En septiembre de 2026, la gestión pública argentina y la ciberseguridad dejarán de evaluarse por declaraciones y comenzarán a hacerlo bajo estándares internacionales que exigen evidencia verificable. No se tratará de discursos, sino de mostrar procesos sólidos, controles efectivos y tableros de gestión que resistan auditorías externas.
ESTÁNDARES INTERNACIONALES
Ciberseguridad: Por qué será clave en la gestión pública y privada
En menos de dos años, el Estado argentino deberá cumplir con normas globales de calidad, transparencia, ciberseguridad y gestión ambiental.
“Será un cambio de paradigma, la diferencia entre un sistema que resiste y uno que se hunde estará en tener riesgos mapeados, responsabilidades claras y sanciones reales”, explicó Fernando Arrieta, Director Regional de G-CERTI Global Certification.
Transparencia bajo la lupa
Hoy, los índices de percepción de la corrupción siguen siendo bajos y la confianza institucional se encuentra debilitada. Según Arrieta, “las leyes están, pero la brecha entre lo escrito y lo ejecutado se nota en cada licitación mal controlada, cada auditoría que queda en un cajón y cada protocolo que nadie aplica”.
Algunos ejemplos locales muestran que es posible avanzar: en 2023, la Casa de Moneda Argentina obtuvo la certificación ISO 37001 (antisoborno) e ISO 37301 (compliance), un hito que implicó una reingeniería de procesos internos. A nivel municipal, una ciudad que adoptó estándares de antisoborno logró en dos años reducir conflictos en licitaciones y mejorar la percepción ciudadana de transparencia.
Ciberseguridad: La deuda pendiente
Los incidentes recientes evidencian la fragilidad de los sistemas públicos. En 2023, un ataque de ransomware al PAMI paralizó servicios y expuso más de 800 GB de datos. En 2022, el Hospital Garrahan sufrió la filtración de información sensible de pacientes.
Lejos de ser accidentes aislados, estos episodios muestran la necesidad de adoptar marcos como ISO 27001 (seguridad de la información) y ISO 22301 (continuidad del negocio), que obligan a probar respaldos, realizar simulacros y asignar roles claros. “No es una cuestión de si volverá a ocurrir, sino de cuándo”, advirtió Arrieta.
Medio ambiente y gestión de residuos
La crisis ambiental se suma como otro frente crítico. Argentina genera unas 45.000 toneladas diarias de residuos, con más de 600 basurales a cielo abierto y miles de microbasurales. Además de su impacto en la salud pública, este problema erosiona la reputación del país y limita el acceso a financiamiento internacional.
Integrar a los 150.000 recuperadores urbanos bajo condiciones seguras y procesos estandarizados mediante normas como ISO 14001 (ambiental) e ISO 45001 (seguridad y salud ocupacional) no es filantropía, es gestión estratégica que multiplica impacto y legitimidad.
Transformación digital: Avances y desafíos
La digitalización del Estado argentino avanzó con plataformas como Mi Argentina y el crecimiento de trámites online, pero la interoperabilidad entre sistemas sigue siendo una deuda. La fragmentación, los datos que no se comparten y la alta rotación de perfiles técnicos generan costos y vulnerabilidades.
“La verdadera modernización requiere menos trámites redundantes y más intercambio seguro desde el diseño, con gobernanza de datos como política de Estado”, señaló Arrieta.
En 2026 se publicará la nueva versión de la norma internacional de gestión de calidad, que exigirá más resultados medibles, integración de riesgos, gobernanza fortalecida y conexión con agendas digitales y climáticas.
Quienes no se preparen quedarán expuestos en auditorías nacionales e internacionales. “El tiempo de adaptación es corto y el costo de llegar tarde, alto. El margen para actuar es ahora”, concluyó el especialista.
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