La discusión limítrofe entre las provincias cordilleranas de San Juan y La Rioja escaló en las últimas horas luego de que el gobernador riojano, Ricardo Quintela, enviara a su Legislatura un proyecto para reclamar una franja de territorio que hoy pertenece a San Juan.
EN LA CORDILLERA
Escala la tensión: San Juan convocó a todas las fuerzas a actuar unidas contra la ley de Quintela
Con el megaproyecto de cobre y oro Vicuña de fondo, crece la tensión en la cordillera entre San Juan y La Rioja tras el proyecto de ley presentado por Quintela y aprobado por los diputados, a excepción de LLA.
Escala la tensión en la Cordillera por el proyecto de ley que envió Quintela a la Legislatura provincial, y que esta aprobó.
La Legislatura de La Rioja aprobó la iniciativa del gobernador que "reafirma los derechos de la provincia de La Rioja sobre los territorios existentes bajo sus dominios" y faculta al distrito a avanzar con distintas acciones.
La iniciativa contó con apoyo mayoritario de los bloques, a excepción de La Libertad Avanza (LLA), que se abstuvo.
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Se trata de un reclamo histórico de La Rioja, que cuestiona la soberanía sanjuanina sobre el proyecto minero Vicuña y sobre el Parque Provincial Ischigualasto, conocido como el Valle de la Luna.
Por supuesto, encendió alarmas al otro lado de la frontera y obligó a Marcelo Orrego a salir rápido a responder. Desde el Gobierno de San Juan remarcaron que no hay margen para abrir una discusión sobre algo que, aseguran, ya está resuelto. Y mostró una postura clara y sin vueltas.
A través de un comunicado difundido en sus redes, Marcelo Orrego fue tajante al afirmar que "nuestra jurisdicción no está en discusión".
Y recordó que los límites vigentes fueron fijados hace 57 años y después ratificados por el Congreso de la Nación. En ese marco, sostuvo que ninguna provincia puede modificar por su cuenta lo que está establecido por ley nacional. Incluso señaló que la propia iniciativa riojana admite que cualquier planteo de este tipo debe pasar por el Congreso y, si hace falta, por la Justicia.
El mandatario sanjuanino también puso el foco en lo que está en juego para la provincia y defendió recursos y emblemas que podrían quedar alcanzados por la polémica. "No vamos a permitir que se ponga en duda lo nuestro: el territorio, los recursos, el futuro y símbolos como Ischigualasto", afirmó.
En el cierre, convocó a todas las fuerzas políticas de San Juan a actuar unidas para cuidar lo que considera propio.
"Con el mayor respeto por La Rioja, pero con la ley en la mano, con firmeza y sin especulaciones", concluyó, mientras el viejo tironeo limítrofe suma un capítulo más y amenaza con escalar al plano nacional.
Una vieja disputa que estaba dormida...
Como se mencionó anteriormente, se trata en efecto de una vieja disputa por límites territoriales que se despertó con el megaproyecto minero de cobre y oro Vicuña, impulsado por BHP y Lundin Mining con una inversión de 18.000 millones de dólares. Y se intensificó por las acciones legales y legislativas.
El gobernador Quintela envió el proyecto de ley a la Legislatura riojana para rechazar un acuerdo limítrofe de 1968 y habilitar acciones legales sobre los límites actuales, argumentando que el acceso al área minera se realiza desde La Rioja.
Es que el conflicto entre La Rioja y San Juan tiene raíces que se remontan a ese año cuando el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía sancionó la Ley Nacional 18.004, que fijó los límites interprovinciales entre ambas jurisdicciones. Esa ley determinó que territorios como el cerro El Potro -donde hoy se desarrolla el proyecto Josemaría, parte del complejo Vicuña- y el Valle de la Luna pasaran a formar parte de San Juan, a pesar de que, hasta entonces, habían sido considerados riojanos.
Por décadas, la delimitación no generó mayores controversias, hasta que en 2018, comenzaron los primeros reclamos riojanos por participación en las regalías del proyecto Josemaría. La discusión dejó de ser solo territorial para convertirse en una pugna económica vinculada a empleo, proveedores y distribución de beneficios.
En abril de 2026, la tensión escaló cuando la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, dictó una medida que ordenó la paralización de las actividades del proyecto Vicuña por 30 días y prohibió el uso de rutas y caminos en territorio riojano, los únicos accesos viables al campamento Batidero, en San Juan.
La medida se basó en la ausencia de un Informe de Impacto Ambiental aprobado por las autoridades riojanas, dado que la mina se encuentra a apenas 1,5 kilómetros del límite provincial.
Frente a este escenario, el gobernador Ricardo Quintela no solo validó el fallo judicial sino que reabrió el debate histórico sobre los límites. Su argumento central es que el acuerdo de 1968 carece de legitimidad democrática porque fue firmado por gobernadores de facto y nunca fue ratificado por un Congreso constitucional.
"En este momento tenemos una situación conflictiva con la empresa Vicuña, en el proyecto Josemaría que está enclavado en San Juan en el límite con La Rioja. Ellos utilizaron durante 25 años el camino de La Rioja, nunca dejaron un peso", denunciaba Quintela en una entrevista.
"Les planteamos -a la empresa- que necesitamos oportunidades laborales para los riojanos y una participación proporcional en los servicios", afirmó.
En ese sentido, propuso que San Juan concentre el 80% de los puestos de trabajo y La Rioja el 20%, e insistió en que el Senado de la Nación debería actuar como árbitro institucional para redefinir los límites y dar una solución definitiva al conflicto.
No es el primer reclamo
Vale recordar que en 2010, el entonces senador nacional Carlos Menem había presentado un proyecto de ley ante el Congreso para revisar los límites, argumentando la inconstitucionalidad de la Ley 18.004.
En tanto en 2021, el propio Quintela había intentado una primera revisión, y en octubre de 2025 anunció la apertura de un frente judicial para "recuperar los límites históricos".
Pero ahora, va por cuatro ejes: redefinir la frontera, lograr participación económica, sumar proveedores locales y abrir la posibilidad de esquemas de administración compartida.
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