La regresiva distribución del ingreso de los últimos 4 años sumió en la pobreza a 6 de cada 10 jubilados y pensionados, ya que en ese lapso los haberes perdieron el 25% de la capacidad adquisitiva, comparados con la evolución de la Canasta para Personas Mayores que calcula la Defensoría de la Tercera Edad. En el podio de los excluidos, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA ubicó en 2do término al 52% de los niños menores de 14 años que viven en las áreas urbanas. Darles plata a los veteranos irá a parar principalmente a alimentos, medicamentos, servicios públicos e higiene, que representan el 67% de sus preocupaciones. Y, para colmo, han sido lo que más aumentó en el ciclo inflacionario que llega a nuestros días. En el caso de los medicamentos, subieron muy por encima de todo lo demás y el nuevo gobierno les quiere echar el guante, lo mismo que los que no tienen otra que permanecer encerrados sufrieron el creciente costo de calefaccionarse y ver la tele. Inclusive, casi 3 millones del padrón estuvo apechugando estas exacciones, en parte, con los créditos de Anses, en cuotas que se quedan con un tercio de lo que perciben. La movilidad trimestral ha estado corriendo cada vez de más atrás una canasta que ya acaricia los $40.000, y por ende, a la que muy pocos acceden. Y los que lo hacen tienen a la AFIP encima reteniéndoles la tajada del impuesto a las ganancias.

A la caída general del 20% en el poder adquisitivo de los ingresos, que se traduce en un retroceso que a fin de año llegará al -3,5% en el consumo masivo, arribó una ciudadanía que hizo malabares con sus presupuestos para no resignar escaños de clase media. Se construyó así un perfil de consumidor diferente al de los manuales de marketing, que administra la ingesta diaria privilegiando desayuno y cena en casa, pide menos deliverys, compra segundas marcas y las propias de los súper, se surte en mayoristas, come algo livianito a mediodía, cena poco afuera, va una vez por semana a birrerías con amigos (en el caso de los más jóvenes), aprovecha promociones 2x1 en cines, viaja menos días y a lugares más baratos, evitan los taxis, dejan el gimnasio y se van a correr. Los algoritmos que escarban en sus gustos, deseos, necesidades y limitaciones financieras finalizan el día agotados.

Guillermo Nielsen estuvo recorriendo varios espineles petroleros y financieros después de las PASO que convergen sobre Vaca Muerta y la búsqueda de capitales para inyectar en la explotación del potencial del shale gas y oil. Finalmente, recaló en la presidencia de YPF, pivote de la nueva estrategia energética que llega de la mano de la Administración Fernández. El proyecto de ley de blindaje del megayacimiento que armó en todo este período contiene garantías regulatorias, exenciones impositivas y posibilidad de girar divisas al exterior, como excepción al control de cambios. Además, la constitución de un fideicomiso que dé certidumbre y previsibilidad a las inversiones de riesgo, como reclamaban las petroleras, pero podría reforzarse con una iniciativa que proviene de la dupla Miguel Pesce, desde el BCRA, y Mercedes Marcó del Pont, desde AFIP: una puerta productiva para repatriar activos externos de residentes argentinos que salieron del sistema, de los cuales unos US$100 mil millones se acogieron al blanqueo de Macri y se volvieron a retirar. Podrían convertirse en fuentes de financiamiento de la asociación de YPF con Pymes para activar Vaca Muerta, pero por las dudas ya la agencia impositiva los tiene apuntados para un gravamen extraordinario.

El endeudamiento privado no se quedó atrás del público que todos descuentan requerirá de una reestructuración consensuada con los acreedores como condición para poder ser pagado. Es que la falta de crédito razonable, las tasas siderales de interés, el cepo cambiario y la caída de la actividad económica obligaron a la mayor parte de las empresas a financiarse como pudieron y a incurrir en incumplimientos que inclusive paralizaron sus actividades, como acaba de suceder con la agroindustrial santafesina Vicentín, pero muchas más integran la lista virtual de la morosidad. Las Pymes le deben a cada santo una vela y entre los que hacen cola para cobrarles está la AFIP, cuyos planes de pago empeoraron la situación. La nueva Administración ya estuvo haciendo borradores de amplias moratorias impositivas y previsionales y el equipo que se hará cargo del BCRA se mostró preocupado por el refinanciamiento de los pasivos empresarios y las facilidades para propiciarlos. El envión a la economía no sólo requiere de ingresos de la población para gastar sino de plata para que las empresas puedan producir y atender esa demanda. La ronda no dispone de demasiado tiempo ya que deberá actuar mientras el Fondo no esté.

Donald Trump logró lo que Jair Bolsonaro y Alberto Fernández no podían por sí solos: acordar el futuro común e indivisible del Mercosur. Justo cuando todo trastabillaba, el castigo de Trump fue una bendición por quienes apuestan por el Mercosur. Por lo demás, la 55a. Cumbre de Jefes de Estados del Mercosur y Estados Asociados, en el hotel Spa do Vinho, en Río Grande del Sur, ha hecho notar la transitoriedad y vacío de  la mayoría de las sillas presidenciales. La lista de ausentes está compuesta por el exiliado boliviano Evo Morales, el internamente asediado chileno Sebastián Pineda, el suspendido venezolano Nicolás Maduro y el uruguayo Tabaré Vázquez en pleno síndrome de abstinencia del poder. Sí pudo presentarse, aunque en nostálgica despedida del grupo, Mauricio Macri, a quien el dueño de casa, Jair Bolsonaro, extrañará porque lo consideraba su socio político en la región. Así, finalmente, el anfitrión y el paraguayo Mario Abdo Benítez, quien asumirá el año que viene la presidencia pro tempore del Mercosur, terminaron siendo los únicos con tiempo por delante para firmar decisiones en torno de la agenda regional futura. Ergo, deberá esperarse hasta la próxima reunión, prevista en Itaipú, a que se integren los 2 nuevos jugadores de ambas márgenes del Río de la Plata: Alberto Fernández y Luis Lacalle Pou, quienes si algo no tienen a flor de labios es el “Sí, Míster Donald” que pretendía imponer Itamaraty en el broche del año.

Hace rato que los problemas laborales se vienen agudizando para el 52,7% de la población económicamente activa, según el Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano. Hay 8 millones de trabajadores en tambaleantes y precarias condiciones. Los desocupados superan los 2 millones, en un marco de suspensiones, reducciones de jornadas laborales, de turnos. No se vinculan únicamente con la macroeconomía, sino que conjugan discriminaciones que caotizan más aún la estructura laboral: el 80% de las ofertas de empleo excluyen a mayores de 45 años; el 26% de las mujeres jóvenes está desempleado, más si son madres; la condición femenina restringe el acceso a cargos directivos y por igual tarea que un hombre cobran 25% menos. Siguen las máculas: hay un 10% de jóvenes que ni trabajan ni estudian y, tras que escasean las oportunidades, nada menos que un 35% de la masa laboral no registra descuentos jubilatorios. O sea está en negro. En este dispar contexto, hay defectos por exceso: las empresas de matriz tecnológica arrastran déficits de 500 mil puestos sin cubrir por falta de profesionales capacitados.

Antes del cepo versión Macri, el 98% de los capitales golondrina que habían entraron al mercado local de letras y títulos de deuda desde el comienzo de la gestión de la Administración saliente, desaparecieron llevándose pingües ganancias, entre 2 años y medio de pass through (diferencia entre tasa interna y devaluación) y la recompensa que daban los bonos nacionales y provinciales por el alto riesgo-país. El 2%, según los cálculos del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (Ocipex), que permanece en el circuito de las inversiones financieras domésticas quedó atrapado en defaults parciales, reperfilamientos y eventuales quitas que se ciernen en el horizonte inmediato. Pero más inequidad aún la constituye que se hayan fugado en total US$37.192 millones hasta setiembre último y se cruce el dato con los US$44 mil millones desembolsados hasta ese mes del crédito contingente que otorgara el año pasado el FMI, instigado por la Casa Blanca, como señal de apoyo del presidente de USA, Donald Trump, a la reelección de Mauricio Macri. Habría que empezar a pagarlo en 2021, si es que no se le extendieran los plazos al gobierno de Alberto Fernández, quien según el trato que le dispense a los bonistas que se quedaron, arriesga el regreso al mercado voluntario de la deuda y el volumen ya jibarizado del sistema financiero local.

En el campo estuvo la base electoral de Mauricio Macri, pero aún así les puso retenciones, Y ahora que finalmente llegan los F-F a la Casa Rosada, las entidades más tradicionales, como la Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas se pintaron la cara ante la inminencia de un nuevo gobierno que podría llegar a subírselas para sacarles otros US$2.000 millones adicionales de jugo. Los productores, más prosaicos, hicieron los números y sacaron la conclusión que sería mejor adelantar ahora casi 29 millones de toneladas (entre soja, maíz y trigo), antes que Alberto le agregue 5 puntos porcentuales a la soja; 8 puntos porcentuales al trigo y 3 puntos al maíz. Combustibles y energía se encuentran en la mira recaudadora, siendo el denominador común de ambas los dólares que generan. La minería repuntará y los US$ 3.000 millones que vende afuera seguramente se multiplicarán En ambos, la recaudación proveerá de los dólares que necesita imperiosamente el país. Si se deducen los dólares necesarios para pagar las importaciones de insumos, la deuda y los giros de utilidades y dividendos, el balance cambiario sumaría entre US$ 3.000 y US$ 10.000 millones al año. Los US$116 mil millones depositados por argentinos en el exterior, repatriados para su blanqueo en 2016 y vueltos a sacar limpios de polvo y paja, recibirán una alícuota elevada (sería del 5%) que el tributarista César Litvin advirtió que va a ser para quilombo.

No es nada fácil para el gobierno que se instala en menos de 2 semanas definir qué hacer con el zafarrancho que quedó de las tarifas de los servicios públicos, que primero subieron arriba del 3.000% en 4 años ahogando a particulares, Pymes y entidades civiles, sobre todo, y de golpe la Administración Macri le clavó el freno por conveniencias electorales. Después de todo el sacrificio, están de nuevo atrasadas, requieren subir subsidios con el país afuera del mercado voluntario de crédito, el stand by del FMI interrumpido y las empresas energéticas con las acciones de capa caída y pocos incentivos para invertir. La única pista que deslizó Alberto Fernández es que la tarifa será desdolarizada y sugirió que iría acompañando la inflación (40% el año que viene, según el designado titular de INDEC, Marcos Lavagna). Pero llega enero y se presenta el problema del retroactivo. El gas debería subir 34% en los hogares, pero mucho más en la cadena de valor desde la boca del pozo por la acumulación de los valores en suspenso del transporte y distribución. Aún así, no menos del 37% del atraso que traían hasta abril en relación a los costos (que se duplicó hacia fin de año) deberá ser cubierto por el Tesoro. Si hubiera que deducir alternativas, es probable que se apliquen escalas tarifarias más vinculadas a la capacidad contributiva del usuario que a lo que digan los medidores.

El divorcio entre los devaluados ingresos de la población y la cada vez más pesada presión impositiva y tarifaria dejó exangües ante la AFIP a más de 400 mil personas jurídicas, la gran mayoría Pymes. Los equipos técnicos del nuevo gobierno piensan en una moratoria impositiva y previsional que les afloje la soga del cuello. Los bancos que tienen las carpetas de 80 mil créditos hipotecarios con cláusula UVA, cuyas cuotas aumentaron más del 80% encima de los sueldos con que se amortizan, aguardan una soga del Central que solvente la diferencia con un mix entre el IPC y el salario, de aplicación también en los contratos de alquiler. La morosidad en tarjetas de crédito y préstamos personales bate récords y amerita planes de pagos cubiertos con ayuda estatal. Las expensas suben un 50% más que la inflación y las paga un 30% menos que antes. Los prestadores de servicios públicos le perdonan cortes a una creciente masa que se atrasa con las facturas y queda al borde del nocaut. La Administración Macri sobreendeudó al Estado y a los particulares, y ahora moratorias por doquier sobrevuelan el firmamento de las finanzas tanto públicas como privadas.