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"Lawfare": El gobierno buscó sustentar su relato en la ONU

El gobierno de Alberto Fernández, presentó ante la ONU el polémico informe sobre "lawfare" en el que victimiza a CFK y ataca a la justicia y la oposición.

Este lunes (23/01), el gobierno de Alberto Fernández presentó el controvertido informe sobre Derechos Humanos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el documento K, centralmente se pretende “victimizar” a la vicepresidenta Cristina Kirchner y denunciar el “lawfare” practicado, de acuerdo a ellos, por la justicia en connivencia con la oposición y sus medios de comunicación.

El informe no detalla nada nuevo que cualquier ciudadano argentino no conozca: el relato K. Ante el fracaso del juicio político a la corte y tras la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de CFK , el sector oficialista pretende propagar el sesgado relato de Cristina Kirchner por la comunidad internacional para buscar aval a su embestida contra la CSJN.

Referentes opositores salieron a cuestionar al gobierno porque mientras se jacta de defender los DDHH y apuntar contra el “lawfare”, invitó cordialmente a la CELAC (Buenos aires 24-01) a Miguel Díaz Canel (Cuba), Nicolás Maduro (Venezuela) y Daniel Ortega (Nicaragua), presidentes regionales polémicos, investigados y denunciados por presuntas violaciones a los Derechos Humanos.

En esta línea, los detractores acusan al oficialismo de rechazar los mimos comportamientos desviados que los naturalizan y alaban en otros ámbitos políticos y culturales: aparentan ser los vindicadores de los derechos humanos pero celebran dictaduras.

Cabe destacar que por o tras las criticas y la presión opositora frente a la visita de Maduro, el presidente de Venezuela se dio de baja a último momento y denunció a un plan que le adjudica a la "derecha neofascista" para "llevar a cabo una serie de agresiones" contra la delegación venezolana, en sintonía con el relato K.

Presentación del informe

El Secretario de DDHH, Horacio Pietragalla Corti presentó el duro documento en Suiza, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, junto al representante de la Argentina en Ginebra, Federico Villegas Beltrán.

Aquel tal vez cree que haber sido apropiado y luego restituido por las Abuelas de Plaza de Mayo, lo exime de seguir luchando por los Derechos Humanos que son de todos, no solo de CFK, ni del sector gobernante.

Allí, el funcionario, realizó una síntesis del relato K sostenido y reforzado desde el año pasado: los discursos de odio de la oposición que derivaron en el fallido atentado a su jefa, su inminente proscripción, el “lawfare”, el rol de los medios hegemónicos opositores, etc, etc, etc. "El lawfare es una práctica violatoria de derechos humanos", expresó esencialmente.

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El gobierno mandó a su Secretaría de DDHH, a cargo de Horacio Pietragalla Corti, a presentar el duro informe contra la Justicia ante la ONU.

El gobierno mandó a su Secretaría de DDHH, a cargo de Horacio Pietragalla Corti, a presentar el duro informe contra la Justicia ante la ONU.

"Desde el actual Gobierno Nacional y el movimiento de derechos humanos se advierte que la práctica del lawfare –impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático– constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública".

“Un sector importante de la oposición política y del poder económico y mediático, que 40 años atrás recurrían a los golpes de Estado militares, hoy utilizan el derecho penal para condicionar procesos políticos y definir la agenda política y la opinión pública", sostuvo Pietragalla.

"El único fin que impulsan esas prácticas es eliminar al adversario. Por eso siempre las víctimas resultan ser dirigentes sociales o políticos que se enfrentan a los poderes fácticos, sean políticos, económicos o mediáticos".

El problema es que el kirchnerismo no reconoce los derechos de los otros, los que no comparten su ideología. Para ellos no existen, los ignoran. Según su pobre visión, los dirigentes opositores no disienten, odian, los medios, excepto los oficialistas, no cuestionan, odian y la justicia no juzga, odia, todo en pos del "lawfare".

Siguió: "Es claro que bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos delictivos se han violado y se siguen violando garantías fundamentales del Estado de derecho. Porque estas causas penales se impulsan únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares, con la única finalidad de su proscripción política".

"Debemos llamar la atención del Consejo sobre los denominados discursos de odio, y sus implicancias para la convivencia democrática y que culminaron con el intento de magnicidio de la actual Vicepresidenta de la Nación, y dos veces Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner".

"Estos postulados se advierten de modo creciente en diversos espacios políticos, en medios masivos de comunicación y en redes sociales. Se trata de una problemática compleja que constituye una preocupación a nivel internacional".

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