La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó finalmente el juicio político al actual mandatario Guillermo Lasso por el delito de presunto peculado (malversación de fondos) por un contrato de transporte de hidrocarburos de la estatal petrolera FLOPEC, denuncia presentada originariamente por la correísta Viviana Veloz del movimiento Unión por la Esperanza (UNES).
POR PECULADO
Ecuador: Congreso aprobó el juicio político y Lasso tambalea
El Parlamento de Ecuador dio 'luz verde' al juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por el caso de peculado/malversación con la estatal Flopec.
Este martes 9 de mayo, en una sesión con presencia de 115 senadores, 88 votaron a favor de la moción de censura contra Lasso (23 en contra y 5 abstenciones) que podría derivar en una destitución de su cargo.
Es así que el parlamento decidió "enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Lasso, por la infracción constitucional de peculado”.Los votos a favor del juicio político provinieron entonces de las bancadas del correísmo de Unión por la Esperanza (Unes), el Partido Social Cristiano (PSC), parte de Pachakutik (PK) y de una facción de la Izquierda Democrática (ID).
Tal como anticipó Urgente 24, el juicio político a Lasso era inminente luego del ‘visto bueno’ de la Corte Constitucional que aunque desestimó la acusación de cohecho/soborno, no lo hizo con la de peculado/malversación de fondos que le presentó la Comisión de Fiscalización con firma de 104 asambleístas —en base a las pruebas de las parlamentarias Viviana Veloz (UNES) y Mireya Pazmiño (Pachakutik) —
Como Urgente 24 informó, la moción de censura contra el presidente ecuatoriano se desprende de la acusación por el delito de malversación de fondos que habría cometido en contratos de transporte de hidrocarburos entre la estatal Flopec y Amazonas Tankers que es un conglomerado de transporte marítimo. Y pese a que el mandatario fue advertido por la Contraloría General del Estado de que el contrato era dañino para el país — con pérdidas finales en US$6,1 millones—, Lasso no lo suspendió, lo que lo responsabiliza legalmente.
Ahora el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, deberá convocar a Guillermo Lasso a comparecer en una nueva sesión en el pleno legislativo (en un plazo de hasta cinco días). Luego de la defensa del actual líder ecuatoriano, el Parlamento decidirá si se lo destituye o no del Ejecutivo en función de los resultados de votación del 20 y 22 mayo que requieren los votos de al menos 92 legisladores de los 137.
Juicio político a Guillermo Lasso por la petrolera FLOPEC
La Asamblea Nacional del Ecuador está en la etapa resolutiva del juicio político de censura contra el actual presidente Guillermo Lasso por el delito de peculado -o malversación de fondos- que manchó su ‘investidura impoluta’ de la misma corruptela que acusa al correísmo, lo que podría destituirlo del Ejecutivo.
Tal como Urgente 24 informó, el partido opositor Movimiento Revolución Ciudadana -que integraba el ex mandatario Rafael Correa- empezó con el proceso en enero pasado, que desencadenaría en el juicio político al actual presidente con la conformación de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional -el Parlamento- tras la presentación de un informe firmado por 104 asambleístas que exponía cómo Lasso no evaluó riesgos en contratos de la estatal petrolera Flopec, y hasta lo acusaban de “traición a la Patria”.
Luego, el 16 de marzo, la Comisión de Fiscalización presentó formalmente el pedido de juicio político al actual líder ecuatoriano con el respaldo de 59 firmas y 3 causales entre las que se encontraban el delito de cohecho y peculado a través de la estatal petrolera FLOPEC.
Cuando este pedido de juicio político pasó a la Corte Constitucional del Ecuador el 24 de marzo para que lo legitime o desestime, finalmente desechó las dos causales del pedido pero sólo dejó la de peculado -malversación- de Flopec con Amazonas Tanques.
En ese sentido, Flopec tiene el monopolio del transporte marítimo de hidrocarburos a Estados Unidos, Panamá y Chile, y la importación de derivados (nafta, gasolinas y diésel), para cuyas operaciones utiliza buques de tipo Aframax (mayor carga) y Panamax (menor carga). Pero como no tiene buques para satisfacer la demanda nacional, renta busques a terceros.
Y en cuanto a Amazonas Tanker Pool, es un conglomerado de transporte marítimo cuyo contrato envuelve a la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), y salpica a Guillermo Lasso por una controversia en torno a “las tarifas que Flopec recibía por transportar el crudo en sus buques Aframax y en las que pagaba, y por rentar los buques que le hacían falta para cumplir con las condiciones del pool Amazonas Tanker”, así lo refirió el diario Primicias del Ecuador.
Ahora bien, FLOPEC tuvo un acuerdo comercial o pool firmado con la empresa Dragun USA LLP, en diciembre de 2018 para mejorar la rentabilidad de la empresa. Luego se modificó parte del contrato entre 2020 y 2022 con adendas e inclusión de Amazonas Tanker Pool para transportar el crudo ecuatoriano vendido a Petrochina.
Entre estas cláusulas adicionales se especificó un plazo inicial de participación obligatorio de dos años, una renovación automática, el sometimiento a las leyes de Nueva York en caso de controversias y que Amazonas Tanker pasara a formar parte de Mjolner Aframax Pool CO LLC, que ponía dos buques Aframax en el pool.
¿'Opereta' o peculado real?
El problema empieza, como ya hemos dicho, por el dinero que recibía Flopec por transportar crudo en buques de Aframax y en el alquiler de los buques que le faltaban por la demanda local y en cumplimiento del pool Amazonas Tanker.
La Contraloría, que es una institución gubernamental del Ecuador destinada a la vigilancia y control de los gastos de la administración pública, exhibió en noviembre del 2021 que había una diferencia de USD 6,1 millones con lo que se habría ganado si Flopec usaba sus buques propios -y que pagaba precios superiores a los del mercado por el alquiler de buques- coincidiendo con las irregularidades denunciadas por la ex gerenta general de la estatal, lo que destapó el supuesto de que Lasso no "hizo nada".
En tanto, las asambleístas Viviana Veloz (UNES) y Mireya Pazmiño (Pachakutik) que presentaron las pruebas ante la Asamblea Nacional, acusan al presidente Guillermo Lasso de participar en una “estructura de corrupción que perjudicó las arcas estatales” con el mantenimiento del acuerdo comercial Amazonas Tanker Pool a través de Flopec, pese a que perjudicaba al estado, haciendo caso omiso a las recomendaciones de finalizar el contrato.
En el 2021, Pilar Ferri, ex gerente general de FLOPEC envió al ex ministro de Energía y otras autoridades gubernamentales un informe para que reevaluaran los contratos y acciones para "mitigar los riesgos de los hallazgos encontrados".
Entonces Lasso "no hizo nada" cuando se le advirtió sobre irregularidades en el contrato, según dijo la legisladora Viviana Veloz ante la Comisión de Fiscalización. "Por eso pretendemos que sea censurado y destituido, esa es la verdad constitucional y es la verdad política que muchos pretenden ocultarle al pueblo ecuatoriano", lanzó.
Como consecuencia del contrato, según las legisladoras correístas, Flopec terminó ‘perdiendo’ porque los buques ecuatorianos como parte del pool cobraban una tarifa diaria inferior a la que conseguían en otros contratos por fuera; mientras que, los buques de otras empresas internacionales que eran parte del pool que transportaba el crudo ecuatoriano (y para lo que Flopec les pagaba), cobraban tarifas diarias más altas que las del mercado.
Sin embargo, Lasso se defendió a través de su abogado defensor Edgar Neira, quien aseguró que la finalización anticipada de aquel contrato los hubiera llevado como Nación a un arbitraje internacional y que jamás ha estado involucrado en los contratos de transporte de Flopec. Además, la acusación por peculado "pasa por un complejo entramado de beneficios a corporaciones que mantienen contratos con Flopec hace 10 años, cuando gobernaba Rafael Correa", en palabras de un diario ecuatoriano.
"El presidente no tiene bajo su cuidado recursos de la empresa Flopec, ni de ninguna empresa pública", ratificó Neira. "No se ha establecido cuál habría sido esa distracción de fondos públicos, no hay un análisis económico contable que nos indique en qué habría consistido el pretendido perjuicio", agregó.
Más contenido de Urgente24
Incumplimiento de la Ley de etiquetado frontal: Estudio advierte
Denuncia de Rusia: USA crea Ejército de Siria Libre con ISIS
Multas por tomar mate manejando: De cuánto es el monto
Gabriel Boric acabado: Muere la Izquierda y Constitución antiaborto
Subte: Otro paro de Metrodelegados y les descuentan salarios