Casa Militar denunció espionaje por un informe de Luciana Geuna y, al final, la Justicia determinó que no hubo delito. Otro papelón más de Javier Milei.
Casa Militar denunció espionaje por un informe de Luciana Geuna y, al final, la Justicia determinó que no hubo delito. Otro papelón más de Javier Milei. Foto: Gemini
La denuncia del Gobierno contra Luciana Geuna arrancó como si la Casa Rosada hubiera descubierto una célula infiltrada de la CIA operando entre los pasillos de Balcarce 50. Pero terminó chocando de frente contra algo menos cinematográfico para Javier Milei: que no hubo espionaje y que todo el escándalo montado era penalmente inconsistente.
Para repasar, el conflicto había explotado el 19 de abril de 2026, cuando en el programa "¿Y mañana qué?" de TN se emitió un informe realizado por Nacho Salerno utilizando lentes inteligentes con cámara incorporada para mostrar cómo trabaja un periodista acreditado dentro de Casa Rosada. El material incluía imágenes de circulación interna, sectores comunes y recorridos habituales dentro del edificio presidencial.
La reacción del Gobierno fue bastante desproporcionada, incluso para lo dramático que suele ser el gobierno de Javier Milei. La Casa Militar presentó una denuncia penal hablando de "revelación culposa de secretos políticos y militares", "espionaje ilegal" y "vulneración de la seguridad nacional", como si Salerno hubiera bajado colgado del techo a lo Tom Cruise y no mostrando un pasillo vacío con olor a café.
La denuncia fue presentada el 22 de abril por el jefe de Casa Militar, Sebastián Ibáñez, ante el juzgado federal de Ariel Lijo, arguyendo que el informe podía exponer detalles logísticos sensibles de la seguridad presidencial, sobre todo cuando, a nivel internacional, hay tensiones entre Irán y aliados estratégicos de Argentina como Estados Unidos e Israel.
Pero cuando Pollicita analizó el material completo, el castillo de naipes se cayó. En su dictamen, el fiscal sostuvo que, si bien se incumplieron las normas internas de acreditación, lo que pasó no era ni de cerca espionaje.
Pollicita además añadió: "Las imágenes muestran únicamente espacios físicos y aspectos generales del funcionamiento de un edificio público". Y remató con otro párrafo que dejó expuesto el relato oficinal: "No se obtuvieron ni revelaron al público imágenes que exhiban espacios secretos ni compatibles con la inspección de despachos".
El dato más incómodo para el Gobierno es que el fiscal recordó que muchas de esas imágenes ya están disponibles públicamente en Google Maps, YouTube, visitas guiadas y hasta en contenidos oficiales de Casa Rosada. O sea, después de días instalando Watergate, la causa terminó pareciendo más a alguien descubriendo tarde internet.
La fiscalía también aclaró algo importante: el Derecho Penal tiene que ser la última herramienta del Estado y no un garrote para disciplinar periodistas. Por eso Pollicita pidió directamente la desestimación de la causa y el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito.
Si el expediente judicial ya era delicado para el oficialismo, en redes sociales se agravó más el cuadro político. Porque Javier Milei respaldó institucionalmente la denuncia y convirtió el caso en una cruzada personal contra Geuna, Salerno y buena parte del periodismo acreditado.
Desde su cuenta de X compartió posteos donde trató a los periodistas de "basuras repugnantes", "delincuentes" y "basura mentirosa". Incluso difundió montajes donde Geuna aparecía presa. Uno de los mensajes más virales del Presidente decía: "Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes."
Sin embargo, al saberse la resolución, X (ex Twitter) se llenó de comentarios compartiendo la noticia, e incluso celebrando esto como un "golpe al Gobierno".
Recordemos también que la Casa Rosada se olvidó de la democracia y tomó medidas inéditas, como la suspensión de acreditaciones, el cierre temporal de la sala de prensa, al eliminación de huellas biométricas y restricciones específicas para TN y El Trece. Todo eso por un informe que para la Justicia no tenía relevancia penal.
Al final, todo quedó como una especie de remake de Minority Report, pero con funcionarios viendo conspiraciones en corredores vacíos y una causa judicial que, después de tanta espuma, quedó más flaca que el presupuesto universitario.
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