El último informe de IDESA, que toma datos del Ministerio de Economía sobre Valor Bruto de la Producción y del INdEC sobre fuentes de generación de ingresos, afirma que se puede estimar la parte de la facturación que las empresas de energía eléctrica, gas y agua reciben como pago de los usuarios y la que reciben como subsidios del Estado.
Así, según estas fuentes, para el año 2021 se observa que:
- El 54% de la facturación proviene del pago de los usuarios.
- El otro 46% de la facturación proviene de los subsidios del Estado.
"Un ejemplo claro es la empresa AySA. Esta empresa estatal es una concesionaria de servicios públicos de agua potable y tratamiento de desagües cloacales que brinda sus servicios solamente a la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del Conurbano bonaerense.
La semana pasada, en un decreto publicado en el Boletín Oficial, Sergio Massa, aprobó su balance anual, aún cuando tiene un resultado financiero de $80.000 millones de pérdida para este año y existen proyecciones para aumentar aún más la planta de personal. Al ser una empresa propiedad del Estado Nacional ese déficit será financiado con los impuestos que todos los argentinos pagan al Estado Nacional. En las provincias, cuando la empresa de agua y cloacas entra en déficit, quien financia el desequilibrio es la propia provincia"
Tal como afirma el informe, el ministro de Economía y esposo de Galmarini, avaló que Aysa pierda casi $80.000 millones este año. Y esta es solo una de las 5 empresas públicas de mayor asistencia y creciente dotación de empleados.
"Con tarifas que no cubren sus gastos, recibe aportes del Estado", afirma el informe, que agrega que:
Y sentencia que "el planteo general debe ser que las tarifas reflejen los verdaderos costos de los servicios y que las tarifas sociales, administradas y financiadas por las provincias, incluyendo CABA y la provincia de Buenos Aires por el Conurbano, solo contemplen a las familias de menores ingresos.
La Nación tiene que dejar de hacerse cargo de la regulación y la gestión de las empresas de servicios públicos del AMBA porque la constitución establece que son funciones puramente provinciales".
Concluye IDESA que "ordenar el Estado y disminuir el déficit fiscal mediante la eliminación de los subsidios a los servicios públicos, evitaría tener que recurrir a la emisión monetaria y sus consecuencias sobre la inflación".
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