Primera aclaración: si Javier Milei quiere intervenir la Provincia de Buenos Aires necesita del aval del Congreso y allí no tiene mayoría propia sino con algunos aliados de quiénes se desconoce la voluntad de avanzar con una medida tan extrema. Entonces, ¿es show, desvía la atención sobre Lijo/$Libra o ambas cosas?
POLÉMICA
Intervención de la PBA: 'Piletazo' de Javier Milei en el Congreso vs. tapadera por Lijo/$Libra
Javier Milei amenaza con intervenir la provincia de Buenos Aires, pero debe pasar por el Congreso donde no tiene mayoría ¿tapadera por Lijo/$Libra?
Intervención y el Congreso
La Constitución Nacional (CN) habilita al Presidente de la Nación a intervenir una provincia por decreto cuando el Congreso de la Nación está en receso, pero lo obliga a hacerlo en acuerdo con el Poder Legislativo.
El artículo 99 inciso 20 de la Constitución Nacional es claro sobre la intervención de una provincia por parte del gobierno nacional. Sobre las atribuciones del presidente indica que "decreta la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires en caso de receso del Congreso, y debe convocarlo simultáneamente para su tratamiento". El Congreso de la Nación aún está en receso y recién mañana (1ro de marzo) se inauguran sus sesiones ordinarias, donde puede tratar la intervención federal a una provincia.
Luego, el artículo 6º de la Carta Magna también afirma: "El Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia".
Aquí se plantea el otro escenario que consiste en que la intervención sea a pedido de la provincia mediante un acto institucional donde se lo solicita, donde intervendría la legislatura y tendría que contar con la voluntad de Axel Kicillof, lo cual no parece posible, entonces Milei puede decretar hoy la intervención por encontrarse el Congreso en receso hasta la medianoche (el 1ro de marzo inaugura las sesiones ordinarias) y debe convocar al Legislativo para tratar su decisión.
Todo decreto presidencial debe pasar por el Congreso y allí, para que la medida sea rechazada, deberá tener el pronunciamiento de ambas cámaras con los dos tercios de los votos algo que no parece imposible dada la relación de fuerzas en el Congreso y que a Milei ya le rechazaron un DNU el año pasado por el cual se le otorgaban millonarios fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
Cabe recordar que en el Senado el bloque de Unión por la Patria tiene 34 senadores y está a 14 de los dos tercios que puede conseguir con algunos radicales y bloques provinciales.
En Diputados la bancada de La Libertad Avanza no llega a los 40 legisladores y debería sumar a los 37 del PRO y a los radicales aliados más los monobloques para bloquear los 171 necesarios para rechazar el decreto. En esa cámara, el kirchnerismo tiene 98 diputados a los que se suelen plegar los 5 de la izquierda y espacios provinciales.
Distinta sería la cuestión si se requiere de un proyecto que se vote por mayoría, en el Senado UP estaría a 3 votos de bloquearlo y con eso bastaría para que no avance.
De Javier Milei a Yrigoyen
La última intervención provincial ocurrió en 2004 cuando el ex presidente Néstor Kirchner envió al Congreso un proyecto de ley de intervención de Santiago del Estero, gobernado por el matrimonio Juárez. Kirchner argumentó el "grave deterioro institucional” al que se había llegado en la provincia y la iniciativa fue acompañada por todo el arco político.
Los alcances del proyecto de intervención fueron explicados, en su momento, por Alberto Fernández, por entonces jefe de Gabinete y Aníbal Fernández, como ministro del Interior. “Cumplidas las formas que indican el artículo sexto de la Constitución, este gobierno no siente que esté violando la voluntad popular de los santiagueños”, explicó el expresidente, recuerda el portal Letra P.
Es decir, en ese momento Kirchner envió un proyecto de ley al Congreso, Milei, por ahora sólo amenaza con un decreto.
Antes de Santiago del Estero está el caso de Corrientes, intervenida por De la Rúa quien también envió un proyecto de ley al Congreso aprobado en ambas cámaras.
En tres documentos el presidente Yrigoyen sienta las bases de lo que debían ser las 'intervenciones federales reparadoras': en la comunicación que cursa en 1917 a Marcelino Ugarte, gobernador de la provincia de Buenos Aires; en los fundamentos del decreto de intervención a esa provincia y en el decreto que aprueba la gestión cumplida por el interventor federal en La Rioja, en 1920.
Dice el primero de los documentos aludidos: "Las autoridades provinciales son de los pueblos y para los pueblos y no para los Gobiernos y su invocación tiene que ser sometida al análisis de la verdad institucional, porque bien podría resultar esa auto- nomía un nuevo instrumento para afianzar aún más ciertas situaciones arraigadas en la opresión o el fraude".
Los fundamentos del decreto de intervención a la provincia de Buenos Aires, expresan: "El pueblo de la República, al plebiscitar su actual gobierno legítimo, ha opuesto la sanción soberana de su voluntad a todas las situaciones de hecho y a todos los poderes ilegales. En tal virtud, el Poder Ejecutivo no debe apartarse del concepto fundamental que ha informado la razón de su representación pública, sino antes bien, realizar como el primer y más decisivo de sus postulados, la obra de reparación política que, alcanzada en el orden nacional, debe imponerse en los Estados federales, desde que el ejercicio de la soberanía es indivisible dentro de la unidad nacional y desde que todos los ciudadanos de la República tienen los mismos derechos y prerrogativas".
"La obra de reparación política que, alcanzada en el orden nacional, debe imponerse en los Estados federales, desde que el ejercicio de la soberanía es indivisible dentro de la unidad nacional y desde que todos los ciudadanos de la República tienen los mismos derechos y prerrogativas", decía el exmandatario argumentando que en Buenos Aires no se estaba aplicando la 'Ley Saenz Peña'.-
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