Hace 15 días, la secretaría de Energía del Gobierno de Alberto Fernández habría solicitado al Banco Central (BCRA) datos bancarios de miles de usuarios de las distribuidoras de luz y gas para avanzar con algún esquema de segmentación de tarifas.
¿VIOLAN EL SECRETO?
Atención: Los datos bancarios en los que hurga el Gobierno para segmentar tarifas
Para avanzar con la segmentación tarifaria, el Gobierno pide información financiera de miles de clientes, y afirma que no estaría violando el secreto bancario.
El tema es polémico pero también dificultoso para el Gobierno que no logra resolver un obstáculo clave: el de vincular al titular del CUIT con su lugar efectivo de residencia.
"La secretaría de Energía le solicitó hace 15 días al Banco Central información financiera de miles de clientes de las distribuidoras de luz y gas para explorar alternativas de segmentación tarifaria de acuerdo al poder adquisitivo de la población", publicó el sitio 'EconoJournal' en base a la confirmación de 3 fuentes oficiales.
Más precisamente, el pedido de información al Banco Central fue realizado por la subsecretaría de Coordinación Institucional que conduce Santiago Yanotti, un hombre de confianza del secretario de Energía, Darío Martínez.
"Lo que se pidió (al Banco Central) son datos públicos que no violan el secreto bancario", se excusaron. Es que el secreto bancario corre sobre las operaciones pasivas (los depósitos) y no alcanza a las activas (préstamos y créditos) o cambiarias.
"Cualquiera puede poner el CUIT en la central de deudores y saber el nivel de crédito y la condición crediticia de una persona", explicó una fuente del sector financiero.
El nivel de crédito disponible en la tarjeta es un indicador que puede tomarse como parámetro para avanzar con la segmentación tarifaria, pero el problema surge cuando se intenta precisar donde vive efectivamente esa persona.
El tema es que hay muchas facturas que no están a nombre de quienes viven en la vivienda sino de dueños anteriores.
En este marco, aplicar la segmentación de acuerdo al poder adquisitivo estimado de quien figura en esa factura puede derivar en múltiples reclamos.
En el Gobierno incluso se evaluó realizar una campaña para que los usuarios actualicen la titularidad de los servicios y así evitar quejas posteriores, pero así como hay algunos que se beneficiarían poniendo las facturas a su nombre, otros podrían verlo como un riesgo e incluso hacer lo contrario.
"Si avanzan con ese tipo de segmentación, alguna gente va a empezar a poner los servicios a nombre de los hijos o de los padres", señaló una fuente de una de las empresas según el mencionado sitio.
El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ya enfrentó estas dificultades cuando intentó aplicar un esquema de segmentación a partir de 2011, el cual finalmente quedó restringido a la quita de subsidios en algunas zonas geográficas puntuales como Puerto Madero, Recoleta y el corredor Libertador.
"Los datos que se pidieron no nos sirven para segmentar. No se los va a utilizar. Estamos analizando otras variables", aclararon luego.
Otras informaciones solicitadas
Una información similar había sido solicitada al BCRA a comienzos de año por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que responde en los hechos al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, pero ahora el funcionario afirma no estar ocupándose del tema.
Así lo expresó en una reunión que mantuvo con representantes de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA), donde aclaró que es Yanotti quien está explorando alternativas de segmentación tarifaria. Tras la respuesta, desde ADEERA se comprometieron a acercar propuestas a la secretaría de Energía.












