El canciller Pablo Quirno confirmó que el Gobierno notificó a unas 180 compañías vinculadas con la actividad hidrocarburífera en las Islas Malvinas. Deberán optar entre continuar con sus operaciones en el archipiélago o exponerse a sanciones en la Argentina.
MALVINAS EL DÍA DESPUÉS
Obligadas a elegir: 180 empresas petroleras quedan contra la pared
Pablo Quirno confirmó que unas 180 empresas fueron notificadas y deberán definir si continúan vinculadas con operaciones hidrocarburíferas en Malvinas.
Quirno explicó la estrategia al exponer en la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), realizada en Puerto Iguazú, Misiones.
Advertencia a las empresas
El funcionario ubicó la medida dentro de la aplicación de la Ley 26.659, que establece sanciones para compañías involucradas en actividades hidrocarburíferas en las islas sin autorización argentina.
“La ley 26.659, que ahora va a ser un poquito más famosa a partir de anoche, lo que hacía era sancionar a las empresas petroleras que operen en Malvinas, prohibiéndoles operar en la Argentina”, sostuvo Quirno.
Luego remarcó que el escenario económico cambió desde la sanción de la norma. “Cuando se dictó la ley en 2011, 2013, no existía Vaca Muerta”.
Para el Gobierno, el desarrollo de Vaca Muerta modifica los incentivos de las compañías y permite utilizar el mercado argentino como herramienta de presión. En ese orden sumó.
Alcance de las sanciones
El esquema contempla a compañías que operan directamente en Malvinas, pero también a quienes brindan servicios petroleros, financieros y de seguros, entre otros. El canciller explicó.
“Ya fueron anoticiadas la semana pasada que van a tener que elegir o van a ser sancionadas acá y van a tener que tener un proceso bastante complicado”, afirmó.
Reforma de la Ley 26.659
La iniciativa buscará establecer una mayor amplitud sancionatoria, pero también mecanismos que permitan a las empresas abandonar sus operaciones en Malvinas y posteriormente volver a desarrollar actividades en la Argentina. De esa manera, evitar que una sanción definitiva termine funcionando como un incentivo para que las compañías permanezcan en el archipiélago.
“Hoy, cuando las sancionamos, quedaste encerrada, ya no tenés manera de volver al sistema normal”, explicó Quirno.
Malvinas y el RIGI
Quirno confirmó que el decreto reglamentario incorporó una declaración jurada para los aspirantes a los beneficios del régimen. “Que tengan que decir ellos que no están en violación de la Ley 26.659”, indicó.
De esta manera, el Gobierno busca utilizar el acceso a los beneficios para grandes inversiones como otro mecanismo de presión sobre las compañías vinculadas con la explotación hidrocarburífera en Malvinas.
Estrategia frente al Reino Unido
Quirno vinculó la política sobre Malvinas con el desarrollo de los activos estratégicos argentinos y la capacidad del país para atraer inversiones. “Esta valorización de los activos estratégicos que nos hace parar de manera diferente ante el mundo es clave en lo que estamos haciendo”, afirmó.
Para el canciller, el objetivo es mejorar la posición argentina frente al Reino Unido y avanzar con medidas destinadas a defender los intereses nacionales sobre los recursos del Atlántico Sur.
Base Naval en Tierra del Fuego
“Hoy nos compramos el espacio fiscal para tomar la decisión de poner recursos directamente en una base naval estratégica en Tierra del Fuego”, sostuvo. Según explicó, la iniciativa permitirá sostener la presencia argentina en el Atlántico Sur, mejorar la logística hacia la Antártida, la prestación de servicios y la custodia del Mar Argentino.
Pablo Quirno remarcó que mantienen conversaciones con el sector privado "para que se entienda hacia dónde vamos y por qué estamos haciendo eso contamos ya con el respaldo de varias cámaras empresariales”.
Rol de Chile
Quirno también mencionó las conversaciones mantenidas con Chile en relación con la asistencia logística para actividades de hidrocarburos y pesca en el área de las islas. Allí señaló
Según el canciller, la posición chilena resultó “primariamente” coincidente con el planteo argentino para evitar que empresas de ese país brinden determinados servicios vinculados con esas actividades.
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