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Falta una emergencia: la de los contribuyentes que pagan un Estado obeso

Lun, 06/01/2020 - 6:01pm
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Es habitual que cada funcionario que se incorpora a un gobierno quiera manejarse con “su gente” y pugne antes que nada por los nombramientos, lo cual afecta la estructura organizacional de la Administración Pública Nacional. El elenco de gestión se va conformando, inclusive en cambiantes etapas dentro del mismo mandato presidencial, más con superposiciones y exoneraciones “políticas” que siguiendo un criterio de eficiencia en la labor y racionalidad administrativa. Sucedió con Mauricio Macri, quien arrancó con 18 ministerios, los llevó a 23 para finalmente bajarlos a 13 a los ojos del FMI. Y en 4 años pasó de 69 secretarías a 85, de 165 subsecretarías a 204, de 290 direcciones nacionales a 398 y de 127 direcciones generales a 144, según datos de CIPPEC. Pero Alberto Fernández no ha mejorado esa performance porque comenzó agregando 8 ministerios (en total, 21) y 4 secretarías de alto rango, que involucran contrataciones diversas para completar el esqueleto burocrático. La política considera “inversión” a este entramado de RRHH, cuando en verdad es una suma de gastos, que incluyen el previsional y alejan una necesaria reforma tributaria que alivie a los contribuyentes.   

La ilustración es notable para definir la relación entre el contribuyente y el Fisco.
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El decreto N°1 que firmó Alberto Fernández al asumir la Presidencia, y publicó en el Boletín Oficial, fue el que eleva a 21 la cantidad de ministerios y a 4 las Secretarías de Estado con rango de ministerio.

Su antecesor, Mauricio Macri, había dejado 13 ministerios, de los 18 recibidos en 2015 de Cristina Fernández de Kirchner, y que alcanzaron un máximo de 23 a fines de 2016.

Entre 2015 y 2019, la estructura organizacional de la Administración Pública Nacional central creció ya que, a la reducción de altos cargos en ministerios, subsecretarías y direcciones generales, se contrapuso un incremento en las escalas intermedias de personal (secretarías y direcciones nacionales), según consignó CIPPEC, en su informe “GPS del Estado- Radiografía y balance de la Administración Pública Nacional 2015–2019”.

CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) y el PRO mantuvieron una relación fluida durante un tiempo.

Por ejemplo, Miguel Braun, secretario de Comercio de Macri, fue cofundador y fue director ejecutivo de CIPPEC.

Fernando Straface, también cofundador del CIPPEC, reemplazó a Marcos Peña como secretario general del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y sigue en funciones.

Otro cofundador de CIPPEC fue el efímero intendente de Pilar por el PRO, Nicolás Ducoté.

No obstante, a fines de 2019, CIPPEC difundió su estudio, que concluyó que el gabinete de Macri "es uno de los más grandes de América latina, y también desde la vuelta de la democracia en la Argentina desde 1983".

El problema de Alberto F. es que no mejoró semejante desatino aunque tiene un fundamento: la unidad del peronismo, eje del discurso del Presidente de la Nación, puertas adentro.

La lógica partidaria argentina establece que la convocatoria gubernamental se asegura convocando a un abanico de colaboradores que representen a todas las 'líneas internas' que ayudaron en el comicio. Hay quienes cometen el desatino de elucubrar que la gobernabilidad depende de esa abundancia. Si fuese cierto, es una democracia precaria.

La 'unidad' que el peronismo perdió entre Carlos Menem y Eduardo Duhalde, y nunca recuperó con los Kirchner, es un motivo de orgullo y fortaleza de Alberto F. pero, al parecer, mantenerlo es caro para los contribuyentes.

El concepto del Estado como propiedad de la política es difícil de modificar y por supuesto que va más allá de Macri y de Alberto F. pero en algún momento alguien debería comenzar a modificarlo. La llamada 'cultura política' argentina es contraria a la tecnocracia y a la capacitación profesional del funcionario público.

La irregularidad es consentida y hasta estimulada por los sindicatos tales como la Asociación de Trabajadores del Estado, la Unión del Personal Civil de la Nación y otros porque así los gremialistas obtienen privilegios para familiares y amigos, y sostienen un régimen laboral de productividad muy discutible.

Es una obviedad que el empleo en el Estado como seguro de desempleo es compatible con una pirámide organizacional obesa y, a causa de que un desatino lleva a otro, es el camino obvio hacia la tolerancia de irregularidades.

Los nombramientos que realiza el nuevo gobierno amplía y 'reperfila' la estructura heredada de la Administración Pública Nacional, que se había reducido 3 puntos el gasto público en el período 2015 / 2019, consecuencia de la elevadísima inflación y no de decisiones políticas.

Pero Macri arribó a la Casa Rosada decidido a repetir su gestión en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde nunca ocurrió una reducción del gasto sino un crecimiento de los recursos vía ABL y otros ingresos que los porteños 'gorilas' (dirían en el peronismo) aceptan pagar como un 'costo anti K'.

En el 1er. año de gestión hizo crecer el andamiaje burocrático administrativo en sus distintos niveles y no con finalidad social alguna: 

** los ministerios pasaron de 18 a 23; 
** las secretarías de 69 a 85; 
** las subsecretarías de 165 a 204; 
** las direcciones nacionales de 290 a 398, y 
** las direcciones generales de 127 a 144.

Macri hizo crecer 32% la estructura organizacional de la APN central entre 2015 y 2017, para luego reducirla 22% entre 2017 y 2019, cuando en septiembre de 2018, con el Fondo Monetario Internacional soplándole en la nuca, eliminó 10 ministerios para dar una señal de austeridad fiscal. 

Sin embargo, en la práctica fueron absorbidos como Secretarías en las órbitas de grandes estructuras ministeriales, según CIPPEC.

Ausencia de profesionalización

La baja estabilidad que durante los últimos 4 años caracterizó a la planta de secretarios, subsecretarios, directores nacionales y generales (o sea técnicos) son indicativos de la inexistencia de políticas de profesionalización, procesos meritocráticos de selección y de trayectoria profesional con cierta independencia de los vaivenes políticos, conforme al 'think tank'.

¿Qué dirá Gustavo Béliz, quien en los años '90 intentó concretar la más interesante apuesta por la profesionalización de la Administración Nacional, pero su paso por la Secretaría de la Función Público y la promoción del SINAPA (Sistema Nacional de la Profesión Administrativa) fue breve?

Hasta que se devele esta incógnita, el Ejecutivo decidió meter mano en las jubilaciones y pensiones que exceden el mínimo de $19.000, mediante la suspensión por ley de emergencia de la movilidad, medida que el Instituto para el Estudio de la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) cuantificó en un recorte del gasto de más de 2 puntos del PBI. 

Ieral explica que pasaría de representar casi la mitad del gasto público primario (excluido el pago de intereses de la deuda) al 46,8%, si es que los pasivos con haberes superiores a la mínima pierden contra la inflación estimada en 2020, o del 48% en la hipótesis de que todos le ganen a la suba generalizada de los precios.

En verdad, una decisión polémica porque ¿por qué transgredir los compromisos jurídicos y morales con los jubilados y no apostar, por ejemplo, a igualar la edad jubilatorio del hombre y la mujer, algo lógico probablemente en los tiempos de la igualdad de género?

De todos modos, un grave problema consiste en que el Sistema de Seguridad Social no progresa en su recaudación según su necesidad.

El motivo es múltiple: no sólo por el impacto negativo de la retracción de la economía sobre el empleo y los salarios, sino por el sistemático fracaso en la reducción del empleo informal, a causa de una estructura de contratación extremadamente onerosa para el empleador.

Sin embargo, hasta la fecha, cualquier reforma laboral es, para los sindicatos, una aberración aún cuando no se trate de revisar el privilegio que le concedió el general Juan Carlos Onganía a Augusto Timoteo Vandor a cambio de rebelarse contra Juan Perón: las obras sociales.

El fondo de todo es el rechazo al cambio de la sociedad argentina, que vive de la melancolía de que todo tiempo pasado fue mejor. Así se transita por un conjunto de cotos de caza, privilegios y prebendas sacrosantos, y ciudadanos que deben pagarlo todo.

Sin duda es una enorme necesidad iniciar el cambio pero no ocurrirá ahora, en días de 9 emergencias simultáneas que no incluyen la emergencia de los contribuyentes ni del gasto público.
 

Comentarios

Respecto de Chorny, en Misiones diríamos: NO TIENE CURA COMO LA IGLESIA (EN RUINAS ) DE SAN IGNACIO.