El divorcio entre los devaluados ingresos de la población y la cada vez más pesada presión impositiva y tarifaria dejó exangües ante la AFIP a más de 400 mil personas jurídicas, la gran mayoría Pymes. Los equipos técnicos del nuevo gobierno piensan en una moratoria impositiva y previsional que les afloje la soga del cuello. Los bancos que tienen las carpetas de 80 mil créditos hipotecarios con cláusula UVA, cuyas cuotas aumentaron más del 80% encima de los sueldos con que se amortizan, aguardan una soga del Central que solvente la diferencia con un mix entre el IPC y el salario, de aplicación también en los contratos de alquiler. La morosidad en tarjetas de crédito y préstamos personales bate récords y amerita planes de pagos cubiertos con ayuda estatal. Las expensas suben un 50% más que la inflación y las paga un 30% menos que antes. Los prestadores de servicios públicos le perdonan cortes a una creciente masa que se atrasa con las facturas y queda al borde del nocaut. La Administración Macri sobreendeudó al Estado y a los particulares, y ahora moratorias por doquier sobrevuelan el firmamento de las finanzas tanto públicas como privadas.

Un poco gracias a Vaca Muerta y otro tanto como consecuencia de la persistente recesión que mantiene planchado el abastecimiento externo de hidrocarburos, la Administración Macri se retirará este año con la balanza energética nacional empatada. Significa que el país ahorrará la sangría de US$2.300 millones de 2018, pero a la vez que todas las condiciones quedaron dadas para que en 2020 sean más las divisas que atraiga la energía que las que se vayan, como era en 2007. En ese punto de partida anida el meollo del nudo gordiano de la renta petrolera en disputa. El tradicional club de las principales petroleras radicadas en el país, que integran YPF, PAE, Total, Shell, Exxon, junto a las emergentes Pampa y Vista Oil, presionan para que el nuevo gobierno saque una ley que les asegure un diferencial cambiario e impositivo, y que no sea pesificada la cadena de valor. Prometen inversiones y exportar hidrocarburos en 2030 por US$16.854 millones, desde los US$1.476 millones actuales. Sin esas condiciones, los números bajarían a un tercio, advierten. Ya con Guillermo Nielsen de capa caída en el círculo áulico de los Fernández, preferirían de partner oficial al neuquino Omar Gutiérrez. Sergio Massa, autor de uno de los proyectos en barbecho, les sería potable, si no fuera porque cerca de CFK insisten en el sobrevuelo del empresario expulsado del cenáculo santacruceño, Sebastián Eskenazi, el hijo de Enrique.

En el caso de que los acreedores privados y organismos internacionales (como el FMI, el Banco Mundial, el BID y la CAF) accedan a no se presentarse en ventanilla por un par de años a cobrar unos US$80 mil millones que Argentina comprometió devolverles, in facto serán convertidos en un colectivo represtamista del equivalente a casi un stand by y medio del Fondo. El gobierno de Alberto Fernández contaría con esos recursos para afectarlos al crecimiento de la hoy estancada economía, tratar de equilibrar las cuentas fiscales sin ajustar el gasto, sólo incrementando impuestos, con el combate de la pobreza extrema y el hambre como prioridades sociales y una reactivación del consumo orientado sobre todo de las Pymes. La política que se cierne en este contexto empieza por retener como paso previo a generar: se queda con una porción de las exportaciones, en especial del agro; con lo que se debe pagar por los bonos soberanos y por las cuotas de los organismos internacionales; con los fondos que la Administración tomó de Anses, PAMI, la Tesorería, el Banco Nación o el Banco Central, y posiblemente con una eventual confiscación (quita) de una parte de esas tenencias. Por un lado, las arcas públicas apelan a esas apropiaciones para poner a funcionar la economía, pero por otro, el perjuicio que pudieran sentir los forzados mecenas podría aislar otra vez al país de los flujos financieros internacionales o dilatar el retorno a los mercados voluntarios de deuda y sesgar la recepción de inversiones extranjeras directas únicamente a la seducción energética.

En el caso de que los acreedores privados y organismos internacionales (como el FMI, el Banco Mundial, el BID y la CAF) accedan a no se presentarse en ventanilla por un par de años a cobrar unos US$80 mil millones que Argentina comprometió devolverles, in facto serán convertidos en un colectivo represtamista del equivalente a casi un stand by y medio del Fondo. El gobierno de Alberto Fernández contaría con esos recursos para afectarlos al crecimiento de la hoy estancada economía, tratar de equilibrar las cuentas fiscales sin ajustar el gasto, sólo incrementando impuestos, con el combate de la pobreza extrema y el hambre como prioridades sociales y una reactivación del consumo orientado sobre todo de las Pymes. La política que se cierne en este contexto empieza por retener como paso previo a generar: se queda con una porción de las exportaciones, en especial del agro; con lo que se debe pagar por los bonos soberanos y por las cuotas de los organismos internacionales; con los fondos que la Administración tomó de Anses, PAMI, la Tesorería, el Banco Nación o el Banco Central, y posiblemente con una eventual confiscación (quita) de una parte de esas tenencias. Por un lado, las arcas públicas apelan a esas apropiaciones para poner a funcionar la economía, pero por otro, el perjuicio que pudieran sentir los forzados mecenas podría aislar otra vez al país de los flujos financieros internacionales o dilatar el retorno a los mercados voluntarios de deuda y sesgar la recepción de inversiones extranjeras directas únicamente a la seducción energética.

Las alarmas del entramado socioeconómico legado por la Administración Macri no sólo suenan por el estado de iliquidez para afrontar pagos de deuda, sino por la situación de emergencia en que se encuentran la seguridad alimentaria, acechada por la pobreza, y ocupacional, debido al desempleo que castiga principalmente a las Pymes, que representan el 85% de la estructura empresarial del país, y a la creciente precarización laboral. El gobierno entrante maneja como hipótesis que 8 millones las personas padecen de déficit nutricional y que hay unos 14 millones de trabajadores con algún tipo de problema laboral. A 1 de cada 3 ya se los ubicaba en el interior de las villas, en los basurales, en la ferias a cielo abierto, en los talleres clandestinos, entre los cartoneros, en los vagones del tren, entre los paños de los manteros, en las estaciones ferroviarias, en las paradas de los motoqueros, en los montes, en las fábricas recuperadas, en las cuadrillas de los programas sociales. Y la proporción de la marginalidad se amplía raudamente en el área metropolitana de Buenos Aires, donde se conformó una enorme economía familiar en la que campea la informalidad.

Para 2020, reacomodamiento de precios mediante, los analistas pronostican que probablemente se irán concretando ventas de bienes durables (autos, electrónica, inmuebles, indumentaria) que quedaron reprimidas este año por el errático rumbo del dólar. El oficialismo saliente, avenido a oposición, seguramente se abstendrá de entusiasmarse y avistarlo como brotes verdes. Lo cierto es que el movimiento comercial se ha estado sosteniendo con el celular o la PC, mediante un ejercicio cada vez más extendido de seleccionar online lo que atrae o conviene comprar, con la sola condición de tener disponibilidad en la tarjeta, navegando las páginas con ofertas, financiaciones en 3, 6, 12 o 18 meses y promociones. Y hasta permitió chequear precios tomados en recorridas por shoppings antes de concretar operaciones en las tiendas y salir con el paquete. Es que el consumo masivo, en general retraído, se ha ido segmentando en bienes y servicios agrupados que salen a la venta en ferias digitales de descuentos y planes de pago en cuotas sin interés. Cyber Monday, Hot Sale, Black Friday, Travel Sale, etc alternan con días y noches consagrados a algún renglón, sean helados, pizzas, cerveza, o celebraciones parentales y de toda clase de relaciones humanas. El resultado es sorprendente: en un semestre las operaciones por internet crecen un 57% y simultáneamente las presenciales de caja bajan un 10%. Los más jóvenes prefieren hacer click el ciberespacio a decir sí en las grandes superficies comerciales e imprimen un nuevo estilo de consumo, que constituye un desafío para las marcas y las plataformas.

Más de la mitad de la Generación Y, la del milenio o Millennials, consideró en el último relevamiento de Kantar IBOPE Media que hombres y mujeres deben compartir las responsabilidades del hogar por igual, una convicción de vanguardia en la corriente global de equidad de género que expresa sustentar la quinta parte de la población, sin que se comparezca con el retroceso que ha sufrido el país en el ránking que elabora desde 2006 el Foro Económico Mundial. En la práctica, no se ven en la sociedad los resultados del el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos 2018-2020 que lanzó la Administración Macri. Por ahora, el marketing del empoderamiento femenino supera la realidad cotidiana: no afloja la elevada tasa de femicidios, sólo hay un 10% de mujeres en cargos directivos de las 1.000 empresas que más facturan en el país, usar polleras implica ganar 25/27% menos de sueldo. El recambio generacional será el que marque el ritmo de la equidad que, por el momento, transita una etapa más discursiva. Y para ir teniendo, en algunas facultades los “chiques” ya impusieron el lenguaje inclusivo.

El impuesto a la riqueza ahora recae sobre patrimonios devaluados de la clase media, como inmuebles, autos y ahorros, justo cuando el poder adquisitivo del salario viene dando pérdidas. Equipos allegados a CFK quieren avanzar sobre la progresividad de bienes personales llevando la tasa al máximo de 1,25% que regía en 2015 y penalizando los capitales argentinos radicados en el exterior, como bienes raíces y cuentas bancarias, con porcentajes diferenciales como los de renta financiera, estipulado en 15% si la tenencia con oferta pública es local, pero que sube al 35% si se trata del mismo papel pero a través de un ADR en Wall Street. Los tributaristas profesionales advierten que será una confiscación que perjudicará a quienes no son precisamente ricos porque los mínimos no imponibles no le han seguido el paso a las revaluaciones técnicas y la inflación los deja muy bajos, y tendrá el efecto contrario al de seducir a quienes se llevaron el dinero afuera para que lo traigan y, a los que aún siguen en el país, para que no cambien de radicación hacia Uruguay u otros destinos en los que no tengan jurisdicción los tentáculos de la AFIP.  Eso sí, los colchones y los expatriados y no declarados continuarán tan campantes como siempre.

El Ministerio de Producción y Trabajo había detectado que, de 6.385.000 jóvenes contabilizados en el país, 1.662.000 son ni-ni: o sea, ni estudian ni trabajan. Un 20% del potencial de la nueva generación desperdiciado y condenado a los peores riesgos y sin futuro, para el cual la respuesta de la sociedad se limitaba a ponerles al alcance becas estudiantiles y planes de inserción para los que no tienen trabajo. La Administración Macri se va sin dejar en pie ni siquiera esas oportunidades de entrenamiento que eviten el anquilosamiento: en plena crisis económica, a las pocas becas del plan Progresar que sobrevivieron a la licuación ya les había cambiado el sentido de puente social complementario con otros programas, como el de Becas del Bicentenario (BB), el de Becas Universitarias (BU) y los específicos de las Universidades Nacionales, por un extemporáneo espaldarazo selectivo al mérito. Y, por su parte, la cartera laboral cortó la transferencia a las agencias territoriales de los $18 millones mensuales presupuestados para capacitar y entrenar a unos 3.500 jóvenes desocupados.

Las centrales obreras que asuman compromisos ante el Consejo Económico y Social en ciernes a lo sumo constituyen la quinta parte de los trabajadores totales del país, incluidos los registrados sindicalizados e independientes, los cuentapropistas formales y informales y los que están en negro. Entre ellos, tampoco estarán representados plomeros, gasistas, electricistas, carpinteros, albañiles, ni choferes, artesanos, changueros, vendedores ambulantes, sean o no monotributistas, que junto a los profesionales suman el 12% de la masa laboral. En este contexto, cuando se traten las bases de la refundación del contrato social habrá 4 millones de manos genuinas de trabajadores sindicalizados levantadas, por interpósitos intermediarios, para ponerle el hombro al gobierno en los 180 días siguientes a su asunción, aunque brillarán por la ausencia unos 11 millones registrados que no tienen afiliación más otros 8 millones, entre cuentapropistas de oficios, profesionales, por derecha y clandestinos. Durante la tregua propuesta, la dirigencia prestará atención a temas atinentes a las cajas de jubilaciones, subsidios y negocios con tercerizados, antes que al terreno salarial perdido.