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Los drones tienen muchos detractores. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un debate por los asesinatos que les atribuyen: 2.551 personas, entre el 2004 y el 2011, en Irak y Afganistán, según la New American Foundation. Pero, a la vez, 70 países ya tienen escuadrones UAV (en inglés las siglas de vehículos aéreos no tripulados). Hay críticas por su uso policial –en Nueva York, por ejemplo– y por los minidrones recreativos, con los cuales civiles podrían violar la intimidad de otras personas. Pero la tendencia es imparable. El municipio de Tigre, en la Argentina, le compró 4 unidades a Holanda, de las que ya hay operativas 2. Ahora, Colombia ingresó a la nueva ola, con construcción propia de los aparatos.
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Retonto o hipócrita, el senador nacional Marcelo Fuentes (Neuquén/FpV) dijo hace un año al paraestatal Página/12, en ocasión de la expropiación de YPF: "Esa es la diferencia entre una empresa con un sentido de integración, que necesariamente hoy debe tener por objetivo el cuidado del medio ambiente, con otra que no lo tiene. El titular de Repsol decía que debían disminuir su exposición en la Argentina (dato que figura en los balances). Era lo mismo que decir “nos estamos yendo y te dejo un agujero inmenso”. Ahora, ese pasivo ambiental, independientemente de que la Nación pueda coordinar la valoración a través del ministerio respectivo, pertenece a las provincias y comunidades. Hay distintos tipos de pasivos ambientales. Están los propios de cualquier actividad, por ejemplo. Pero incluso aquellos que operan con los mejores canones ambientales también crean pasivos. El tema es dilucidar si los pasivos fueron generados por falta de inversiones, algo que se ve reflejado en ductos con pérdidas o accidentes injustificados." ¿Qué hizo el Estado Nacional, el Estado provincial en manos de Jorge Sapag, aliado del FpV, y la expropiada YPF en el año que ha transcurrido? Nada, continuó la contaminación, y el pasivo ambiental desapareció de escena.
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No solamente pudo ser un gran accidente el de Ensenada. El pasivo ambiental de YPF en ese polo petroquímico es brutal y la petrolera estatal no está cumpliendo con normas imprescindibles para la seguridad de quienes habitan en las cercanías de las instalaciones industriales tóxicas. Y la situación es mucho más compleja aún: desde 2002, y en especial desde 2003, cuando se aplicaron regalías a las exportaciones petroleras, el Ejecutivo Nacional compensó a las empresas permitiéndoles no invertir en, por ejemplo, prevención ambiental, un rubro muy oneroso para los hidrocarburos. Por eso muchos hablan de "la pesificación energética" (las calamidades que van desde el desabastecimiento hasta la contaminación). Y la tragedia está rondando en Ensenada, en Luján de Cuyo, en Bahía Blanca, en Dock Sud... En el caso de Ensenada, Miguel Ángel Galuccio, titular de YPF quien tardíamente llegó a la escena, adeuda muchas respuestas todavía, en especial porque es una empresa estatal. Hugo Bilbao, el responsable ambiental bonaerense -un símbolo de los acuerdos de Daniel Scioli con Hugo Moyano- tampoco ha aportado nada, y su irresponsabilidad es llamativa.
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