El objetivo es Raúl Gorrín, para llegar a Nicolás Maduro. USA ya lo intentó con Alex Saab, y no lo ha conseguido. Pero ¿cómo llegar a Gorrín? Ahí está la explicación del enojo especial con Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa.
NICOLÁS MADURO EN LA MIRA
Castigo a enfermera y marido porque no llevan hasta Raúl Gorrín
Creían que la enfermera y el guardaespaldas llevarían a Raúl Gorrín, una llave que lleve a Nicolás Maduro... pero Gorrín no aparece.
21 de abril de 2023 - 20:55
Raúl Gorrín a la izquierda de Nicolás Maduro.
ExTesorera de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fueron condenados en USA a 15 años de cárcel y 3 años de libertad vigilada por lavado de dinero.
Además deberán restituir US$ 136 millones y pagar una multa de US$ 75.000 cada uno, ordenó el juez William P. Dimitrouleas, en los tribunales de Miami.
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La Fiscalía había pedido sentencias de no menos de 23 años y 5 meses de cárcel para ella y de 19 años y 5 meses para él.
La larga sentencia impuesta al matrimonio, la más dura dictada contra los llamados 'cleptócratas venezolanos', refleja una sanción estadounidense por rechazar un acuerdo de culpabilidad ofrecido por el gobierno, tal como es costumbre en los casos penales.
“Estoy de acuerdo con el gobierno en que los acusados cambiaron drásticamente su vida” de una existencia de clase media a una de jets y yates, dijo el juez William Dimitrouleas. “Ganaron mucho dinero”.
El empresario Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal Globovisión, es buscado por la Justicia estadounidense en relación con los mismos hechos.
El matrimonio
Claudia Patricia Díaz Guillén es sargento técnico de la Armada de Venezuela, ya retirada. Ella fue instrumentista en el Hospital Militar, enfermera en el Hotel Tamanaco, asistente médico en el Hotel Eurobuilding y coordinadora del área de terapia intensiva de la Clínica Leopoldo Aguerrevere.
Ella es la esposa del excapitán Adrián José Velásquez Figueroa ('Guarapiche'), exguardia de honor presidencial de Chávez desde 2005 hasta 2008 al servicio de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
Díaz Guillén y Velásquez Figueroa fueron personas de confianza de Hugo Chávez, conocidos como "la enfermera" y "el guardaespaldas" del exPresidente.
En 2003 ella ingresó al equipo médico de Hugo Chávez.
En agosto de 2008 fue designada por Alí Rodríguez Araque directora general de Egresos (gasto público).
En enero de 2011 fue designada subdirectora de la Oficina Nacional del Tesoro.
En mayo de 2011 ella fue designada por Hugo Chávez, secretaria ejecutiva del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), y Tesorera de Venezuela.
En 2013 se retiró junto a su esposo. Muerto Hugo Chávez, la pareja perdió su protección y quedó bajo sospecha de Nicolás Maduro, quien quería armar su propia trama. Fue cuando se mudaron a República Dominicana y luego a España, mientras la Fiscalía General de Venezuela -AG Tarek Saab- iba detrás. Luego irrumpió USA en escena pero para llegar a Raúl Gorrín.
El caso
El principal imputado en este caso, el empresario venezolano Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal Globovisión, es buscado por la Justicia estadounidense en relación con los mismos hechos. Sigue prófugo.
El también venezolano Gabriel Arturo Jiménez Aray, expropietario del Banco Peravia, en República Dominicana, fue sentenciado en USA a 3 años de prisión en 2019 por conspiración para lavado de dinero.
El 14/04/2016 se conoció la filtración de documentos conocida como Panama Papers.
En la documentación apareció Velásquez Figueroa con una sociedad offshore en las islas Seychelles, archipiélago en el océano Índico: Blekner Associates Limited, registrada el 18/04/2013, propietaria de un terreno de 111.580 m2 en Punta Cana, República Dominicana.
La parcela se habría transferido en US$ 10 millones desde una empresa llamada Settingsun Group, registrada en Islas Vírgenes Británicas.
En los Panama Papers apareció un vínculo entre Gorrín y Velásquez.
En 2016, Claudia Patricia Díaz y Velásquez contrajeron matrimonio y salieron de República Dominicana rumbo a España.
Panama Papers mencionó vuelos desde Venezuela a Santo Domingo y Punta Cana, y la relación del exedecán presidencial, Adrián Velásquez Figueroa, con la firma panameña Mossack Fonseca, para la creación de una empresa en Seychelles, que gestionara sus activos rentables.
Ya se los investigaba al trascender los Papeles de Panamá, y allanadas 3 viviendas que tenía en Caracas en la urbanización San Bernardino donde se encontró documentación, autos de lujo, joyas. También una casa en el pueblo de Galipán (Parque Nacional El Ávila) y otra en el Archipiélago Los Roques.
A ver: nada extraordinario, pero lo suficiente para alentar todas las especulaciones posibles.
El juicio
En la audiencia pública, el matrimonio, acompañado cada uno por su abogado y asistidos por traducción simultánea al español, recibió la sentencia en un juzgado del centro de Miami al que habían llegado esposados.
“Mis padres fueron enviados a Florida, USA, tan rápido que sentí que los habían tomado como rehenes”, escribió David Velásquez Díaz en una carta al juez Dimitrouleas en nombre suyo y de su hermano menor.
Díaz Guillén y Velásquez Figueroa fueron extraditados desde España en 2022 y declarados culpables de lavado de dinero: ella de 2 cargos y él de 3.
La Fiscalía los acusó de acumular una fortuna de US$ 136 millones organizando una red de corrupción que aprovechaba que ella fungía como jefa del Tesoro, para beneficiarse del sistema de control de cambios vigente en Venezuela por entonces.
El fiscal Paul Hayden insistió en su alegato que ambos utilizaron un sistema de lavado de dinero para quebrar la legislación estadounidense.
La abogada de Díaz Guillén, Marissel Descalzo, respondió que los US$ 136 millones mencionados, en ningún caso "se robaron al pueblo de Venezuela".
El abogado de Velásquez Figueroa, Andrew Feldman, dijo que bajo su punto de vista nunca se violentó la legislación estadounidense, ya que los condenados se limitaron a ejecutar transferencias bancarias entre países "sin violar la ley".
Hay un plazo de 14 días para apelar.
Según Descalzo, no hay ningún registro oficial en el que se pueda verificar lo de los US$ 136 millones, y que imagina que "no existe".
Muy probablemente ese dato sea una ventana abierta a la apelación.
Otros casos
Díaz Guillén y su esposo se declararon no culpables y no llegaron a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía, tal como sí hizo el también extesorero venezolano, Alejandro Andrade Cedeño, radicado en USA desde la muerte de Chávez.
Él se declaró culpable y fue sentenciado a 10 años de prisión en 2018, como parte de un acuerdo que incluyó el decomiso de activos por US$ 1.000 millones.
La Justicia estadounidense, con frecuencia, consigue que una persona acuse a otra para reducir su condena; en teoría así se puede encadenar una trama de corrupción. Sin embargo, no es cierto que siempre se aplique con éxito.
En este caso, la Fiscalí se basó en gran medida en el testimonio de uno de los predecesores de Díaz como tesorero, Alejandro Andrade, quien subió al banquillo de los testigos para testificar que el esquema de sobornos que urdió con Gorrín continuó bajo Díaz.
Andrade, también ex oficial de seguridad presidencial, aprovechó una conexión personal con Chávez para ascender en las filas del ejército y el Estado.
Es evidente que la escasa idoneidad de los colaboradores de Chávez para gestionar el dinero venezolano. No queda en evidencia cuál era el rol de Chávez en tanta corrupción.
En 2021, Andrade fue liberado de prisión después de cumplir menos de la mitad de una sentencia de 10 años, como parte de su acuerdo de culpabilidad: entregó US$ 260 millones en efectivo y activos, incluida una mansión frente al mar en Palm Beach, vehículos de lujo, caballos de salto y varios relojes Rolex y Hublot.
¿Y dónde está?
El abogado y empresario Raúl Gorrín Belisario es un prófugo desde 2019.
Luego de la muerte del presidente Hugo Chávez, y las elecciones presidenciales de 2013, Gorrín adquirió el canal de noticias Globovisión, que negociaba desde 1 año antes.
Pero más tarde comenzó una disputa interna en el poder chavista.
A su vez, el Departamento de Justicia de USA acusó a Gorrín de:
- Conspiración para violar la ley contra actos de corrupción.
- Conspiración para cometer lavado de dinero.
- Lavado de dinero a través de Instrumentos monetarios.
La acusación indica que Gorrín pagó más de US$ 1.000 millones en sobornos a 2 altos funcionarios del gobierno venezolano: Gabriel Jiménez y Alejando Andrade, exguardaespaldas de Hugo Chávez, quienes han firmado un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia estadounidense.
En noviembre de 2019, la agencia estadounidense de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), incluyó a Gorrín en la lista de los fugitivos más buscados por USA. Pero la tierra se lo ha devorado.
La Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations o HSI, por sus siglas en inglés) intensificó el pedido de búsqueda y captura de Gorrín.
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