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PANORAMA

Alberto Fernández, entre la crisis moral y de autoridad

Alberto Fernández está a un paso de cerrar con dinero el episodio más polémico de lo que va de su mandato. La gaffe de las retenciones. Autoridad, en baja.

Mal estaría decir que, de aprobarse la propuesta de resarcimiento que le hizo a la Justicia por su participación en la fiesta de cumpleaños clandestina de su pareja en plena cuarentena dura, Alberto Fernández será "sobreseído". No. El Presidente cometió un delito cuando él y una decena de personas celebraron en la quinta de Olivos el cumpleaños N° 39 de Fabiola Yañez, en julio de 2020, momento en el que estaban prohibidas las reuniones sociales de cualquier índole. El sobreseimiento implica la insuficiencia de elementos para poner en tela de juicio la presunción de inocencia del implicado. Este no es el caso. Si Fernández tuvo que negociar una reparación, es porque, como dice el dictamen del fiscal de San Isidro Fernando Domínguez, "las conductas efectivamente fueron consideradas delictivas".

Por si hace falta más: el escrito del fiscal explica que el Presidente fue imputado por el delito "en razón de haber participado -junto a otras personas- de un evento a esa fecha prohibido", hecho que lo ubicó "en el umbral máximo de responsabilidad penal ponderable a los fines de la reparación". Aun así, sin embargo, el mandatario insistió en lo contrario. El dictamen también señala que el Presidente manifestó que "no ha variado" su posición respecto a que no hubo delito, por lo que la propuesta de reparación sólo obedece a la necesidad de Fernández de cerrar la causa de manera anticipada y evitar ir a un juicio.

Fernández ofreció $1,6 millones con ese último objetivo. El fiscal Domínguez aceptó y dispuso darle como destino el Instituto Malbrán. Todo queda ahora en manos del juez federal Lino Mirabelli, quien deberá homologar o no el acuerdo. Como antecedente se encuentra la convalidación de la propuesta de otra de las personas asistentes a la fiesta de cumpleaños clandestina. En ese caso se trató de Carolina Marafioti, estilista de Yañez, quien en marzo convino con el fiscal donar $200 mil a un hospital de San Fernando. Además, el fiscal Domínguez concedió que, como Marafioti y otros con lo que llegó a acuerdos, al Presidente le caben los mismos derechos, por considerar que no violó la normativa en calidad de funcionario público, un argumento que esgrimió su defensa. Eso configura un horizonte positivo para las pretensiones de Fernández.

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Reparos

No obstante, habrá que ver qué resuelven tanto el fiscal como el juez sobre presentaciones que buscan impedir que Fernández resuelva su entuerto judicial con dinero. En primer término la Fundación Apolo, que tiene como rostro más visible al dirigente liberal Yamil Santoro, pidió ser querellante en la causa. El escrito hace hincapié la calidad de funcionario público de Fernández. Específicamente apunta a la violación del Código de Ética de la función pública. Pero el fiscal Domínguez ya desestimó agravar la situación de Fernández por ser funcionario. Por otro lado, los denunciantes afirman que la reparación que propuso el Presidente y aceptó el fiscal está pensada "para delitos de baja monta o donde hay un daño cierto".

Otra presentación fue la de la familia de Solange Musse -una joven que murió en Córdoba de cáncer sin que sus seres queridos pudieran despedirse de ella a causa de las restricciones sanitarias y cuyo caso generó gran conmoción pública- que solicitó al juez Mirabelli ser tenida como parte querellante. En el escrito presentado ante la Justicia, el abogado patrocinante de la familia de Solange, Alejandro Sarubbi Benítez, sostuvo que “ofrecer una reparación económica resulta a toda vista insatisfactorio e improcedente, en particular en los casos de Alberto Ángel Fernández y Fabiola Yañez pues el primero es el Presidente de la Nación y la segunda es la Primera Dama”. En esa línea, el letrado solicitó que "se continúe con el proceso en virtud de que los imputados deben ser condenados a la pena máxima prevista para este tipo de delitos dada la gravedad de los hechos y las condiciones particulares de los mismos".

Juicio moral

El fiscal Domínguez aclaró en su dictamen que el Presidente debe responder por su responsabilidad "personal" y que en el caso no intervienen condicionantes de tipo morales, políticos o éticos, sino jurídicos. De todas formas, las evaluaciones que el fiscal expresamente excluye son realizadas fuera de los tribunales. Es el costo con el que carga Fernández desde que se conoció aquella tropelía. ¿Seguirá pagando el Presidente por ella? Hay que recordar que las imágenes de la fiesta clandestina en Olivos se conocieron previo a la campaña electoral del año pasado. Muy probablemente una parte significativa de la derrota del oficialismo en esos comicios se debió a esa ruptura del contrato ético y moral por parte del mandatario con la sociedad.

¿Los electores volverán a tener el 'Olivosgate' en cuenta la próxima vez que vayan a las urnas? Difícil saberlo, pero la forma en que el Presidente busca sacarse el fardo de encima -sin reconocer siquiera que cometió un delito- vuelve a remover los sentimientos de bronca y decepción que generó el comportamiento presidencial. No hubo -como en el caso del 'Vacunatorio VIP'- un ministro al cual echar para barajar y dar de nuevo. El caso del 'Olivosgate' pone en verdadero aprieto al Presidente, no sólo por la vulneración de las normas por parte de quien más debería protegerlas, sino además por lo recurrente que suele ser en su discurso la reivindicación de la moral y la ética, casi erigiéndose como una autoridad en la materia. Son 2 disciplinas en las que no repararían los jueces, pero sí la sociedad, y que el jefe de Estado atropelló con su comportamiento.

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Caos y frágil autoridad

Pero las contradicciones con la moral y la ética no son, por supuesto, los únicos problemas que tiene Alberto Fernández. Cada vez le cuesta más sostener su frágil autoridad presidencial. Quedó expuesto otra vez con la cuestión de las retenciones. 48 horas después de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, descartara cualquier modificación en el régimen de derechos de exportación agropecuaria, el Presidente se despachó con un pedido al Congreso para que apruebe subir las alícuotas con el fin de desacoplar los precios internacionales de los alimentos de los domésticos. Horas más tarde, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, desautorizaba al Presidente al afirmar que "de ninguna manera" iba a haber aumento de retenciones. Domínguez, al igual que Guzmán días antes, pusieron al mismo Fernández como autor de esa decisión.

La gaffe expuso el caos hacia dentro del Gobierno, que no pudo ser disimulado ni con la reunión de gabinete que Juan Manzur encabezó el jueves. Apenas un día después, con las expresiones del Presidente, voló por los aires cualquier intento de mostrar una gestión unificada. Manzur tampoco logró que todos los ministros participaran del acto de la UOCRA armado para darle a Fernández ese "volumen político" que se busca desde la derrota electoral de las PASO. No caben dudas de que el pedido de Manzur estaba más bien dirigido a Eduardo 'Wado' de Pedro, ministro del Interior y hombre de Cristina Kirchner en el gabinete nacional. Su presencia hubiera significado un verdadero símbolo de unidad entre las partes hoy enfrentadas. Pero de Pedro no estuvo y el único cristinista presente, Martín Soria (Justicia) no tiene el peso simbólico (ni político) de su par de La Cámpora.

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El escenario montado en Esteban Echeverría tuvo como principal orador al Presidente. Pero, en las palabras del analista político Carlos Fara, su discurso fue "intrascendente", sin ningún aporte significativo. No tuvo anuncios ni definiciones novedosas. Fernández ratificó que sus "intereses" están en los sectores más desprotegidos, que el rumbo económico es el correcto -más allá de los desajustes en la distribución del ingreso- y que su lucha es contra los que quieren cercenar derechos. Ya lo había dicho en España como puente hacia el kirchnerismo. También volvió a hablar de los efectos de la pandemia y de la guerra en Ucrania. Esta recurrencia en el discurso presidencial fue objetado por un kirchnerista de pura cepa como lo es el intendente de Ensenada, Mario Secco, que le pidió al Presidente dejar de "lamentarse" y avanzar con una agenda que -según el jefe comunal- debería tener como punto principal "avanzar contra la Justicia". Secco no hace otra cosa que reflejar el pensamiento de la Vicepresidente.

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Wado de Pedro y Anabel Fernández Sagasti. El hombre de CFK en el gabinete no fue a Esteban Echeverría pero sí a Mendoza. Foto: NA.

Wado de Pedro y Anabel Fernández Sagasti. El hombre de CFK en el gabinete no fue a Esteban Echeverría pero sí a Mendoza. Foto: NA.

El intendente transmitió un mensaje que se escuchó también en Mendoza. Este sábado se realizó una jornada del PJ que reunió a referentes nacionales. Pero no estuvo Alberto Fernández, titular del justicialismo a nivel país. Tampoco asistieron figuras ligadas a él. Se trató de una escena copada por el kirchnerismo, más allá de que se encontraron dirigentes de otras vertientes del peronismo, como el puntano Adolfo Rodríguez Saá o el salteño Juan Manuel Urtubey, o, incluso Sergio Massa (que también estuvo en el acto de la UOCRA). La anfitriona fue Anabel Fernández Sagasti, una senadora muy ligada a CFK que además es dirigente de La Cámpora y presidente del PJ mendocino. Juliana Di Tullio, jefa del bloque cristinista en la Cámara Alta bajó la línea de la Vicepresidente sobre la necesidad de "pelearse con el poder" y no de intentar pactar con él, como le endilgan a Fernández y a los suyos. Hablando del futuro, Di Tullio disparó: "El 2023 es nuestro, que se olviden, no nos vamos a ningún lado”. No se sabe si les hablaba a los opositores que gobiernan la provincia cuyana o al sector del Presidente. 'Wado' de Pedro, que fue una suerte de estrella en el acto pejotista, intentó acortar distancias al afirmar que “el peronismo y el kirchnerismo son uno". Para ello viajó los 1.000 kilómetros que separan a la ciudad de Mendoza de la Capital Federal. Curioso: pudo transmitir el mismo mensaje sólo con su presencia en Esteban Echeverría, más cerca y a donde -vía Manzur- el Presidente le pidió que vaya.

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