos y suspensiones, tuvo en los supermercados Walmart, Disco, Jumbo, Carrefour, y Coto, más los casos en Mercado Central y Winery, entre otros, a los principales animadores de la debacle.
Prudencia social
Pese a los compromisos asumidos con el gobierno para que la recesión no se traslade de inmediato a los niveles de ocupación, las empresas privadas continuaron aplicando una política de goteo en la reducción de las dotaciones, y la encuesta del INDEC la habrá registrado en el cierre de los números de ocupación y empleo del 3er trimestre, como lo hizo en el anterior, cuando detectó que hubo 270.000 desocupados más que un año atrás, al subir la tasa de desempleo de 8,7 a 9,6% de la población activa.
De este modo, el número de desocupados aumentó de 1.580.000 a 1.850.000, al ser proyectados los datos del INDEC a toda la población urbana. Y si se agrega la rural, el total podría estar superando las 2 millones de personas.
Tomando la cantidad similar de gente que trabaja pocas horas para ser considerada ocupada, los problemas de empleo abarcaron más de las 4 millones de personas en la anterior medición.
La región metropolitana concentraba el 45% de los desocupados urbanos del país: 823.000 en total: 700 mil corresponden al conurbano y 124 mil a la Ciudad de Buenos Aires.
En el orden sectorial, el público tiene aportado el 18% de los despidos y suspensiones, pero si se le suman las empresas de capital estatal (9%), totalizaría 27%. La industria detenta el 59%, los servicios particulares el 16%, el campo 0,8% y la construcción 1,6%.
El impacto que la inflación está teniendo sobre el poder adquisitivo del salario afecta a la clase trabajadora, casi con igual intensidad que la incertidumbre por el futuro laboral, a punto tal que del medio millar de paritarias sólo unas 80 se animaron a hacer olas con charlas sobre la desactualización de los aumentos acordados.
El fin de año es habitualmente una divisoria de aguas para el riesgo de un estallido social, al que el bono compensatorio de $5.000, a cuenta de aumentos, en cuotas, o como sea, intenta tender un puente para cruzar indemne. Lo mismo sucede con la virtual tregua de despidos que las patronales, si bien a regañadientes, firmaron.
Aunque esta vez sí se cumpliera el vaticinio oficial de que habrá un repunte de la economía en el 1er trimestre del año que viene, el amperímetro del empleo difícilmente se mueva, y menos el del formal, por lo que la tensión laboral continuará latente, salvo en el campo, la minería y la producción y distribución de energía, favorecida por la regulación estatal.
Una simplificación de las especulaciones preelectorales ubicaría, en consecuencia, a embroncados, decepcionados y vulnerables como parte del capital político que sustentaría como líder opositora a la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, a la que adhiere también una izquierda setentista que no dejó de acompañarla desde la derrota en las urnas de Daniel Scioli en 2015.
Sin embargo, la reciente experiencia brasileña que coronó a Jair Bolsonaro y la anterior mexicana que proyectó a Andrés López Obrador, emparentadas con la decepción con el sistema, constituyen un toque de atención para los que jugaron todas las fichas a la polarización en los próximos comicios, con el asesor Jaime Durán Barba a la cabeza.