La trágica noticia por la muerte de Maribel Salazar, la agente de la Policía de la Ciudad asesinada en la estación Retiro de la línea C del Subte, volvió a poner el debate sobre la mesa sobre el uso de pistolas taser para los miembros de las fuerzas de seguridad en Buenos Aires.
El primero en salir al cruce fue Marcelo D’Alessandro, quien está en uso de licencia por la filtración de chats con miembros de la Justicia, quien apuntó contra el Kirchnerismo porque “las bloqueó con el festival de excusas truchas que usan para defender delincuentes”.
El ministro de Seguridad porteño señaló que “el enfrentamiento podría haber sido controlado con una pistola Taser”, en referencia al hecho que terminó con la vida de la agente mamá de dos menores.
“¿Cuántas tragedias vamos a tener que lamentar por culpa de este capricho ridículo? ¿Hasta dónde va a llegar esta irresponsabilidad de querer cagarles la vida a los porteños porque no votan chorros? ¿Qué van a inventar ahora? Las armas no letales son una herramienta clave para cuidar a la gente, la mayoría de los países del mundo las usan”, agregó.
Las armas de electrochoques son utilizadas para que tanto una persona como un animal quede incapacitada temporalmente tras recibir una descarga eléctrica que descontrolan los músculos del cuerpo y pueden llegar a causar un fuerte dolor.
Los dardos que son disparados cuentan con dos cables que son los encargados de llevar la descarga eléctrica hacia el cuerpo del sujeto que es cercana a los 400 voltios durante aproximadamente cinco segundos. En total, son más de 107 países que utilizan este tipo de armas, entre los que se encuentran Estados Unidos, Australia, España, Italia, Brasil, Colombia o Francia, entre otros.
De acuerdo a lo que señalan expertos médicos, este tipo de arma tiene la particularidad que puede generar diferentes reacciones en el cuerpo, según donde golpee. En ese sentido, si los dardos caen cerca del corazón se podría dar un aumento drástico del ritmo cardíaco de la persona que podría pasar de 72 latidos por minuto hasta los 220.
Esto puede provocar hasta la muerte de la persona que recibe las descargas eléctricas, como se ha denunciado en varias oportunidades en los países mencionados anteriormente
En mayo de 2019, el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich (Cambiemos), procedió a la compra de pistolas taser y a la reglamentación de un protocolo para su utilización. En aquella ocasión se compraron 100 dispositivos.
Con la asunción del Frente de Todos, en diciembre de 2019, el protocolo fue derogado. “El referido reglamento consta de 6 artículos mediante los cuales se regulan de manera genérica y vaga los criterios a los que debe ajustarse el personal policial y de las fuerzas de seguridad en el empleo de armas electrónicas ‘no letales’ (que, en realidad, son ‘menos letales’, tal como lo reconoce su fabricante)”, señala la resolución firmada por la ex ministra Sabina Frederic.
El Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, reveló que estaba negociando la adquisición de pistolas Taser para los grupos especiales de las fuerzas federales, tratativa que, según fuentes cercanas, estaba programada desde 2022.
El material se trata particularmente de 100 dispositivos modelo T7, con su correspondiente Kit AB3, accesorios, cartuchería y licencias, por un monto total de 293.490 dólares. Los artilugios serán adquiridos por contratación directa, a través de la firma Axon Enterprise INC., según se puede leer en la resolución publicada en el Boletín Oficial el 4 de enero pasado sobre el proceso de compra que se inició en octubre de 2022 y aún no finalizó.
A principios de 2019, el Gobierno porteño inició el proceso de licitación para la compra de 60 “dispositivos de control electrónico” para la Policía de la Ciudad. El proceso fue adjudicado a la empresa Buccello y Asociados SRL, por un total de US$ 100.440 (US$ 1.674 por unidad).
Pero, este tipo de operaciones requieren de la autorización de la Administración Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), el organismo nacional que regula las armas en el país. En mayo de 2021, el ex director del organismo Ramiro Urristi firmó una resolución en la que aprobó la adquisición de este lote de armas. Sin embargo, el funcionario dejó su cargo pocas semanas después sin haber firmado la autorización de importación.
En octubre de 2022, el Gobierno porteño presentó un amparo ante el fuero Contencioso Administrativo Federal. Allí denunció que la ANMAC no autorizó la importación de las armas cuya adquisición había aprobado y nunca contestó a las intimaciones presentadas tanto por el Gobierno porteño como por la empresa. La ANMAC justificó la demora en la emergencia sanitaria por la pandemia y la postergación de los plazos de resolución de los trámites administrativos del organismo.
Hace pocos días, el 8 de febrero último, el juez federal Walter Lara Correa hizo lugar a la acción de amparo y le ordenó a la ANMAC que se expida sobre este expediente en el plazo de 30 días. El fallo fue apelado por la ANMAC.
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