El Gobierno de Javier Milei avanzó con la privatización total de Intercargo mediante una licitación pública nacional e internacional donde venderá el 100% de sus acciones y anunció la rescisión del contrato de concesión exclusivo para la explotación del servicio de rampas en los aeropuertos.
DEBATE
Intercargo: El Gobierno autorizó hoy la privatización total y ya se habla de pasajes más caros
El gobierno oficializó la privatización de Intercargo, que presta el servicio de rampas en aeropuertos, y los expertos salieron a advertir por las consecuencias para los pasajeros (hay debate).
La decisión fue formalizada hoy con el Decreto 198/2025 publicado en el Boletín Oficial al autorizar "el procedimiento para la privatización total de Intercargo S.A.U. bajo la modalidad de venta de acciones", y confirmada con un reposteo del mismo Javier Milei en su cuenta de 'X' :
Cabe mencionar que Intercargo es una empresa estatal, específicamente una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU), cuyo dueño es el gobierno nacional de Argentina.
Y que la quita de la exclusividad en la operatoria ya se había instrumentado en la práctica, con la desregulación del sector aéreo que implementó el Ejecutivo, tras los sucesivos paros que tuvieron del año pasado. Desde la apertura dispuesta, se autorizaron a las empresas Air Class Cargo y Fly Seg a brindar los mismos servicios que prestaba antes aúnicamente Intercargo.
Debate por el impacto para los pasajeros
Pero, ¿qué impacto podría tener para los pasajeros que el sector privado tome el control absoluto de estos servicios?
Desde algunos sectores vinculados a la aviación expresaron su preocupación por la seguridad y los costos operativos.
Expertos del sector aerocomercial advierten que la falta de regulación estricta podría derivar en aumentos de tarifas para las aerolíneas, que podrían trasladarse a los pasajeros en el precio de los pasajes.
En cuanto a la calidad del servicio, mientras que el gobierno sostiene que la desregulación permitirá una mayor eficiencia y competitividad, algunos especialistas advierten sobre el riesgo de monopolización del servicio y la falta de garantías para mantener estándares adecuados.
Reacciones en el sector
Si bien según el decreto publicado, la decisión se basa en la necesidad de modernizar y eficientizar el sector aerocomercial, opositores a la medida consideran que la venta de la empresa podría derivar en una pérdida de control estatal sobre un servicio estratégico.
Mientras tanto, la discusión sobre el rol del Estado en la regulación de los servicios aeroportuarios sigue abierta, y el impacto real de esta decisión se verá reflejado en los próximos meses...
Economía, a cargo de la privatización
Por lo pronto, con el decreto 198/2025 se dispuso que será el Ministerio de Economía el que estará a cargo de cumplimentar el proceso de privatización, junto con la intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Agencia de Transformación de Empresas Públicas", y deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar que el curso de la privatización " no afecte la continuidad de la prestación del servicio aeroportuario o de rampa, asegurando la conectividad nacional e internacional".
Según se determinó, la privatización de la empresa se llevará a cabo con la venta del 100% de las acciones "mediante el procedimiento de licitación pública de alcance nacional e internacional, en los términos de la Ley N° 23.696 y sus modificatorias".
Además, estableció "la rescisión por mutuo acuerdo del contrato de concesión vigente celebrado entre el Estado Nacional e Intercargo S.A.U. para la explotación con carácter exclusivo del Servicio Único de Atención en tierra a aeronaves (RAMPA), previo al perfeccionamiento de la venta de las acciones".
Los fundamentos
Al fundamentar la medida, expuso que "la participación en el mercado de Intercargo S.A.U., durante el período 2020-2023 ha requerido la asistencia del Estado Nacional por aproximadamente el valor nominal de $6.700.000.000 con el fin de cubrir las necesidades financieras y operar en cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad exigibles".
Sobre dicho aspecto, precisó que "en el marco de la política de reducción del sobredimensionamiento estatal y reducción del déficit, con el objetivo de mantener el equilibrio de las cuentas públicas, en sintonía con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley de Bases, el Estado Nacional ha dejado de brindar asistencia financiera a Intercargo S.A.U. desde el inicio del año 2024".
Y continuó: "el contexto de desregulación, apertura del mercado y modernización impone la necesidad de realizar importantes inversiones”, que la empresa en cuestión "no se encuentra en condiciones de llevar adelante con recursos propios y sin la asistencia financiera del Estado Nacional".
La postura del Gobierno
Asimismo, el Ejecutivo argumentó que "resulta indispensable fortalecer las condiciones del proceso de libre mercado para contribuir a que los operadores privados, libres de interferencias estatales innecesarias y en un marco de genuina competencia, lleven adelante las inversiones que se requieren para mejorar los servicios de transporte y depósito de bienes y mercadería en los espacios aeroportuarios del país, resultando inviable realizar dichas mejoras con el aporte de fondos públicos del Estado Nacional".
Ante este marco, consideró que "resulta necesario proceder a la privatización total de Intercargo S.A.U. con el fin de contribuir directamente a la modernización del transporte y depósito de bienes y mercaderías en los aeropuertos que integran el Sistema Nacional de Aeropuertos, con la consiguiente mejora de los precios, la calidad del servicio, en beneficio de los usuarios y pasajeros, y a la consolidación del sector aerocomercial como un pilar fundamental para impulsar el crecimiento económico de la República Argentina".
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