Biden estrenará la "AUH" y los demócratas buscan una mayor transparencia política

La mayoría de los países desarrollados envían pagos directos a los padres para ayudar a mantener a sus hijos. Canadá, por ejemplo, paga a sus familias un ingreso de hasta 450 dólares por mes, un programa del gobierno que ayudó a reducir la pobreza en un 20% entre 2015 y 2017. Finlandia paga mensualmente alrededor de 119 dólares por niño, mientras que Dinamarca paga hasta 735 dólares por trimestre.

Ahora es el momento de que USA empiece a implementar dicha política. Sin embargo, esto no empezó ahora, sino que la lucha la viene liderando la congresista demócrata de Connecticut Rosa DeLauro desde 2003. 

Pero el contexto actual signado por la pandemia por coronavirus, llevó a un aumento alarmante de la pobreza infantil que Washington busca aliviar. Debido a esto, DeLauro logró que se incluya en el paquete de estímulo de 1.9 billones de dólares una versión de la política pública. 

Desde el próximo mes de julio hasta fin de este año, millones de padres recibirán cheques mensuales de hasta 300 dólares por cada niño menor de 6 años y de 250 dólares por los menores de 18 años. 

Los cheques mensuales son un adelanto parcial del valor del crédito fiscal que los padres recibirán cuando presenten sus declaraciones de impuestos en 2021. 

El crédito fiscal por hijos de 2 mil dólares se introdujo en 1997 gracias a las reformas de asistencia social del entonces presidente Bill Clinton. En ese momento, la mayoría de las familias de bajos ingresos eran elegibles para recibir sólo una parte del crédito. Lo que sucedió es que los niños que más necesitaban la ayuda, eran los que menos la recibían, afirma Kris Cox, integrante del grupo de expertos progresistas Center on Budget and Policy Priorities. 

El crédito fiscal máximo por hijos es ahora de hasta 3 mil dólares por cada niño menor de 6 años y 3.600 dólares por cada menor de 17 años y no estará disponible para padres solteros con un ingreso superior a 200.000 dólares o 400.000 para parejas casadas. Alrededor de 27 millones de niños estadounidenses, incluida la mitad de los niños negros y latinos, recibirán el beneficio completo. 

Según investigadores de la Universidad de Columbia, los pagos mensuales reducirá la pobreza infantil casi a la mitad, pero la gran cantidad de beneficiarios despertó la alarma de los opositores. 

A una parte de la oposición derechista le preocupa la falta de requisitos de empleo para recibir el beneficio y argumentan que esto sólo logrará desanimar a los padres a trabajar convirtiendo el crédito en un subsidio.

Otra parte de los opositores está inquietante por el costo de la política pública: 120 mil millones de dólares anuales. Frente a este argumento, los defensores del crédito sostienen que la política se pagará por sí sola en el largo plazo, ya que si los niños crecen en hogares con mejores ingresos que posibiliten una mejor educación y acceso a la salud tendrán salarios más alto cuando crezcan y trabajen, impulsando de este modo el crecimiento económico. 

Aunque el Plan de Rescate Estadounidense de Biden financia sólo los pagos de niños para el 2021, los congresistas demócratas están buscando que sea aplicado de manera permanente. 

Blanquear las causas políticas de las empresas

Los demócratas están intentando obligar a las empresas que cotizan en bolsa a revelar cuánto gastan en causas políticas. La medida cuenta con la oposición del grupo de presión empresarial más poderoso de USA.

La Cámara de Comercio de USA está intentando con uñas y dientes detener la medida impulsada por los senadores demócratas, que parecería contar con el apoyo del presidente entrante de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Gary Gensler.

La medida cambia absolutamente las reglas de juego del gasto político en USA. Desde el 2010, la Corte Suprema dictaminó que las entidades corporativas deberían poder gastar lo que quieran en comunicaciones políticas, aunque no tenían permitido donar a candidatos individuales.

Ahora, lo que quieren los demócratas es que que la SEC introduzca una regla que obligue a las empresas a decir por primera vez cuánto gastan en política a través de asociaciones industriales y a recopilar en un solo lugar cuánto donan a causas y candidatos mediante grupos de campaña conocidos como comités de acción política o PAC.

Es decir, se está presionando para que haya una mayor transparencia sobre cómo las empresas usan sus fondos para influir en la política. Sin embargo, la Cámara de Comercio argumenta que obligar a las empresas a revelar cómo gastan el dinero en política podría hacer que a la hora de ir contra propuestas perjudiciales en el Congreso, sean menos propensas a justificar su oposición a tales medidas.