Una madre ganó la batalla por la educación integral de su hija discapacitada

La madre, en representación de su hija discapacitada, había promovido un reclamo al derecho de la menor a una educación inclusiva: los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti analizaron el caso y revocaron la decisión inicial del tribunal superior de justicia entrerriano que había rechazado la acción de amparo.

Los ministros fueron especialmente duros con sus pares mesopotámicos:

"Los jueces intervinientes tenían el deber de actuar con premura y brindar una respuesta jurisdiccional que no se detuviera en formalismos que privaran a la actora del acceso a la jurisdicción".

CSJN en 2026: De izq. a der.: Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, presidente.

La impulsora de la demanda había pedido "el cese inmediato de la conducta lesiva y omisiva consistente en denegarle el derecho a la educación inclusiva“ a su propia hija.

Concretamente, pidió "la implementación de un Proyecto Pedagógico Individual” para garantizar la educación completa.

Un juez de primera instancia hizo lugar a la acción de amparo y ordenó que, en el plazo de veinte días corridos, elaborara un Proyecto Pedagógico Individual para la inclusión escolar de la adolescente en la localidad de Rosario del Tala. Sin embargo, la El Estado provincial apeló y el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos rechazó la acción de amparo de la madre por entender que existía un procedimiento administrativo. Un juez de primera instancia hizo lugar a la acción de amparo y ordenó que, en el plazo de veinte días corridos, elaborara un Proyecto Pedagógico Individual para la inclusión escolar de la adolescente en la localidad de Rosario del Tala. Sin embargo, la El Estado provincial apeló y el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos rechazó la acción de amparo de la madre por entender que existía un procedimiento administrativo.

Rosario del Tala, Entre Ríos

La Corte Suprema, última esperanza

La mujer apeló a la instancia federal y en la Nación le dieron la razón dejando sin efecto la sentencia apelada. Además, ordenó que se dicte un nuevo pronunciamiento con la premura que el caso amerita.

Para los ocupantes del Cuarto Piso del Palacio de Talcahuano al 500, el Superior Tribunal provincial incurrió en un exceso ritual manifiesto al rechazar el amparo por un procedimiento administrativo previo que además ya estaba concluido.

Según el fallo de Lorenzetti, Rosatti y Rosenkrantz, "El superior tribunal de la causa se limitó a aludir a un procedimiento administrativo previo sin analizar en forma pormenorizada si constituía una instancia útil para la salvaguarda de los derechos de la menor de edad”.

Frente a ello, los jueces intervinientes tenían el deber de actuar con premura y brindar una respuesta jurisdiccional que, atendiendo a los derechos involucrados, no se detuviera en formalismos que privaran a la actora del acceso a la jurisdicción. Frente a ello, los jueces intervinientes tenían el deber de actuar con premura y brindar una respuesta jurisdiccional que, atendiendo a los derechos involucrados, no se detuviera en formalismos que privaran a la actora del acceso a la jurisdicción.

FUENTE: CSJN