La regulación directa o indirecta estatal obligó al 80% de la población, entre la masa asalariada y previsional, a sacrificar ingresos del 10% para arriba, según quién sea, en el altar de la inflación, que el propio gobierno atiza a fuerza de tarifazos, naftazos e impuestazos. Que junto con una macrodevaluación y supertasas empujan hacia arriba la estructura de precios relativos. Al final quedó al demostrado que era falso que el cambio en el régimen de movilidad de las pasividades sacado por ley a fin del año pasado beneficiaría a los jubilados, como declararon del Presidente para abajo, ya que representará una quita del 11% del poder adquisitivo, siempre que el IPC cierre en no mucho más que el 40% (van 32,4% y falta un todo un trimestre). La difusión del RIPTE de julio- setiembre demostró, asimismo, que los salarios quedaron casi a mitad de camino de las alzas de precios, y esa diferencia estará ausente cuando sea trasladada a la fórmula de actualización con los 6 meses de delay para 17 millones de pasividades: en diciembre les liquidarán 7,7% (apenas un puntito más que en un solo mes del período, setiembre) y recién en marzo reintegrará 11,8% de lo que le haya fagocitado la canasta básica del INDEC. Pagar la inflación cash minuto a minuto y recibir sólo una parte de la compensación salarial con medio año de diferimiento constituye una metáfora para la regresiva política de ingresos que aplica la Administración Macri.

La antigua ortodoxia del Fondo Monetario Internacional se hubiera rendido a los pies de la Administración Macri: cuando en las recetas clásicas de Washington la inflación era mala palabra, ahora se le acepta a la Argentina, como si nada, un plan de ajuste con más del 35% anual. La realidad se impone y en 9 meses de 2018 el gasto fiscal (principalmente sueldos y jubilaciones) logró ser reducido más de 14 puntos en términos reales sin desbordes sociales de protesta, como los que tuvo el Fondo en Europa. Inclusive, por bastante menos que eso, al ex ministro de la Alianza, Ricardo López Murphy, casi le prendieron fuego cuando anunció un 10% neto de recorte en el marco de un paquete de estabilización. Otra heterodoxia que hubiera hecho santiguar a aquel director gerente francés que le tocó al gobierno de Raúl Alfonsín, Jacques de Larosiere, como a la implacable americana Anne Krueger, con la que lidió el menemismo en los ´90, es la que ve venir la cátedra nacional: la consumación de un atraso cambiario preelectoral que, por más que afecte a las exportaciones industriales y a algunas regionales que ganaron terreno con las devaluaciones, licúe una porción de la carga de intereses de la deuda del BCRA, que totaliza US$20.000 millones, al pesificarla. No es un tema menor, ya que forma parte de un rojo financiero de 8 puntos del PBI, que es la verdad de la milanesa a cubrir más allá del papeleo fiscal.

Un balance de lo que va del año acerca de la desregulación del precio de los combustibles que ata su suerte al dólar daría que, mientras el crudo cotiza apenas 3 centavos más que en enero y el peso argentino se devaluó 95%, las naftas subieron promedio 72% y el gasoil 102%, a pesar de lo cual se afirma en el sector faltaría recuperar 9% neto de atraso. Suena a mala noticia para el ya híperrecalentado índice de precios al consumidor, debido a que en la medición general incide en un 1 punto por cada 5 que aumenta por la repercusión en el transporte particular y público de pasajeros y en la logística. En los costos agropecuarios es el insumo que más pesa. No sólo las petroleras están pendientes del indexador ahora dolarizado y tocaron el marcador de los surtidores 14 veces en 10 meses, sino que hay dos socios silenciosos que esperan su ración tributaria y no quieren saber nada de que se pare esta rueda continua: la Tesorería de la Nación y las arcas de las provincias productoras, según reveló el hasta hace poco subsecretario de Hidrocarburos José Sureda. Uno de los motores más potentes de la inflación tiene así larga vida asegurada, por más que ya haya llegado a valer lo mismo que la media de 43 países que integran un índice global. En esta última oportunidad quedó demostrado que ni las leyes del mercado ni la fórmula binómica que conjuga dólar y crudo funcionan para la determinación del precio doméstico de los combustibles: pese a que bajaron ambas referencias siguió subiendo, y cuando la respuesta en los surtidores (la demanda) fue consumir menos, la oferta viró hacia el exterior y decidió que lo que no venda acá lo exportará.

¿Cómo se hace para tributar más ganando menos y encima con tarifas y tasas por las nubes? Es la ecuación que deberá resolver la ciudadanía ante el autismo recaudador de los gobernantes, que apela a situaciones económicas pasadas como base de cálculo para las cobranzas presentes. Es lo que terminó generalizando a la clase media un gravamen que estaba dirigido a la riqueza. Y a que, con la experiencia bonaerense como avanzada, se suba fuertemente la base sobre la que se toman esas imposiciones para situarla “a valores de mercado”, inciertos ante el reacomodamiento de la oferta y la demanda que provocan la devaluación y la merma en el nivel de operaciones inmobiliarias. La voracidad fiscal, que va en sentido contrario a la depresión en la que se sumió a la actividad económica en general, tampoco tocó el techo, ya que en un par de años tendría que generarse un superávit entre 2 y 4 puntos de un PBI en retroceso, o en el mejor de los casos estancado, para asegurar el repago de un endeudamiento cuyos intereses en total insumirán el año que viene US$14.100 millones, más lo que no se renueve de los US$21.000 millones de los bonos colocados por el Banco Central. Pero además se dio vuelta la tortilla de los subsidios energéticos y, a pesar de los tarifazos que debió absorber la sociedad, el Tesoro le vuelve a pagar fortunas a los productores debido a que la devaluación pegó fuerte sobre los contratos dolarizados. O sea que los traslados de esos mayores costos al consumidor de combustibles y servicios públicos continuarán su marcha, con los justificativos camuflados en la inflación. Miguel Boggiano, Ceo de Carta Financiera, tira el gran ratón: el contexto de endurecimiento financiero internacional no tiene miras de modificarse, el agujero fiscal una Argentina hiperendeudada no será factible de seguir financiándose y la presión tributaria no da para más para una economía que no genera los recursos pueda cubrirla. ¿Qué será de nosotros cuando se acabe la inyección del Fondo Monetario Internacional?

En la previa de la elección de medio término en octubre del año pasado, se vivió un clima de euforia inmobiliaria gracias a la aceptación popular que tuvieron los créditos hipotecarios con cláusula de ajuste UVA, que casi alineaban la cuota inicial con lo que costaba alquilar. De modo que muchos de los votos del comicio ganado por Cambiemos se generaron en tal satisfacción. Transcurrió un año y el tablero todo se trastrocó: el dólar se fue a las nubes, las tasas de interés atrás, el salario retrocedió y el IPC (Índice de Precios al Consumidor) redobló su ritmo ascendente. Pero lo peor es que nadie sabe hasta cuándo durará la mezcla de recesión e inflación y, por lo tanto, congela decisiones. En el caso de la especulación inmobiliaria, los valores subieron mucho en dólares hasta abril, al ritmo de la financiación UVA en pesos, cortada a medida que la indexación empezó a correr por encima de los ingresos de la población, que se abstuvo de seguir endeudándose en esas condiciones y de pagar el 110% de incremento alcanzado en los niveles de precios, que en dólares implica un 10% por encima de los registros de 2017. Se escrituró en setiembre 78% menos de propiedades hipotecadas con cláusula UVA que en el mismo mes de 2017 y los que se acercaron, dólar en mano, no quedaron conformes con una baja promedio del 0,6% aunque haya sido la primera en los 30 meses de gestión macrista. Después de la devaluación, “los propietarios que necesitan vender escuchan contraofertas entre un 5 y un 15 %”, sostuvo el presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Buenos Aires (Cucicba), Armando Pepe. En el sector prenden una vela a que en marzo se den las condiciones para que vuelvan los créditos hipotecarios y que el campo deje resultados positivos con una supercosecha. Se trata de la última esperanza que tiene el gobierno de que se revierta el balance altamente negativo en la percepción en torno de la actualidad económica por parte de 1 de cada 2 de sus electores que detectó una encuesta de D´Alessio-Berensztein.

Mientras estaba Francisco Pancho Cabrera al frente del Ministerio de la Producción, las terminales automotrices argentinas gozaron de absoluta libertad para transgredir las proporciones del intercambio de vehículos y partes acordadas a nivel de los países con Brasil, en el marco del Pacto Automotor Común, e importaron 7 de cada 10 unidades de los récords de ventas batidos durante los primeros dos años de gestión macrista. En lugar de 1,5 dólares desembolsados por cada dólar percibido, como se estipuló en 2015 con 5 años de vigencia, las importaciones deslizaron a 2 dólares por uno la compensación. El repunte de la economía brasileña este año coincidió con la crisis cambiaria y la recesión que la siguió por estas latitudes. En Argentina se interrumpió el ciclo de endeudamiento, la devaluación del peso superó con creces a la del real, y en consecuencia las compras suben allá mientras acá bajan las ventas: la flecha comercial se empieza a dar vuelta. Y justo cuando las fábricas locales que durante el lapso que los vientos venían al revés igual se las rebuscaban para ganar presencia en mercados del exterior y ahora se restregaban las manos porque la paridad les jugaría a favor, las urgencias fiscales del gobierno de Mauricio Macri modificaron el sistema de reintegros y reembolsos, les impusieron derechos a la exportación y afectaron negativamente la competitividad con un 15% de carga impositiva adicional. Este será uno de los approach de la compleja renegociación de la relación bilateral y el Mercosur que se avecina con Brasil en cuanto Jair Bolsonaro asuma la presidencia. Como en el plano interno esta temática ya armó lío entre los asociados de ADEFA que inclinan la balanza hacia un lado y los que tiran para el otro en la reciente elección de las autoridades y tampoco durante el tramo final del gobierno de Michel Temer sus propios ministros se ponían de acuerdo al respecto, el designado superministro de Hacienda Paulo Guedes le sacó el cuerpo al bulto en el prematuro lance de la transición.

Petroleros y camioneros se erigen hasta ahora, junto a los judiciales, en las excepciones que consiguieron saltar el cepo salarial en el que la aceleración inflacionaria, encima del 40% anual, dejó atrapado al medio centenar de convenios colectivos de trabajo celebrados este año. Habían arrancado en el tope oficial del 15% y en algunos casos lograron corregir al 25% a mitad de año. La recesión es una barrera infranqueable a cualquier intento colectivo de actualización de las remuneraciones, ya que la conservación de los empleos ha pasado a ser prioridad gremial. Hay grandes sectores que suman afiliados por millones, como la alimentación, estatales, textiles, metalúrgicos, construcción, comercio, que salieron perjudicados por acompañar por porcentajes establecidos por el gobierno y no disponen de cláusulas gatillo que les repongan los arriba de 10 puntos que llevan perdidos, cuando aún restan 2 meses para finalizarlo. Muy difícilmente puedan volver a sentarse este año con las representaciones patronales para rever los números, y queda por verse si prospera la iniciativa de algunas empresas de dar algún bono compensatorio no contributivo a fin de año.

Una andanada de tarifazos superiores al 1.000% de luz, gas y agua; otro tanto por revalúo inmobiliario para cobrar el impuesto provincial; ABL municipal en la misma línea, y más de lo mismo para el millón largo de alcanzados por el invento de bienes personales, que se aplica a quienes nada más tengan una propiedad y un automóvil que al “precio de mercado” que fijen los organismos superen los $2 millones, todo junto constituyen las expensas que pretenden cobrar los gobernantes del país a los mismos contribuyentes de siempre. Prevalece la voracidad recaudatoria por sobre cualquier análisis de lo que, según quién se trate, los bolsillos pueden apechugar y lo que no. En qué situación se encontrarían los 12 millones de asalariados registrados, entre públicos y privados, si se pasara el peine fino: cuántos han sido afectados por la problemática laboral, cómo incidió la diferencia entre la inflación y los ajustes salariales en la capacidad adquisitiva de los ingresos. Yendo a los jubilados que tienen su casa y algún ahorro para afrontar la pasividad: si están en condiciones de destinar los diezmados recursos a saciar la voracidad fiscal, si los jóvenes que compraron vivienda con un crédito UVA encima deben tributar sobre el valor de lo que están pagando como si lo hubieran cancelado en su totalidad. Tildar todos estos interrogantes llevaría a una instancia de debate que la dirigencia argentina no se decide a encarar: cómo hacer para desarrollar la economía y repartir equitativamente tanto ingresos como cargas.

Antes que el futuro ministro de Hacienda de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, declarara que ni el Mercosur ni Argentina son prioridades en la próxima gestión, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, había sentado las bases con el presidente Mauricio Macri para negociar un acuerdo comercial bilateral que abriera las puertas del Sol Naciente a los otros miembros del subbloque regional del este sudamericano: Paraguay, Uruguay y el propio Brasil, pero sin las barreras arancelarias que tabicaban las fronteras a la competencia externa, con la industria automotriz como leading case de la cerrazón. Japón pivotea en torno de 21 acuerdos bilaterales de libre comercio cerrados desde 2002 con Singapur, México, Malasia, Chile, Tailandia, Indonesia, Brunei, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Filipinas, Suecia, Vietnam, India, Perú, Australia, Mongolia y Unión Europea, además de encontrarse en tratos con Corea, Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (GCC), Canadá, Colombia y Turquía. Impulsó con USA el transversal Trans-Pacific Partnership, ahora cuestionado por la Administración Trump, pero que da impulso a otros tratados de libre comercio, como con la Asociación Económica Integral Regional, el que comparte con China y Corea (JCK) y el de la Comunidad Económica de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). El paciente tejido japonés de los cabos sueltos que, desde la inconclusa ronda Doha, había dejado empantanada a la Organización Mundial del Comercio (OMC), conformada por 157 países miembros, remataría en un multilateralismo, pero individualmente negociado, en el que se liberalicen las transacciones internacionales de bienes y servicios, al tiempo que se atiendan las necesidades de los menos desarrollados. La particularidad es que no implican exclusividad ni discriminación. Reclutar al Mercosur significaría, en consecuencia, darlo por terminado como unión aduanera reservada a sus socios, y habilitarlo desde la convergencia del modo que cada uno elija para insertarse en el mundo.

El Presupuesto 2019, previamente consensuado con el FMI y la oposición peronista no K, que esta semana verá la luz revalida los cerca de US$15.000 millones de intereses devengados por el endeudamiento contraído por la Administración Macri en lo que va de gestión. Equivaldrían a dos años como el actual de exportación de soja y derivados. Es uno de los factores del ajuste aprobado para llevar a cero el déficit fiscal, que se paga además con menos salud, educación y protección social, y con un nuevo incremento de la presión impositiva, a contramano de la promesa oficial de irla reduciendo. En lo que va de 3 años, en lugar de expandir las actividades productivas para extraer un reparto menos doloroso de las cargas, la Casa Rosada extrema la exacción a los mismos de siempre. El manejo la economía efectuado desde que llegó terminó achicando la torta privada (industria y comercio) generadora de recursos y empleo, a la vez que agrandó la financiera, de perfil netamente deudor y expulsor de capitales, con lo cual ahora que necesita recaudar más para restituir lo que la comunidad internacional dejó de prestarle, debe apelar a recortar un pedazo más de la renta agrícola y un bocado adicional del patrimonio de las personas: los bienes personales, que en el caso de las casas y departamentos urbanos ya venían fuertemente revaluados y con triple imposición: nacional, provincial y municipal. ¿Una buena para el vademécum del Fondo? Se viene superávit comercial el año que viene de US$3.500 millones que serán menos divisas para cambiar en los repagos de deuda. Es un poco porque mejorará la exportación agrícola pero mucho más porque la recesión ahorra divisas en importaciones.