Si cae el DNU 70, las Prepagas necesitarán autorización para aumentos: Qué proyecta el gobierno

De rechazarse el decreto de necesidad y urgencia 70 (DNU 70) por parte del Congreso, quedaría sin efecto la liberación de las cuotas de las prepaga, que dispuso el Gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023 a través de esa norma. Pero podría apelar a vía...

Es que, de lo contrario, volverían a regir los artículos de la ley 26.682 que le asignaban al Estado la función de autorizar cada incremento de precios de los planes de salud.

EL DNU 70 fue rechazado por el Senado en marzo de 2024, pero desde entonces no se trató en Diputados, pero ahora por impulso de la oposición, este jueves 15/10 será considerado en el recinto.

Si se suma el rechazo de la Cámara Baja al del Senado, quedaría sin validez el decreto que Javier Milei firmó apenas iniciada su gestión, y que contempla diversas cuestiones, entre ellas, los dos puntos de la ley de regulación de prepagas, la 26.682.

Por un lado, se derogó el inciso g del artículo 5, que le otorgaba a la Superintendencia de Servicios de Salud la función de autorizar y revisar los valores de las cuotas.

Y se eliminó la parte del artículo 17 que especificaba que la autoridad de aplicación (la Superintendencia) era la encargada de validar el aumento de los valores cuando esa suba estuviera justificada "en variaciones de la estructura de costos" y en un "razonable cálculo actuarial de riesgos".

¿Nueva fórmula?

Si bien la ley de prepagas es de 2011, durante años no se fijó un mecanismo para el reajuste de las cuotas que, de todas formas, no estaban liberadas.

Los incrementos dependían de la autorización de las autoridades del área. En 2022, y luego de la etapa de la pandemia de Covid-19, durante la cual los precios estuvieron varios meses congelados, se aprobó un Índice de Costos de Salud, cuya variación definió durante un año y medio los porcentajes máximos de las subas que podían aplicar las prepagas a sus afiliados, y también los reajustes mínimos que esas entidades financiadoras debían trasladar a los aranceles percibidos por los prestadores de servicios.

Ahora, ¿podría volver ese mecanismo si cayera el DNU 70? ¿O habría nuevas medidas?

Cierto es que sin el decreto, regresaría la regla de que el Estado debe autorizar los aumentos. Pero el Gobierno podría disponer otra fórmula o, incluso, podría insistir con derogar la intervención estatal.

En medio de la tensión con los industriales de la UIA por la caída de la actividad, las protestas gremiales de ATE contra los despidos en OSFA y la constante contracción de las reservas del Banco Central, al gobierno de Javier Milei "no le entran las balas".

En el área de Salud del gobierno nacional señalaron que "todas las iniciativas que están en el Congreso se monitorean, y se evalúan distintos escenarios y sus eventuales consecuencias". Ante una consulta de diario 'La Nación', aclararon que no hay nada definido hasta el momento: " Hay que ver qué pasa en el Congreso y en función de eso se verá", agregaron.

Qué dicen en el sector

"Es un tema que preocupa por sus consecuencias sobre el financiamiento de la salud y la previsibilidad que necesita el sistema", dijo Hugo Magonza, presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), la entidad que reúne a diferentes cámaras y asociaciones del sector.

"La eventual derogación pondría en discusión el esquema, aunque conviene ser prudentes: existe una cuestión jurídica respecto de si las disposiciones anteriores recuperarían vigencia automáticamente o necesitarían una restitución expresa -apuntó-. Tampoco el rechazo parlamentario por sí solo significaría anular todos los aumentos durante la vigencia del decreto".

Cambio conflictivo

Según un informe de la asociación de prestadores Adecra-Cedim, a partir de la desregulación de las subas se logró reducir a la mitad la brecha entre el incremento de los costos de dar prestaciones y la suba de los aranceles que las clínicas y centros de salud les cobran a las prepagas.

Según Magonza, "volver a condicionar los ingresos a autorizaciones que puedan quedar rezagadas respecto de los costos de la atención afectaría a toda la cadena".

Además afirmó que modificar las reglas "agregaría inseguridad jurídica" y "profundizaría la incertidumbre de un sistema desfinanciado".

Claro que, del otro lado, la situación no es la mismao... "Necesitamos soluciones que permitan preservar tanto el acceso de las personas como la capacidad de las instituciones y los profesionales para atenderlas", concluyó.

Para terminar, vale recordar que en las últimas décadas no hubo iniciativas que hayan avanzado para abordar los problemas de financiamiento de la salud, sin que la única respuesta sea la suba de las cuotas...