Aunque el presidente Alberto Fernández haya dicho que no le interesa conocer el dinero que ganaron las distribuidoras eléctricas, la cuestión enfrentó posiciones dentro de los Equipos Técnicos de la unidad del PJ, que habían desarrollado políticas y propuestas de acciones de gobierno con relación a la Política Energética para los primeros 100 días.
Por las dudas, el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) había puesto al tanto al mandatario de que entre 2016 y 2018, Gas del Norte (+1.475%), Edenor (+1.372%), Ecogas (+1.054%), Camuzzi (+1.038%), Edesur (+1.006%), Edelap (+971%) lideraron el cuadro de ganancias.
Aunque en el mismo lapso, “la generación de energía eléctrica cayó un 5,3% en 2018 en relación a 2015, la producción de gas un 2,8%, el gas licuado de petróleo un 11,4% y el Gas Oil un 5,4%”, según señaló el informe.
De todos modos, no se escucharon ni por lo bajo voces en contra del capítulo del proyecto de ley ingresado al Congreso faculta al PEN a intervenir tanto al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) por el plazo de un año, además de suspende el traspaso de la jurisdicción de las empresas Edenor y Edesur a la órbita de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires.
Sí hubo algún sordo runrún sobre la designación del ingeniero nuclear misionero Sergio Lanziani, a quien no se le reconoce ser demasiado ducho en las arquitecturas financieras del petróleo y la electricidad, las papas que más queman en el sector, y el comentario es que si fue puesto ahí, es porque Alberto confía en él desde que comparten salidas con sus respectivas parejas, muy amigas entre sí desde la infancia compartida en Misiones.
Afuera del reparto de cargos en Energía quedó un conspicuo miembro del Instituto Patria, del núcleo duro cristinista, a la sazón director del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, Federico Bernal, quien ha sido de los más incisivos críticos de la gestión energética macrista.
Fue él quien denunció con nombres y apellidos al terceto que manejaba la succión de privilegios hacia las prestadoras domiciliarias del servicio público de electricidad: Nicolás Caputo, Marcelo Mindlin y Rogelio Pagano (dueño de EDESA -Salta- y de las cuatro distribuidoras bajo jurisdicción bonaerense: EDEN, EDES, EDEA y EDELAP), que concentran el 51% de los usuarios a nivel nacional y el 49% de la demanda total.
Bernal ponía de manifiesto las secuencia del poder en el mercado eléctrico en consonancia con la Casa Rosada:
** Nicky, el amigo del alma de Mauricio Macri, y también accionista de Edesur.
** Mindlin, un empresario funcional y versátil arraigado en la actividad, como lo era durante en tiempos de los K, controla Edenor, y
** Pagano, dueño de EDESA (Salta) y de las 4 distribuidoras bajo jurisdicción, revistaba como ejecutivo del Grupo Pampa antes del desgajamiento.
Nicky y Mindlin sumados cortan el bacalao en materia de centrales de generación y transportistas (Transener y Transba).
La discrepancia en el equipo de los técnicos, en todo caso, aparece sobre los términos que debería aplicar el ENRE mientras dure la emergencia en torno del servicio público de distribución de energía eléctrica de las concesionarias Empresa Distribuidora Norte S.A. (Edenor) y Empresa Distribuidora Sur S.A. (Edesur), conflicto que la anterior Administración intentó circunscribir traspasándole el órgano de control de ambas empresas a un nuevo organismo, el Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE), dependiente de la Ciudad de Buenos Aires, bajo control del PRO, y la provincia, cuya gobernación resignó María Eugenia Vidal a manos de Axel Kicillof.
La particularidad es que iba a ser zorros, como el ex gerente general de Central Puerto -de Nicolás Caputo-, Héctor Sergio Falzone, y el ex director técnico de Edesur, Osvaldo Rolando, cuidando al gallinero, pero ahora la medida fue para atrás y de nuevo tallará el ENRE.
Pinzas a costos pesificados y tarifas dolarizadas
Hasta antes de las primarias de agosto, correspondía incrementar 25% en el Costo Propio de la Distribución (CPD), que impactaría en un 8% en las boletas finales que llegan a usuarios, las cuales también incorporan el valor mayorista (la generación de la electricidad, que tiene contratos en dólares pero con precios pesificados definidos cada trimestre por el Gobierno) y los impuestos.
Al dispararse la inflación por la devaluación PosPASO, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), que es el que define en buena parte cuánto deberán subir las tarifas el año que viene, saltó 11,2% en un mes y siguió así hasta este fin de año.
La secuencia de las tarifas de electricidad muestra que en febrero habían sido subidas el 26% y en marzo otro 14%, con lo lo cual la Jefatura de Gabinete, a cargo de Marcos Peña, se proponía aguardar el inicio de campaña electoral con un colchón tarifario como estrategia, que interrumpió en abril, de manera que se postergaron los incrementos de 4% previsto para mayo y de otro 4% para agosto, totalizando para todo 55,4% por el traslado del costo mayorista de la electricidad, pero eso también fue congelado y el Estado destinará más subsidios para cubrirlo.
En este 2019, las tarifas aumentaron un 43,6%: 26% en febrero por el costo mayorista y otro 14% más acumulativo para retribuir a Edenor y Edesur.
El desbande del IPC a partir de agosto tornaba más inviable aún la recuperación y Macri optó por patear la pelota al verano, mientras se reacomodaba transitoriamente las cargas con las empresas mediante un intercambio de deudas cruzadas entre el Estado nacional y las empresas distribuidoras de energía, que le permitió, por ejemplo, a Edesur evidenciar en su último balance general un elevado nivel de rentabilidad en lo que va de este año, que llega a superar los $10.000 millones.
La Administración Macri les firmó por el congelamiento una compensación en 7 cuotas mensuales consecutivas entre enero y julio 2020, pero a condición de que hubiera acuerdo entre las administraciones de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, traspaso que finalmente abortó el nuevo gobierno.
Había quedado pendiente resolver el reclamo por unos $ 3.500 millones que formulaban Edenor y Edesur por el financiamiento del consumo de electricidad en barrios de emergencia (villas) desde 2011.
Pero sí obtuvieron vista gorda ante maniobras para aumentar la recaudación que perjudicaban a miles de usuarios que pagaban en término en el conurbano bonaerense, en particular en barrios de José C. Paz y La Matanza, como la que hizo Edenor, aunque las ONG´s privadas las llevaron a la justicia, de aplicar el cobro compulsivo de supuestas tareas de mantenimiento de los medidores de luz, que los usuarios nunca habían pedido.
Las notificaciones se hicieron mediante cartas firmadas por el Departamento Negociación de la empresa.
El ENRE las venía apañando por decisión política, en el marco de un resarcimiento a las distribuidoras de las penalizaciones por $700 millones en multas por fallos que alcanzan a más de 20 mil viviendas, que consistió en darles un extenso plazo para pagar las indemnizaciones amparado en el acuerdo para el traspaso de las empresas de la órbita nacional a los gobiernos de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires finalmente trunco.
Una denuncia penal contra el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y el secretario de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico de la Nación, Juan Antonio Garade, por condonarles multas a Edenor y Edesur justificadas en el incumplimiento del nivel de calidad media del servicio eléctrico. El diputado nacional Rodolfo Tailhade, que hizo la presentación, estimó que las empresas deberían resarcir a los usuarios con $7.000.
Es que las empresas “no presentaron índices de medición superiores a la calidad media de referencia, y sin embargo, el gobierno nacional -representado por los funcionarios Gustavo Lopetegui y Juan Antonio Garade- permitió que los montos impuestos por el ente regulador (…) fueran destinados por las mismas compañías a inversiones adicionales, para el período 2017-2021”.
La revista especializada “Mercado Eléctrico”, que dirige Carlos M. Espasande, señala a la incorporación de potencia, a valores altísimos de rentabilidad en dólares, la contribución a formar un precio mayorista del MEM, del orden de 71 US$/MWh, situación que ha permitido seguramente recibir a las empresas intervinientes jugosas ganancias, pero ha dejado aún al Estado Nacional en la situación de tener que pagar vía subsidios el 38% aproximadamente de la demanda, que al año representan del orden de US$ 3.350 millones.
En el medio de las negociaciones se invocaban quebrantos en Edenor y Edesur por aproximadamente $ 300 millones por mes debido al congelamiento, que dieron lugar a advertencias de que la calidad de la prestación podría verse resentida en los siguientes meses y la duración y que la frecuencia de los cortes de luz se extenderían en el próximo verano, tras la etapa de los tarifazos, en que hubo una mejora en este aspecto.
Pero luego del papelón que representó el colapso eléctrico del domingo 16 de junio pasado a las 7.07, en el contexto de una demanda por demás reducida en todo el territorio nacional; llegó en noviembre la falla en un cable de alta tensión de Edesur que une a las subestaciones (SE) Azopardo y Pozos que dejó sin energía eléctrica a más de 80.000 hogares y comercios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
Además, en los barrios de Balvanera, Montserrat, Almagro, Boedo y el microcentro de CABA más de 75.000 usuarios de Edesur y poco más de 7500 de Edenor quedaron sin energía, lo cual las propias empresas adujeron que había sido consecuencia de la ola de calor.
Para cuando lleguen las elevadas temperaturas, el paraguas de las prestadoras quedó abierto.
Con la deuda neta un 408% más elevada por las necesidades de financiamiento de las inversiones en la red de distribución que encaró hasta el momento (52% superiores a la del mismo período del año pasado), según el último balance general presentado por Edesur a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Comisión Nacional de Valores (CNV), la transición de 6 meses de la emergencia seguramente se inicie a media luz y sin aire acondicionado.