Privatización de AySA: El Gobierno oficializó la adjudicación por la cual deberán transferir US$340 millones

El Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, aprobó la venta del 90% de las acciones estatales de la empresa de agua AySA al consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento, PHX Aqua y Transclor, por US$ 340,2 millones, y fijo que el contrato deberá firmarse antes del 13 de noviembre.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 1818/2026, firmada por el minstro de Economía, y publicada este jueves en el Boletín Oficial, en el marco de la segunda etapa de la Licitación Pública Nacional e Internacional.

Según lo dispuesto en la norma, el consorcio adjudicatario fue seleccionado por ocupar el primer lugar en el orden de mérito del proceso.

En tanto, la propuesta que quedó en segundo lugar correspondió a otro grupo empresario, integrado por Roggio Roas S.A.U., Hidrosan Capital S.A.U., Aguas del Plata Participaciones S.A., Benito Roggio e Hijos S.A. y Central Buen Ayre S.A., que ofertó US$ 285 millones, también sin IVA.

Vale recordar que AySA fue declarada "sujeta a privatización" por la Ley 27.742, conocida como Ley Bases. En julio de 2025, el Decreto 494 autorizó su privatización total con la venta de al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico mediante licitación pública, y el remanente en bolsas y mercados del país.

En mayo de este año, la Resolución 704/2026 convocó a una licitación de etapa múltiple, sin precio base, para vender a un único operador estratégico la totalidad de las acciones estatales.

El 15 de septiembre se abrieron las ofertas técnicas de los dos consorcios que se presentaron, y ambos fueron preseleccionados el 5 de octubre. Las ofertas económicas se abrieron el 8 de octubre a través de la plataforma CONTRAT.AR.

La Resolución

La resolución publicada hoy instruyó a la Tesorería General de la Nación a notificar al adjudicatario la cuenta bancaria en la que deberá transferir el precio de la operación.

A su vez, rectificó la definición de las acciones comprendidas en el modelo de contrato de compraventa incluido en el pliego de la licitación, que quedaron establecidas en 135.000 acciones ordinarias escriturales Clase A, con un valor nominal de $1.000 cada una.

Por otra parte, el Ministerio de Economía fijó el 13 de noviembre de 2026 como fecha límite para la suscripción del Contrato de Compraventa de Acciones. De esta manera, el procedimiento avanzó desde la evaluación de las ofertas hacia la adjudicación formal, con un comprador seleccionado, un precio determinado y un plazo establecido para la firma del acuerdo.

Los cuestionamiento sobre la privatización de AySA

La privatización de AySA quedó bajo cuestionamiento por posibles conflictos de intereses entre empresas vinculadas al grupo que presentó la oferta ganadora y aportantes a la campaña electoral de La Libertad Avanza (LLA).

En efecto, el consorcio encabezado por Rowing S.A. fue seleccionado para adquirir el 90% de las acciones de la compañía por una cifra inferior a los US$500 millones que el Gobierno esperaba como piso para la operación.

Las sospechas se levantaron por los vínculos de Rowing con Equo Capital, grupo que también reúne a Direct Group y Lógico, dos firmas que aportaron $20 millones cada una a la campaña de LLA en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones legislativas de 2025.

Según la información pública de la Cámara Nacional Electoral, las contribuciones se realizaron el 28 y el 29 de julio de ese año. El dato fue señalado por Walter Martello, de la Defensoría del Pueblo bonaerense.

En paralelo, cuatro integrantes de la comisión bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, las diputadas Florencia Carignano y Ana María Ianni, y los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich, denunciaron ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para que se investiguen las condiciones de la licitación y las tasaciones utilizadas para determinar el valor de AySA.

Cuestionaron que los informes de valuación se mantuvieran bajo reserva y denunciaron que el procedimiento habría apartado al Tribunal de Tasaciones de la Nación de su intervención habitual. Según el planteo, esa falta de información impide conocer los criterios empleados para fijar el valor de la compañía y evaluar si la oferta seleccionada resulta conveniente para el Estado.

La presentación también advierte que el Tribunal de Tasaciones había señalado limitaciones para aplicar el método de valuación impulsado por el Gobierno, basado en los ingresos esperados, las inversiones comprometidas y los costos operativos, ya que su tarea se concentra en la valoración de activos físicos.

La denuncia sostiene que la tasación terminó en manos de una unidad creada para ese fin dentro del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y no descarta posibles responsabilidades administrativas o penales.

No establecieron cambios en tarifas

Por último, cabe mencionar que AySA presta los servicios de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y en partidos del conurbano bonaerense. Sin embargo, la Resolución 1818/2026 se concentra en la adjudicación y las condiciones de la compraventa: no establece cambios en las tarifas ni modifica el régimen de prestación de los servicios.