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DEFAULTS PARA TODOS LOS DIS-GUSTOS

Morosos, incobrables y 'auto reperfilados': El pueblo deudor reclama 'alivio'

Mie, 27/11/2019 - 9:52pm
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El divorcio entre los devaluados ingresos de la población y la cada vez más pesada presión impositiva y tarifaria dejó exangües ante la AFIP a más de 400 mil personas jurídicas, la gran mayoría Pymes. Los equipos técnicos del nuevo gobierno piensan en una moratoria impositiva y previsional que les afloje la soga del cuello. Los bancos que tienen las carpetas de 80 mil créditos hipotecarios con cláusula UVA, cuyas cuotas aumentaron más del 80% encima de los sueldos con que se amortizan, aguardan una soga del Central que solvente la diferencia con un mix entre el IPC y el salario, de aplicación también en los contratos de alquiler. La morosidad en tarjetas de crédito y préstamos personales bate récords y amerita planes de pagos cubiertos con ayuda estatal. Las expensas suben un 50% más que la inflación y las paga un 30% menos que antes. Los prestadores de servicios públicos le perdonan cortes a una creciente masa que se atrasa con las facturas y queda al borde del nocaut. La Administración Macri sobreendeudó al Estado y a los particulares, y ahora moratorias por doquier sobrevuelan el firmamento de las finanzas tanto públicas como privadas.

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Al cabo de los 4 años de la Administración Macri, no sólo el gobierno nacional acumuló deudas superiores a los US$300 mil millones, sino que gran parte de los vencimientos necesitan y necesitarán ser reprogramados por los que se van y los que llegan.

Eso sí, reaparecieron los corralitos (aunque esta vez reservados a bonistas locales y del exterior), al igual que los controles de cambios.

La ciudadanía, en general, también está teniendo que zambullirse hasta las narices en planes de pagos por cuotas, servicios públicos, tributos, etc, para no caerse de la palmera socioeconómica, tras haberse descargado un aluvión sobre los presupuestos familiares, a partir de tarifazos que acumularon alrededor de 2.200% en el caso del gas, superaron el 3.000% en el de la luz y 400% en los combustibles. Y ello, a pesar de casi 4 meses de congelamiento. 

La seguidilla de aumentos no llegó sola, sino envuelta en una nube tóxica para cualquier bolsillo, compuesta de intereses bancarios usurarios, indexaciones, una abrumadora batería impositiva, abusivas tasas municipales, desproporcionados revalúos patrimoniales, expensas por metro, una carestía de la vida cada vez más inalcanzable para la mayoría de los mortales... todo junto y siguen las firmas, como en las solicitadas colectivas. 

La masa de personas jurídicas empleadoras de las físicas quedó dañada, a tal punto que suman unas 400 mil las Pymes que sobrevivieron al persianazo que cayó sobre unas 20 mil colegas en 4 años, según contabilizó la consultora K Radar, pero arrastran dificultades de cumplimiento con AFIP, algunas de ellas con la espada de Damocles de los embargos bancarios sobre sus cabezas.

Aunque el titular de Focus Market, Damián Di Pace, imagina un escenario en el que se incentiven a las Pymes, que representan el 85% del empresariado, mediante una baja brusca de la presión impositiva, sumada a tasas de financiamiento graciables, significaría un mayor gasto fiscal en vez de recaudación, tal como es la prioridad F-F.

A causa de que el país está de nuevo inmerso en un corralito que montaron los mercados voluntarios de deuda y la inversión extranjera escasea, como en 2002 y 2003, Di Pace recuerda que hay un solo actor económico disponible para poner en marcha la rueda de la economía: el microempresario, o sea los pequeños emprendimientos que generan de 1 a 3 puestos de trabajo.

En la dirección de recuperar lo que parecía incobrable, sí estaría tomando cuerpo una iniciativa atribuida a los equipos de Alberto Fernández: promulgar una ley de moratoria impositiva y previsional, con quitas de las deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), acompañadas de amplios planes de pagos que den tiempo a recuperar facturación para poder ponerse al día. 

Los organismos de recaudación provinciales, como ARBA, habían aceitado durante la gestión de María Eugenia Vidal mecanismos de cobranza con pase inmediato a instancias jurídicas de intimación y ejecución ejecutiva sobre las cuentas bancarias de los morosos, que la nueva gestión de Axel Kicillof sometería a revisión.

Fernández apuntaría a reemplazar el apriete por la persuasión y activar el lucro cesante de mantener todo parado para que los recursos se movilicen y fluya una parte hacia las arcas del Tesoro.

Cortes perdonados

En algunos casos de compañías de servicios públicos, en los que cualquier atraso automáticamente genera amenazas de cortes, tuvieron que asumir una posición más condescendiente hacia los usuarios en problemas para afrontar las voluminosas facturas. 

Por ejemplo, en Naturgy, el concesionario de suministro de gas en 30 partidos del norte y el oeste del conurbano, admitieron que ahora “la morosidad creció un 10% frente a años anteriores” y que hoy el 3,3% de sus clientes está con facturas impagas, cuando antes no pasaba del 2,8%. Ya tiene al 5% de su clientela en planes de pago: suman unos 70 mil frente a 40 o 50 mil que eran antes.

Aunque no dan información sobre cobranza, hay indicios concretos de que no están pasando por su mejor momento: Edenor viene ofreciendo desde 2016 un sistema “prepago” en los medidores y afirman que unos 180 mil usuarios ya lo emplean. 

Por donde se los vea, los costos que genera la vivienda pegan duro en el ingreso familiar. 

La relación cuota-ingreso promedio de los 115.000 préstamos hipotecarios UVA que contabilizaba hasta junio la Secretaría de Vivienda pasó del 25% inicial a entre 27% y 29%. 

La Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) aumentó 227% durante el gobierno de Cambiemos. En tanto, los salarios formales se incrementaron 133% entre octubre de 2016 y octubre de 2019, según la consultora Ecolatina.

En abril de 2016, cuando fueron lanzados los créditos UVA, era de 14,05 pesos, mientras que el 10 de diciembre próximo, último día del gobierno de Macri, se ubicará en $45,91.

Se estima que son 80 mil los tomadores de deuda indexada por IPC que se fueron de mambo (con o sin crédito Procrear). A 45 mil la cuota se les encareció 10 puntos más de lo que hubiera resultado si se ajustaba por Índice de Salarios o Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

Esa es la diferencia que está en juego en la reformulación del sistema de ajuste que la Administración Macri le cedió gentilmente a sus sucesores, lo cual implicará que los bancos arrastren rojos en el fondeo de largo plazo que alguien deberá solventar.

Pendientes de la sanción de la ley de alquileres se encuentran 9 millones de inquilinos y aquellos que aún no lo son pero no les queda otro remedio por falta de financiación para acceder a una vivienda. 

Que se les extiendan los contratos de 2 a 3 años y que la nueva cláusula de ajuste sea con un índice mixto entre la suba de la inflación y de los salario, más la obligatoriedad de los propietarios de registrar el contrato de alquiler ante la AFIP y emitir factura, que puede ser deducida del impuesto a las Ganancias, lleva alivio por el lado de la demanda. 

Las expensas subieron nada más que en agosto, a lo largo de los 44 barrios listados por la plataforma Properati, excepto Pompeya, Riachuelo y Soldati, más del 43% contra una inflación interanual de 34,4%.

La consecuencia fue que la morosidad superó el 30%, y como el dinero faltante los administradores lo prorratean entre los que sí pagan, éstos deben asumir una doble imposición, un encarecimiento de facto similar al que padecen los buenos contribuyentes para compensar a los evasores.

Un reciente estudio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) señala que el endeudamiento familiar ha venido creciendo en el último período, hasta llegar al porcentaje más alto en 14 años. 

Y lo mismo sucede con la morosidad bancaria, que superó los niveles de 2009.

Los 3,2 salarios que se miden actualmente cubrirían un cuarto de los ingresos anuales de una familia: 75% obedece a compras en cuotas con tarjetas y créditos personales, mientras que el 25% restante son créditos hipotecarios o prendarios. 

En 2015, el promedio de deuda con los bancos era de 2,4 salarios y en 2005 de 1,8, de acuerdo con el relevamiento oficial de Estabilidad Financiera.

Las familias que menos ganan son las que presentan el mayor nivel de endeudamiento (en ese caso estaría 1 de cada 10) y, en consecuencia, apelaron a financiar la pérdida de su poder adquisitivo con tarjeta o préstamos.

La deuda les representaría el 46,7% de los ingresos anuales cuando en 2016 era del 34% y ya preocupa el grado de morosidad alcanzado, que lleva 3 años y medio en crecimiento constante: mientras en 2015 las irregularidades (con retrasos graves de más de 90 días) alcanzaban a un 2,1% de ese financiamiento del consumo, a mediados de 2018 estaba por encima del 4% y este año llegó al 5,5%.

En el reporte se indica que el 20% de la población que menos gana arrastra una grave morosidad en el 12% de los préstamos personales, el 7% de las compras con tarjetas bancarias y el 20% en las no bancarias.  

Si bien las oficinas de legales de muchos bancos no dan abasto para intimar y se negocian remedios peores que la enfermedad, porque aplazan los compromisos, más los costos del papelerío y las intervenciones leguleyas y las tasas superan largamente el 150% anual.  

La incobrabilidad pasó de cerca del 30,4% al 37% en junio y julio y en ascenso tras la devaluación posPASO. En esa anómala situación revista casi el 42% de los préstamos y el 24% de las tarjetas.

La loca carrera de los tarjetazos dejó afuera en un año a un millón de plásticos regionales no bancarios que estaban activos desde mediados de 2016, según un estudio elaborado por la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra (ATACYC).

Aunque haya habido situaciones peores en la historia contemporánea de las crisis económicas del país, en esta oportunidad no es lo único que quedó fuera de las posibilidades de pago de gran parte de la población.

Las compañías de telecomunicaciones se las ven en figurillas para acreditar la mensualidad de la televisión por cable y satelital; telefonía fija y móvil e internet, por más débito automático con el que intentan automatizar la cobranza. 

La estimación de mercado situaba esas dificultades de cobro en julio en más del 47%, un 12% por encima del mes anterior y superior un 8% a un año atrás.

La telefonía es la que registró la mayor morosidad. En la fija llegó casi al 70% y en la móvil alcanzó el 59%, un poco por los cargos mensuales y otro tanto por las cuotas impagas de las promociones de ventas de celulares.

En internet, a falta de pago se ubicaba en 44,3% y 18,4% el cable. La feroz competencia con agresivas promociones se volvió en contra de las prestadoras, ya que si presionan demasiado para cobrar se quedan sin el cliente, ya que no se trata en general de conductas afectas al incumplimiento, sino que el sueldo es una frazada cada vez más corta.