El presidente de Bolivia, Luis Arce derogó su Decreto Supremo N°5.143, de modernización de Derechos Reales. El mandatario denunció que hubo desinformación para desestabilizar el país. Lo cierto es que se había anunciado una movilización en contra. El sindicalismo había exigido la derogación del decreto en 72 horas o el viernes 17/05 una marcha de protesta.
CORRECCIÓN DE UN ERROR
Bolivia intensa: Luis Arce derogó su Decreto 5.143 y denunció desestabilización
El presidente de Bolivia, Luis Arce, derogó su propio decreto de Derechos Reales tras denunciar desinformación con “fines oscuros”.
14 de mayo de 2024 - 19:30
Bolivia rechazó el Decreto de Luis Arce.
Sin duda es una derrota política de Arce. Los críticos afirmaban que el Decreto Supremo 5.143 había sido aprobado 'entre gallos y media noche', y atentaba contra el derecho de propiedad, tanto urbana como rural y generaba un control a la privacidad, entre otras restricciones.
Había sido publicado el 10/04/2024 en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, y se aclaraba que reglamentaba la Ley del 15/11/1887, de Inscripción de Derechos Reales, a fin de modernizarlos.
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Derechos Reales
Los derechos reales son facultades jurídicas que permiten a una persona ejercer poder directo sobre un bien, lo cual incluye su uso, disfrute, disposición y reivindicación.
No se trata de los derechos personales, que son obligaciones entre personas específicas.
Ejemplos comunes de derechos reales son el derecho de propiedad, usufructo, uso, habitación, servidumbres e hipoteca. Estos derechos están regulados por el Código Civil y son oponibles a terceros.
La propiedad es el derecho real más completo, permitiendo usar, disfrutar y disponer de una cosa libremente.
El usufructo permite usar y obtener los benefiicios de un bien, pero no su venta o destrucción.
Las servidumbres son derechos que limitan la propiedad a favor de otra propiedad, tal como el paso por un terreno ajeno.
Los derechos reales son oponibles a terceros, es decir, deben ser respetados por todos.
Sin duda, un tema harto sensible y que si se decidía modificar ameritaba la consulta con toda la sociedad.
El reclamo
Diputados opositores calificaron de inconstitucional e ilegal el Decreto ahora derogado: “Esta materia debe regularse por una ley especial y no por un decreto”, expresó el legislador Carlos Alarcón.
El Gobierno negó que el DS 5143 pretendiera atentar contra el derecho constitucional de los ciudadanos ni contra el patrimonio privado o bienes muebles e inmuebles. Y explicó que la normativa no modificaba ningún aspecto de la Ley de Inscripción de Derechos Reales de 1887, una de las leyes más antiguas del País.
Pero si fue verdadero, fue mal presentado, y cuando esos temas se instalan en la opinión pública, luego es muy difícil revertirlo. Increíble que funcionarios veteranos no lo entiendan.
La viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales, Jessica Saravia Atristaín, había insistido en que la propiedad privada estaba garantizada: “Los únicos que tendrán acceso a la información son los propietarios. La gente puede estar tranquila, el derecho a la propiedad privada se garantiza en la Constitución y en el Decreto”.
Luis Arce no tuvo otra posibilidad que la derogación. Hay que reconocerle que tuvo la precaución de no insistir:
“En esta amplitud que nos ha caracterizado, como Gobierno nacional, hemos atendido una vez más la solicitud de las organizaciones sociales y hemos tomado la decisión de abrogar este decreto supremo para evitar cualquier distorsión, cualquier convulsión social que se esté buscando porque, lo que menos nosotros queremos, es que utilicen este tipo de herramientas para fines políticos y personales”.
La convulsión
Luego, intentó darle un contenido a su propia base electoral: “Hay un plan de convulsión social para las próximas semanas que está en marcha y que quieren utilizar este y otros temas para llevar a la población algo no deseado ”.
“Entendemos también la distorsión que se está dando en la desinformación y sobre todo la manipulación que está teniendo este decreto para estos fines oscuros que la población boliviana no lo merece. Lamentamos que esto haya ido creciendo aceleradamente para distorsionarse y encontrar como si esta medida fuese mala y fuese una medida que vaya en contra de la propiedad privada. La propiedad privada en nuestro gobierno siempre se ha respetado”, declaró.
Legisladores de oposición y del ala del MAS que apoya a Evo Morales, además de sectores sociales, dijeron que se vulneraba el derecho a la propiedad privada a través de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), que registraría a los ciudadanos y sus bienes. Y que el Estado podría revertir propiedades.
Luego se presentaron 2 recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), institución que ordenó la suspensión de su aplicación mientras emitiera un fallo. Mejor no esperar lo inevitable, consideró Arce.
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