Convencida de que la política de externalización a un tercer país "seguro” debe ser el modelo italiano contra la inmigración ilegal para toda la Unión Europea, la premier Giorgia Meloni blindó los centros de inmigrantes en Albania con un decreto ley tras la amarga sentencia del Tribunal de Roma que ordenó la semana pasada el regreso a Italia de 12 inmigrantes detenidos en un centro migratorio italiano en Albania.
FALLAS EN LA UE
Meloni desafía a la justicia y blinda centros de inmigrantes en Albania
Giorgia Meloni estableció por decreto los "países seguros" de donde proceden los inmigrantes; el problema es que la UE carece de una lista clara.
El decreto establece como norma primordial la indicación de países seguros de donde proceden los inmigrantes para la repatriación. Para ello acortó a 19 la lista de países y excluyó a Nigeria, Camerún y Colombia para superar el rechazo de la solicitud de validación de la justicia italiana.
Los 19 países seguros, según el gobierno de Meloni, ahora son Albania, Argelia, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Norte, Marruecos, Montenegro, Perú, Senegal, Serbia, Sri Lanka y Túnez.
TJUE dictaminó que un país ajeno al bloque europeo no puede ser declarado seguro a menos que todo su territorio sea considerado seguro. Los 12 solicitantes de asilo fueron considerados por los jueces en Roma como en riesgo de sufrir violencia si eran deportados a sus países de origen.
Con el decreto Meloni busca reforzar el acuerdo con Albania, asegurar los contras de los inmigrantes, continuado con las deportaciones sin que se vean obstaculizadas por sentencias judiciales.
Inacción de la UE
La discordia entre el gobierno de Meloni y la justicia italiana se deba a la falta de claridad en las políticas de la UE con respecto a que constituye un país seguro. Anna Hipper, portavoz de la Comisión Europea de Asuntos Exteriores reconoció: “No tenemos listas comunes en la UE respecto a los países seguros”, advirtiendo a Meloni que la “toda ley nacional debe respetar la ley europea”.
Este vacío evidencia la falta de una política migratoria coherente y unificada de la UE, algo suplicado por Meloni desde que se asentó en el Palazzo Chigi. Si bien la política de externalización es discutida por alto costo (1.000 millones de euros a lo largo de los primeros cinco años) y por no “garantizar condiciones y trato dignos a las personas acogidas en los centros”, al menos Meloni es la única que propone una medida para contener los descontrolados flujos migratorios en Europa, más allá de de redistribuir a inmigrantes y desmantelar organizaciones de trata de personas.
La UE se muestra ineficaz una vez más para enfrentar uno de los desafíos más urgentes de los últimos años.
Rai News informó que toda Italia está a la espera del examen de la disposición por parte del presidente Sergio Mattarella, que pidió diálogo y mediación entre los poderes públicos antes de su entrada en vigor. Luego, eventualmente, la cuestión llegará a los tribunales del Tribunal Constitucional.
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