El cierre de la planta de acopio de una histórica multinacional agroexportadora desató una fuerte crisis

La histórica multinacional agroexportadora Cargill suspendió las operaciones en su planta de acopio de Arribeños, provincia de Buenos Aires, con más de 25 años de actividad, desde el 3 de julio por un conflicto con transportistas, y dejó a 30 trabajadores sin empleo, generando un fuerte impacto en la localidad.

Es que la medida afecta no solo a los empleados directos de la planta, sino también a los proveedores, talleres, comercios y prestadores de servicios de la zona.

Cargill Argentina se desvinculó del problema gremial

A través de un comunicado oficial, la firma indicó que la suspensión rige desde el 3 de julio y que la decisión fue adoptada por motivos de seguridad.

"La compañía decidió suspender temporalmente las operaciones de su planta de Arribeños ante una situación externa y de público conocimiento que imposibilita garantizar el desarrollo seguro de las actividades", señalaron.

Desde la empresa aclararon que las personas que llevan adelante el reclamo "no son ni han sido empleados de Cargill", sino prestadores de servicios independientes.

Además, explicaron que la asignación de cargas responde a criterios comerciales y operativos propios de la actividad y remarcaron que el conflicto es ajeno a la empresa.

"Las diferencias existentes corresponden a actores del sector del transporte y no guardan relación laboral con Cargill ni con su operación", indicaron.

La compañía sostuvo que la seguridad constituye un valor "fundamental e innegociable" y que las operaciones se reanudarán únicamente cuando existan las garantías necesarias para desarrollar la actividad con normalidad y asegurar la circulación en las inmediaciones de la planta.

Finalmente, Cargill recordó su presencia histórica en la localidad de Arribeños, donde opera desde hace más de 25 años, genera empleo directo e indirecto, trabaja con más de 70 proveedores locales y mantiene vínculos comerciales con alrededor de 130 productores de la región.

El conflicto que derivó en el cese de actividades

El conflicto que derivó en el cese de actividades de la instalación se inició con un reclamo de transportistas.

El eje de la disputa se encuentra en el esquema de asignación de cargas y en la participación de un representante de la Confederación Argentina de Transporte Automotor de Cargas (CATAC), a quien los fleteros acusan de actuar presuntamente como intermediario para la realización de los traslados, sin brindar, según sostienen, un servicio logístico concreto.

En declaraciones recogidas por medios locales, Cristian Cardoso, vocero de los transportistas afectados, explicó que el conflicto se profundizó cuando las familias fleteras decidieron dejar de trabajar bajo ese esquema.

"Este personaje operaba como intermediario sin un contrato activo ni un servicio logístico real. Las 30 familias fleteras decidieron abrirse de esa persona porque sufrían condiciones desfavorables, pero al hacerlo se quedaron automáticamente sin trabajo", afirmó.

Denuncian "comisiones extraoficiales"

Uno de los principales puntos de la denuncia está relacionado con la presunta exigencia de una comisión del 3% sobre el valor de cada carga. Los transportistas sostienen que ese porcentaje era cobrado "en negro" como condición para acceder a los viajes.

Según la versión de los fleteros, la negativa a continuar bajo ese esquema informal derivó en la interrupción de las asignaciones de cargas y, posteriormente, en la paralización total de las operaciones de la planta de Cargill en Arribeños.

Desde la conducción de CATAC, sin embargo, rechazaron las acusaciones. Ramón Jatip, presidente de la CATAC, negó de manera contundente la existencia de un intermediario que cobrara por los servicios de transporte y aseguró que los transportistas "se fueron voluntariamente".

"Se fueron voluntariamente. No había un transporte en el medio que cobrara o pagara", sostuvo el dirigente, de acuerdo con declaraciones difundidas por medios locales.

De esta manera, las partes mantienen versiones contrapuestas sobre el origen del conflicto y sobre el funcionamiento del sistema de asignación de cargas que operaba alrededor de la planta.

El impacto en toda la economía local

Como fuere, el cierre de la planta de acopio representa un golpe que excede a las familias directamente vinculadas con el transporte de cargas. La actividad de los fleteros sostiene una amplia red de trabajadores y comercios que dependen, directa o indirectamente, del movimiento generado por la producción agropecuaria.

Mecánicos, talleres, estaciones de servicio, comercios, proveedores de repuestos y otros prestadores de servicios también se ven afectados por la caída de la actividad.

Por ello, el conflicto despertó preocupación en una localidad cuya economía mantiene una fuerte vinculación con el sector agropecuario y el transporte de granos. La interrupción de las operaciones de una planta con más de dos décadas de presencia en la zona genera un efecto multiplicador sobre la economía local.

Reclamo de transportistas

En este marco, mientras Cargill sostiene que la asignación de cargas se encuentra amparada en la libertad de contratación, los transportistas reclaman la apertura de una instancia de diálogo que permita encontrar una salida al conflicto.

Los afectados piden una mesa de negociación "orgánica, pacífica y transparente" para discutir las condiciones de trabajo y el esquema de contratación.

Pero por la falta de una instancia institucional que reúna a las partes y facilite una negociación, esa posibilidad es reducida.