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Semana crucial en Uruguay: ¿Reforma jubilatoria o no?

Tras la aprobación en el Senado en diciembre, en una comisión especial (anterior a Diputados) se debate la reforma jubilatoria que aumentaría la edad mínima de 60 a 65 en Uruguay.

El proyecto de ley de reforma jubilatoria en Uruguay impulsado por el presidente Lacalle Pou presenta grandes reticencias por parte de la ciudadanía y de varios escaños políticos de la Oposición, tal como sucedió en Francia con el cambio de edad mínima jubilatoria a través de su aprobación por decreto presidencial. Luego del visto bueno en el Senado uruguayo por un margen de 30 votos frente a 18 en contra durante el pasado diciembre (2022), el proyecto está en discusión en una comisión especial dentro del recinto hasta el 31 de marzo, para que posteriormente llegué a la Cámara de Diputados.

La propuesta presentada por el Ejecutivo y con respaldo del Partido Nacional pretende aumentar la edad jubilatoria de 60 a 65 años, desafectando a aquellos que tengan 30 años de aportes cuando entre en vigor la ley o quienes trabajen en puestos “particularmente exigentes” como en la construcción. El 23 de marzo la central única de los trabajadores PIT-CNT convocó a una movilización frente al Palacio de la Legislatura, a la que asistieron miles de uruguayos que claman a sus parlamentarios la no aprobación de la reforma del Sistema de Seguridad Social.

La reforma eleva la edad jubilatoria cuando la actual revolución tecnológica debería convocarnos a debatir un reparto socialmente equitativo del trabajo disponible, y de rebaja de las jubilaciones La reforma eleva la edad jubilatoria cuando la actual revolución tecnológica debería convocarnos a debatir un reparto socialmente equitativo del trabajo disponible, y de rebaja de las jubilaciones

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Diputados cabildantes ratificaron su negativa ante representantes del gobierno.

Diputados cabildantes ratificaron su negativa ante representantes del gobierno.

"Se debe recordar que la seguridad social nace de los Consejos de Salarios y la negociación colectiva. La seguridad social es un mecanismo para la protección de la gente, no para resolver las urgencias de quienes manejan la economía del mercado", dijo el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, cuyo carpa de protesta se halla a las afueras del Palacio Legislativo. "Cada vez queda más claro que la reforma es perjudicial para los intereses de las grandes mayorías del pueblo trabajador", agregó.

En tanto, el Partido Colorado y el Cabildo Abierto demandan cambios profundos y más tiempo de discusión en cuanto al proyecto de ley: "Hoy, Cabildo Abierto no vota la reforma".

El partido Cabildo Abierto exige la reducción de 25 a 15 los años previstos para el cálculo de la tasa de reemplazo de las futuras jubilaciones y reclama eliminar el proyecto de la "habilitación" para que las administradoras de ahorro previsional (AFAP) puedan invertir parte de sus fondos en el exterior.

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“Si no hay respuesta, no hay flexibilización, bueno, si no hay adelantos en ese tema, nosotros ya lo dijimos desde hace tiempo, queremos que estas cosas se atiendan y entendemos que es importante contemplar nuestros planteos”, resaltó Guido Manini Ríos, senador por Cabildo Abierto.

Mientras que, el partido Frente Amplio que integró el ex presidente José Mujica, directamente se niega a negociar con el oficialismo en torno a esta reforma.

Los colorados por su parte han sugerido 47 modificaciones al proyecto de ley en términos de redacción. “Prácticamente no se valoraron esos cambios, ya se que seguimos parados sobre lo mismo”, sostuvo Álvaro Viviano del Partido Nacional. "La pelota política está ahora en el Poder Ejecutivo", aclaró en esa misma línea el diputado Iván Posada del Partido Independiente.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Sebastián Valdomir, había relatado "los impactos que tendrá para la salud de ese trabajador o trabajadora extender a 65 años", en los seguros "por invalidez o por desempleo".

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Fiscal del 'caso Balcedo' reemplazó a Gabriela Fossati

Parecía inevitable, y lo fue: Gabriela Fossati dejó de ser titular de la fiscal de Flagrancia de 12° turno, en Montevideo, Uruguay. Fossati fue trasladada a la fiscalía de Flagrancia de 16° turno, que estaba vacante, y en su lugar queda la fiscal Sabrina Flores, una de las fiscales del caso de Marcelo Balcedo, el sindicalista argentino investigado en ambas orillas del Río de la Plata. Ella era fiscal en Maldonado y lideró su detención y los allanamientos de su vivienda en el Cerro del Burro. Incorregible, Balcedo denunció a la fiscal por “daños y perjuicios” en el allanamiento y le reclamó US$ 90.000.

Si es cierto lo que surgía de los audios de Fossati, ella logró quitarse el 'caso Alejandro Astesiano', ex jefe de la Seguridad del presidente Luis Lacalle Pou, quien ha cometido una cantidad de transgresiones e irregularidades que comprometen en forma aún desconocida a la alianza multicolor que gobierna, liderada por el Partido Nacional.

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Alejandro Astesiano y el 'truchaje': Leal será indagado

El escándalo que sacude al gobierno del mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou, tras la filtración de los chats e información que implicaron a su ex jefe de seguridad, Alejandro Astesiano, en una red de truchaje de ciudadanías uruguayas para rusos -que después lo condenaría a cuatro años de prisión por delitos de conjunción del interés personal y del público, asociación para delinquir, revelación de secreto y tráfico de influencias (15/03/23)- y el uso para fines personales del presidente de un software de Interpol, ahora Gustavo Leal, ex director de Convivencia y Seguridad del Ministerio del Interior será indagado al omitir detalles tras su declaración ante la fiscal Fossati.

“Lo que me dijo la fiscal Fossati fue que entendió que el accionar de la explicación de Leal estaba dirigido a obstaculizar su investigación. Y por eso interpreta que lo mejor es intimarlo a que, en un plazo de tres días, (Leal) designe a un abogado para poder interrogarlo con todas las garantías de una defensa correspondiente. Eso fue lo que la doctora Fossati me indicó”, expresó el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech.

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4 años a Alejandro Astesiano y el padre contra Lacalle Pou

El exjefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secreto y conjunción del interés público y privado.

La fiscal de Flagrancia de 12º turno, Gabriela Fossati, consideró que la condena impuesta es “muy importante, que implica una asunción de responsabilidad por parte de Astesiano muy importante. Fíjense que el delito más castigado de todos lo que se le atribuyen es el de asociación para delinquir, que tiene una pena de cinco años, y estamos hablando de un acuerdo abreviado a una pena de cuatro años y medio".

El padre del excustodio presidencial, Raúl Astesiano, dijo que su hijo hizo pedidos de información a la Policía por orden de Luis Lacalle Pou, y criticó que la fiscal no le creyó en principio esta versión en la investigación sobre distintos favores que habría realizado el funcionario:

Mi hijo trabajó en un sistema vertical. Si le pide algo el jefe, obviamente tendrá que hacerlo. ‘A mí me manda el presidente’, decía mi hijo. Es obvio que no le puede decir que no a su jefe Mi hijo trabajó en un sistema vertical. Si le pide algo el jefe, obviamente tendrá que hacerlo. ‘A mí me manda el presidente’, decía mi hijo. Es obvio que no le puede decir que no a su jefe

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