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MASSOT & MONTEVERDE Y VICENTÍN

"Alberto Fernández no es muy distinto de Cristina Kirchner"

Jue, 18/06/2020 - 7:23am
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Por Urgente24

"La mal llamada cuarentena ha sido funesta para todo el abanico de la actividad económica", recuerda Agustín Monteverde, en la newsletter de Massot & Monteverde. Los detalles son muy preocupantes: En mayo las ventas minoristas medidas en cantidades cayeron 50,8% anual frente a igual  mes de 2019. Ningún rubro pudo escapar a las consecuencias del encierro compulsivo: todos sufrieron bajas importantes. La producción de pymes industriales cayó 53,1% en abril frente a igual mes del año pasado. Los datos surgen de la encuesta de CAME entre 300 industrias de todo el país. Los 11 rubros industriales relevados se contrajeron. Dato: "Si se tiene en cuenta que las tarifas del gas, electricidad, agua, combustibles, telefonía fija, celulares y cables se hallan congeladas; rigen precios máximos para el rubro alimenticio; cayó el salario real y en AMBA la inactividad fue casi total, la inflación de 1,5% en mayo no es una buena señal." Ahora bien, pese a todo esto, en los recientes días se habló más del 'caso Vicentín'. Y acerca de eso escribió Vicente Massot, el otro protagonista de la consultora:

El Presidente de la nación y la vicepresidente el día de la asunción de Alberto Fernández.
Según Massot & Monteverde, es una voluntarista construcción mediática afirmar que Alberto F. y CFK opinan diferente.
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CIUDAD DE BUENOS AIRES (InC). Analizado desde un ángulo —que no es el del gobierno, claro— la decisión de intervenir primero y, acto seguido, con una ley en la mano, proceder a la expropiación de Vicentin, ha sido un resumen y compendio de errores. Sólo puede comparársele el proceso —aún no cerrado— que dio comienzo con el regalo hecho a la familia Eskenazi para que se sentara en el directorio de YPF, y tuvo un segundo capítulo al momento en que el matrimonio patagónico optó por estatizar esa petrolera.

En una nueva puesta en escena del 'Vamos por todo', el kirchnerismo no se anduvo con demasiadas vueltas y actuó como de costumbre. Ni bien tomó conciencia de la oportunidad que le abría la difícil situación financiera de la empresa, no lo pensó dos veces.

Embistió a la manera de un toro de lidia frente al trapo rojo, sin molestarse en calibrar sus argumentos ni perder el tiempo en afinar su estrategia. De lo contrario, no habría echado a correr esos disparates de la 'soberanía alimentaria' y la 'empresa testigo'.

Obró, hasta el momento, tres consecuencias que no lo favorecen:

  **  por de pronto, la principal fuerza opositora dio de lado sus rencillas y apretó filas sin mayores disidencias.

Los pujos hegemónicos de sus adversarios les abrieron los ojos a los macristas, a los radicales
y a los seguidores de Elisa Carrió y les hicieron entender, a la vez, el beneficio de la unidad y
los riesgos inmensos de la desunión.

  **  El segundo efecto digno de ser tomado en cuenta, de cara a la puja que tendrá lugar en las dos cámaras del Congreso Nacional cuando deba tratarse la ley en días por venir, es que —luego de actuar con arreglo al más puro capricho y dejar a la vista de todos que el Estado de Derecho le interesa poco o nada— no le será fácil al kirchnerismo convencer a parte de los diputados santafesinos y a los cordobeses, que responden a sus respectivos gobernadores, de levantar la mano como autómatas y seguir al pie de la letra las instrucciones que les bajen Sergio Massa y el hijo de la vicepresidente.

Hay mucho en juego, y si por un lado siempre es posible que las amenazas con base en el unitarismo fiscal sean capaces de disciplinar cualquier tentación díscola de los provincianos —tal como ha sucedido tantas veces en nuestros país— también vale recordar que en oportunidad de discutirse la ya famosa resolución 125, el dúo De la Sota-Schiaretti se plantó delante de la entonces Presidente y de su entonces valedor, aun sabiendo el costo que tendría la disidencia.

  **  La tercera consecuencia de bulto se relaciona con la incertidumbre que generó la medida en el marco empresario y la sensación extendida de que —después de todo— Alberto Fernández no es muy distinto de Cristina Kirchner. Los tenedores privados del capital en la Argentina no se han caracterizado nunca por su valentía o por su independencia del poder de turno. 

Más allá de las cámaras empresariales del campo, las demás han sido cautas —por no decir obsecuentes— a la hora de alzar la voz y defender sus derechos. Si se compara la reacción que han tenido en estos días con la que tuvieron en otras ocasiones, sorprende —excepción hecha de la UIA— su vehemencia para criticar, sin tapujos, el atropello oficialista.

Mención aparte merece el tema del papel presidencial en este asunto como también el de sus parecidos y diferencias respecto de la actual vice. Hay mucha gente en el colectivo opositor —por llamarle de alguna manera— que desde el instante en que Cristina lo eligió para encabezar la boleta del Frente de Todos, consideró que Alberto Fernández era un dirigente moderado en el cual —malgrado las diferencias que naturalmente existían— se podía confiar. 

Es más, no fueron pocos los hombres de negocios que insistieron en la imperiosa necesidad de cuidarlo y ayudarlo para evitar que su compañera de fórmula avanzase a expensas suyas y terminara desplazándolo. 

En realidad, no hicieron más que confundir la realidad con sus deseos, ayudados en la tarea por buena parte de los más influyentes analistas políticos que no se han cansado de convalidar la ficción del bueno y la mala, el equilibrista y la topadora, el moderado y la extremista. A partir de la voluntad expropiadora del gobierno, las coincidencias entre los dos Fernández priman sobre las diferencias. Con lo cual, el Presidente no tendrá espacio para engañar a tantos incautos que antes creían en su espíritu conciliador.

A esta altura no podría descartarse que la Justicia, en alguna de sus instancias, tuviese algo que decir antes de que la ley se trate en el Parlamento. Es un camino que impulsan distintos actores, convencidos de que la única forma de detener el impulso arrollador del kirchnerismo es darle batalla en los tribunales. Y, si nada ocurriese en los ámbitos de la judicatura, al gobierno todavía le faltaría pasar la prueba parlamentaria sin faltas. 

En la Cámara Baja la bancada mayoritaria, con sus aliados de la izquierda, no tiene asegurados hoy
los 129 votos necesarios para aprobar el texto que llegará del Senado. ¿Qué sucedería si —a semejanza de cuanto ocurrió aquella madrugada del año 2009— los opositores fuesen mayoría y lograsen que el proyecto de expropiación naufragase? La pregunta no es ociosa.

Un traspié semejante generaría una crisis de consideración dentro del Frente de Todos y
del oficialismo en general.

Ahora bien, también existe un ángulo distinto desde donde analizar el entuerto: es el que escogió el gobierno para acomodarse y actuar.

  **  Es conveniente echarle una mirada precisa porque la cuestión no se agota en las violaciones constitucionales ni en la grita de carácter republicano ensayada contra el atentado a la propiedad privada que pergeñaron en el Instituto Patria y la Casa Rosada. Por precipitada y mal concebida que haya sido para muchos la embestida contra Vicentin, la última instancia de esta disputa todavía no llegó.

El kirchnerismo quiere hacer suya la empresa a como dé lugar y, hasta aquí, ha podido sortear un primer obstáculo no menor. El juez de la causa lo único que ha hecho es desestimar el amparo que había solicitado el dirigente santafesino Mario Barletta

Fuera de eso, parece que estuviese pintado. De haber accionado de inmediato, lo hubiese hecho recular al oficialismo y se habría planteado el conflicto de poderes que disparó el kirchnerismo, en sede judicial. Otro gallo cantaría.

En Balcarce 50 y en el despacho de la vicepresidente tuvieron en claro, a partir del día 1, que las supremacías habrían de dirimirse en las dos cámaras del Congreso Nacional y que allí —de manera especial en la de Diputados— se jugaría la suerte de la expropiación.

Por lo tanto, creer que a los Fernández les quitan el sueño los editoriales de los grandes diarios, los programas de televisión dedicados a la política o las redes sociales, sería una ingenuidad. Su meta es la de sumar voluntades como sea, y en esa empresa le llevan una notoria ventaja a sus opositores. 

Básicamente en razón de que manejan el Tesoro nacional —frente a unas arcas provinciales escuálidas y a unas necesidades de las gobernaciones del interior del país perentorias. Por lo tanto —no se necesitan preámbulos para explicarlo— pueden comprar los once votos faltantes. No es un trámite simple pero, al mismo tiempo, nada que no haya sido practicado antes y que empañe demasiado la pureza de las instituciones democráticas.

En un país en donde las convicciones nunca han sido demasiado firmes, y dado que el resultado dependerá de las distintas facciones peronistas, neoperonistas o filoperonistas en danza, suponer que con tres o cuatro concesiones menores, hechas a las bancadas levantiscas, el oficialismo se saldrá con la suya, no significa ser derrotista. Hoy es un escenario bien probable. Los instrumentos con los que cuenta el gobierno resultan más poderosos que los que acumulan sus opugnadores. No siempre los de mayor musculatura ganan, pero...

Mientras tanto, la cuarentena amenaza quedarse a vivir con nosotros por lo menos hasta septiembre, si hemos de creerle al viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.

Cosa curiosa: el gobierno se encuentra más preocupado que la gente. Fernández y Kiciloff se asustan como si no hubiesen sabido que el pico llegaría en algún momento entre mediados de junio y principios de julio, y que el número de contagios y de muertos se incrementaría.

Si a cualquiera con dos dedos de frente no se le escapaba el dato, ¿cuál fue la razón para flexibilizar el encierro un día y pensar en volver a la fase 1 cuatro días más tarde? —Misterios del populismo vernáculo.

En la medida que la cantidad de fallecidos no se dispare, volver a la primera fase del aislamiento resultará de cumplimiento imposible. La cuarentena más larga del mundo se parece, conforme transcurren las semanas, a un gran colador. 

Las gentes salen a las calles en la capital federal —y, ni qué decir, en las barriadas más populosas del conurbano— sin pedirle permiso a nadie y con la seguridad de que el poder de policía es blando e ineficiente.

Están hartas de las decisiones caprichosas y —lo que es decisivo para comprender su comportamiento— perdieron el miedo.

Antes de ponerle punto final a esta crónica, permítase introducir el comentario del estribo: si se tiene en cuenta que las tarifas del gas, electricidad, agua, combustibles, telefonía fija, celulares y cables se hallan congeladas; que rigen precios máximos para el rubro alimenticio; que ha habido una caída significativa del salario real desde el comienzo de la pandemia, y que en el AMBA la inactividad de ramas enteras de la producción y el comercio es casi total, el índice de 1,5% que marcó la inflación del mes de mayo no es precisamente una buena señal. 

Si con todos los condicionamientos enumerados ese es el número, podemos ir vislumbrando qué es lo que pasará cuando finalice la cuarentena y haya que sincerar las tarifas y los salarios.