Vicentin y el uso de las exportaciones para el pago de la deuda

La nueva propuesta del Gobierno incorpora un bono atado a las exportaciones agrícolas. Algo así como fue en su momento el Cupón PBI, pero que en este caso ya fue rechazado por los bonistas, a pesar de que el Gobierno propuso que lo controlara el FMI. Sucede que el índice del PBI se puede “tocar” de diversas maneras, por ejemplo, en la medida que depende, entre otras cosas, del tipo de cambio. 

Para los bonistas se trata de una propuesta muy tentadora. La quita de capital propuesta por el Gobierno, que ya era muy limitada, queda prácticamente eliminada. Las exportaciones son en dólares, al igual que el pago de la deuda, lo que quita capacidad al Gobierno de intervenir sobre él.

A partir de esta propuesta debe entenderse la medida respecto con Vicentin, la primera exportadora de aceite y derivados de granos del país que el Gobierno quiere convertir en empresa “testigo”. Vicentin cometía todo tipo de maniobras fraudulentas para hacerse de divisas: exportaba a través de Paraguay y no declaraba los granos que compraba. Con su rescate, el Gobierno conquista una fuente de ingresos para el pago de la deuda a partir de las exportaciones e interviene en el mercado en cuestión, forzando exportaciones que valoricen el bono concedido a los fondos de inversión. 

Lo que mueve a Alberto Fernández y su gabinete no es hacerse cargo en pos de los intereses nacionales y la soberanía alimentaria de una empresa de una patronal fraudulenta y vaciadora, que debe pagar por sus delitos y sus deudas, sino la presión del capital financiero internacional y el sometimiento a los bonistas. 

A su vez, la medida sobre Vicentin se observa como un completo rescate a los vaciadores. Los acreedores de la empresa saludaron la medida porque detectan la promesa de pago. 

El Frente de Izquierda tiene un planteo antagónico que se cristalizará en un proyecto que opondremos al del Gobierno en el Congreso nacional: Vicentin debe ser expropiada sin pago, lo mismo que los bienes de sus dueños. Deben abrirse los libros y develarse sus negociados y maniobras fraudulentas.

Y debe ser puesta a funcionar y ser gestionada por sus trabajadores. Esto, debe ser parte de un plan de recuperación del complejo agroindustrial con una política dictada por los intereses de las mayorías y no de los bonistas internacionales: desconocer la deuda, nacionalizar el comercio exterior, la banca y ponerlos al servicio del desarrollo del país.