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TENSIÓN

El Consejo de la Magistratura, rehén de la política: seis bancas en disputa y una feroz pelea por el poder

Crece la disputa por el control del Consejo de la Magistratura y el Congreso es el mayor foco de tensión.

El reparto de poder en el Consejo de la Magistratura abrió un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno nacional, el peronismo, el PRO y los gobernadores. El organismo encargado de intervenir en la selección y la acusación de magistrados debía completar este jueves su renovación, pero las diferencias políticas y una controversia judicial dejaron seis lugares sin resolver.

Con los mandatos anteriores vencidos, la incertidumbre gira en torno a cinco representantes del Congreso y uno del ámbito académico. Si bien esta situación no paraliza la administración del Poder Judicial, demora la convocatoria al primer plenario de la nueva conformación.

Este jueves prestaron juramento el viceministro de Justicia, Santiago Viola, en representación del Poder Ejecutivo, y el rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea, por el sector académico. Ambos asumieron ante el presidente de la Corte Suprema y titular del Consejo, Horacio Rosatti, en presencia de Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Los representantes de los jueces y los abogados ya habían jurado durante las primeras semanas de noviembre. El principal obstáculo para completar el organismo se encuentra ahora en el Congreso.

Los gobernadores desafían al Gobierno y al PRO

La sesión fallida del miércoles en Diputados dejó en evidencia que las negociaciones por el Consejo de la Magistratura también condicionan la agenda legislativa del oficialismo.

Los legisladores que responden a los gobernadores Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro ingresaron al recinto, pero evitaron sentarse en sus bancas e impidieron que se alcanzara el quórum.

Detrás de esa decisión está el reclamo de Provincias Unidas, que cuenta con 18 diputados y pretende colocar al cordobés Juan Brügge en el Consejo. El PRO, con 12 integrantes, negocia con La Libertad Avanza para quedarse con ese mismo lugar e impulsar a Florencia De Sensi, cercana a Cristian Ritondo.

Por su parte, el oficialismo ya comunicó los nombres de Gonzalo Roca y Giselle Castelnuovo, ambos vinculados al armado político de los Menem. Unión por la Patria tendrá como representante a Guillermo Michel, dirigente cercano a Sergio Massa cuya designación contó con el aval de Cristina Kirchner.

La pelea en el Senado quedó en manos de Victoria Villarruel

En la Cámara alta, la discusión es todavía más compleja. La legislación establece que dos de los cuatro representantes corresponden al bloque más numeroso, mientras que las bancadas que le siguen reciben un lugar cada una.

El conflicto se agudizó a fines de octubre, cuando el senador riojano Fernando Rejal regresó al bloque justicialista conducido por José Mayans. Con su incorporación, el peronismo alcanzó los 22 integrantes y superó por uno a La Libertad Avanza.

Los libertarios cuestionan ese movimiento y sostienen que, para distribuir los lugares, debe considerarse la composición que tenía el Senado al 1° de marzo.

Ante la falta de consenso, Patricia Bullrich y José Mayans acordaron dejar la definición en manos de la vicepresidenta Victoria Villarruel, encargada de firmar las designaciones. Sin embargo, ninguna de las partes descarta que la controversia termine en los tribunales.

El peronismo impulsa a Eduardo “Wado” de Pedro y, en caso de conseguir una segunda banca, a Florencia López. La Libertad Avanza propone a Nadia Márquez y Belén Montes de Oca, mientras que el radicalismo todavía debe resolver entre Eduardo Vischi y Maximiliano Abad.

Un Consejo fragmentado y sin mayorías propias

La disputa también alcanzó al sector académico, donde las diferencias entre la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Interuniversitario Nacional por el mecanismo de elección del segundo representante deberán resolverse en la Justicia. La jueza María Servini convocó a una audiencia para el próximo miércoles.

La distribución de fuerzas anticipa un escenario complejo para el funcionamiento del organismo. El Consejo está integrado por 20 miembros y necesita 12 para alcanzar el quórum. Además, decisiones trascendentales, como la aprobación de ternas para cubrir vacantes judiciales o la acusación de magistrados, requieren el respaldo de dos tercios de los presentes.

Con todos sus integrantes participando, serían necesarios 14 votos para avanzar y apenas siete para bloquear una decisión.

Sin un sector con capacidad suficiente para imponer sus decisiones por cuenta propia, las negociaciones políticas serán determinantes. Y mientras el Poder Judicial acumula vacantes y concursos pendientes, buena parte de la atención de los dirigentes sigue concentrada en quién consigue quedarse con una porción del poder dentro del organismo.

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FUENTE: URGENTE24

En pocas palabras

  • Feroz pelea por el poder: El Consejo de la Magistratura está paralizado por disputas políticas que impiden completar seis bancas.
  • Congreso y Senado, focos de conflicto: Gobernadores, PRO y oficialismo negocian lugares clave, mientras en el Senado la definición está en manos de Victoria Villarruel.
  • Justicia en vilo: La fragmentación del Consejo dificulta la toma de decisiones cruciales para el Poder Judicial, con vacantes y concursos pendientes.
Resumen generado por Thinkindot AI