CÓRDOBA. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se encuentra en tensión máxima desde hace varios meses por la falta de divisas que Argentina sufre en sus arcas de reserva en el Banco Central. El organismo, encargado de ejecutar imposiciones del Estado Nacional, trabaja al máximo para encontrar cada centavo de dólar que le corresponda a la Rosada.
En ese orden, la persecución de bienes suntuosos es una de las medidas más fuertes en las últimas semanas. Desde autos de lujo, placas de minado de criptomonedas y equipos de golf, hasta helicópteros.
Precisamente, las aeronaves son objeto de una investigación masiva que AFIP lleva adelante hace algunos días, en el marco de una causa que está en manos del fiscal federal Eduardo Taiano. El procedimiento busca identificar sobreprecios en la compra de helicópteros tanto oficiales como privados en diferentes provincias.
Uno de ellos se encuentra en Córdoba y actualmente pertenece a la flota oficial del Gobierno de la provincia. Se trata de un Airbus H145, adquirido en 2022 por 9.500.000 dólares estadounidenses con capacidad de vuelvo diurno y nocturno que puede ser utilizado para tareas como lucha contra incendios; evacuaciones sanitarias; rescates; traslados de personas y víveres; recorridos de líneas de alta tensión; controles de seguridad; asistencias a distintos puntos de la provincia, entre otras actividades.
Alrededor de esa aeronave subyace una sospecha de sobreprecio que fue informada en la causa. Según la investigación de AFIP, el helicóptero fue exportado desde Alemania por Airbus Helicopters Deutschland GMBH, bajo la declaración MRN 22DE740269684842E4, a la empresa Airbus Chile SPA, a un valor de 8.142.284 de dólares.
Luego, la filial chilena de Airbus habría vendido a la Provincia el helicóptero por los 9.5 millones mencionados, registrando una diferencia de precio de 1.357.716 de dólares, según informó Infobae. No obstante, el Gobierno de Córdoba estaría en condiciones de justificar la diferencia de precio.
Según precisaron fuentes allegadas al Centro Cívico cordobés, la compra fue realizada directamente a la filial chilena. Además, los gastos no solo se limitaron a la compra de la aeronave, sino también a la formación de al menos cuatro pilotos que fueron entrenados por Airbus, el traslado del helicóptero desarmado hasta Córdoba, el pintado especial en Chile, la instalación de equipos especiales en la nave para combatir incendios y rescate y otros ítems que estarían declarados en el expediente administrativo del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Más allá del caso cordobés, AFIP también se encuentra investigando casi 300 aeronaves que ingresaron al país entre 2020 y 2022. En su mayoría, las aeronaves investigadas son privadas.
Pero entre las oficiales, figuran aparatos a nombre del Gobierno de La Pampa (Learjet 60 de 8 millones de dólares) y del Gobierno de Buenos Aires (Airbus H125 que ronda los 8 millones de dólares).
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