Amnistía: Javier Milei aumenta el gasto en cybervigilancia, a pesar de la motosierra

Amnistía Internacional publicó un informe en el que advierte sobre la expansión de las tecnologías de vigilancia durante los primeros dos años del gobierno de Javier Milei, al tiempo que revela la contratación por parte del Gobierno argentino de Clearview AI, así como el uso de herramientas de ciberpatrullaje, drones, reconocimiento facial y análisis de redes sociales, en el contexto del desembarco en Argentina de Peter Thiel, el magnate tecnológico y cofundador de la cuestionada Palantir, quien adquirió una participación del 1 % en Vista, una empresa petrolera con operaciones en Vaca Muerta.

“Palantir es como una caja negra”, advirtió Amnistía Internacional sobre Palantir, una empresa de software creada tras el atentado de las Torres Gemelas y especializada en big data e inteligencia artificial. Fundada en 2003 con financiamiento de In-Q-Tel, el fondo de inversión vinculado a la CIA, desarrolla herramientas de gestión de datos e inteligencia destinadas a los servicios de seguridad. Actualmente, es cuestionada por organismos de derechos humanos porque provee su software de vigilancia y control para operaciones de guerra y deportaciones, tanto a Israel como al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), entre otros.

Disfrazados de Gandalf, protestaron frente a la casa de Peter Thiel, en Barrio Parque, Palermo. La protesta cuestionó el desembarco de Thiel en Argentina, sus vínculos con Milei y sus negocios en Vaca Muerta.

Informe lapidario de Amnistía: expansión de sistemas de vigilancia en Argentina

En el informe “Estado de vigilancia: La expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el Gobierno de Argentina”, Amnistía entrevistó a actores de la sociedad civil y recopiló documentación sobre decretos, resoluciones gubernamentales y reformas llevadas adelante por el gobierno de Milei que buscan ampliar las capacidades de recopilación de información y vigilancia del Estado, lo que, según la ONG, repercute en el derecho a la privacidad y la libertad de expresión, así como genera un efecto disuasorio sobre la protesta.

"El gobierno se sirve del reconocimiento facial, el aterrizaje a las redes sociales, el ciberpatrullaje y otras herramientas como drones, adquisición de software y demás que tienen el potencial de vigilar a las personas", explica a RFI Paola García Ray, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.

"Básicamente, lo que hace es achicar, disminuir o restringir el ejercicio de los derechos", agrega.

Peter Thiel en la Casa Rosada. Él es el dueño de Palantir y creador de PayPal. Hace poco, adquirió acciones de Vista (el segundo mayor productor de shale oil en Vaca Muerta y el mayor productor independiente de petróleo de Argentina) por US$ 76 millones, según un documento presentado el viernes ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Según la responsable, la gente "piensa dos veces" antes de decidir publicar algo o sumarse a una manifestación, por lo que esta situación comienza a tener "repercusiones concretas sobre el ejercicio democrático y la libertad de expresión".

En total, el Estado argentino ha gastado al menos 1,2 millones de dólares en estas herramientas de vigilancia entre 2024 y 2025, a pesar de la política de austeridad que dice tener el gobierno de Milei. Del mismo modo, según Amnistía, las autoridades de la ciudad de Buenos Aires invirtieron 48 millones de dólares en dispositivos de videovigilancia para cubrir la urbe, en particular las zonas de protesta.

"Existe una inconsistencia: mientras el Estado hablaba de recortes y de motosierra, y retraía el 41 % del gasto público en 2025, en la vereda opuesta, el presupuesto destinado a seguridad e inteligencia se ha elevado un 29 % y un 6 %, respectivamente (...) Es un mensaje muy claro de a dónde está apuntando el gobierno con sus prioridades", sostiene Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.

Informe completo de Amnistía: la expansión de la vigilancia masiva en el Gobierno de Javier Milei.

"La vigilancia generalizada se está utilizando contra los argentinos tanto en el ámbito físico como en el digital, con consecuencias devastadoras. Estas tecnologías se han convertido en parte integral de la infraestructura de control estatal, persiguiendo la disidencia, reprimiendo los movimientos de protesta y acosando a grupos marginados, entre otras prácticas autoritarias", declara Matt Mahmoudi, investigador y asesor de Inteligencia Artificial y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

Cuando las personas poderosas no quieren rendir cuentas, atacan a quienes hacen preguntas y utilizan todo lo que tienen a su alcance para vigilar, controlar y reprimir Cuando las personas poderosas no quieren rendir cuentas, atacan a quienes hacen preguntas y utilizan todo lo que tienen a su alcance para vigilar, controlar y reprimir

El informe de Amnistía se basa en entrevistas con 21 personas, entre ellas periodistas, activistas, jubilados, jóvenes y defensores de los derechos humanos; análisis de numerosos documentos de contratación pública y datos relacionados con las tecnologías de vigilancia adquiridas; e información obtenida a través de solicitudes de acceso a la información.

De acuerdo con la ONG, "el gobierno argentino ha adquirido diversas tecnologías de vigilancia, incluidas plataformas de inteligencia de código abierto diseñadas para la recopilación, el cruce y la visualización de grandes volúmenes de datos procedentes de redes sociales, sitios web, la web oscura, datos personales, infraestructura técnica y otras bases de datos públicas".

Las compras por parte del Gobierno de Milei, según señala Amnistía, también incluyen licencias de software de reconocimiento facial de empresas con un historial de explotación masiva de datos biométricos sin fundamentos legales suficientes, así como la adquisición de drones y estaciones de control terrestre con capacidad de seguimiento automatizado, cámaras térmicas y transmisión de imágenes en tiempo real.

“Todos hemos sido identificados desde hace mucho tiempo… A veces, mientras caminas, llegas a tu destino y de repente ves el dron sobrevolando justo encima de tu cabeza. A veces a menos de dos metros. ¿Por qué tan cerca? ¿Por qué es tan invasivo?”, dijo Ana Tapia, miembro del colectivo de Jubilados Insurgentes, que marchan todos los miércoles hacia el Congreso Nacional para protestar contra los recortes en las pensiones realizados por el gobierno nacional.

“Lo que ocurre en Argentina no es un caso aislado. En todo el mundo, los Estados que practican regímenes autoritarios están intensificando el uso de tecnologías de vigilancia contra defensores de los derechos humanos, jóvenes, migrantes, grupos marginados y desplazados, y disidentes. Con demasiada frecuencia, esto va de la mano de la falta de supervisión, transparencia y rendición de cuentas”, expone Matt Mahmoudi, investigador y asesor de Inteligencia Artificial y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

Palantir lidera la hipervigilancia que lleva a cabo Israel contra los palestinos y el software de la empresa de Peter Thiel es usado para marcar objetivos de guerra en Gaza. (Militares de EE. UU. y Alemania usan software de Palantir en el centro de coordinación civil-militar de Kiryat Gat, en Israel, en noviembre de 2025. FOTO: AFP).

Tras el minucioso estudio sobre la expansión de la vigilancia en Argentina, Amnistía pidió expresamente al gobierno de Milei prohibir el desarrollo, la producción, la venta y el uso de tecnología de reconocimiento biométrico (como el software de Palantir, que la empresa ha proporcionado a Israel, así como a los servicios de inteligencia y de inmigración de Estados Unidos) para vigilancia discriminatoria. Asimismo, exigió a la Casa Rosada establecer un marco de regulación específico, pero, de momento, no ha obtenido respuesta.

"No nos estamos oponiendo al uso de tecnologías para el acompañamiento de políticas sociales, pero este uso tiene que tener límites claros, ser proporcional y necesario, tener un fin legítimo y, por supuesto, estar abiertosa ser auditado constantemente por distintos actores", afirma García Ray, la directora adjunta de Amnistía.

“Argentina debe demostrar su compromiso con los derechos humanos, garantizando que el uso de la vigilancia basada en inteligencia artificial no quede impune y que los responsables de las violaciones de derechos humanos perpetradas por estos sistemas rindan cuentas”, declaró Matt Mahmoudi.