El Gobierno envió al Congreso los proyectos para aplicar "mano dura"

Se trata de una "reforma integral" que abarca cuatro proyectos y con los que el Gobierno de Javier Milei pretende abordar y aminorar el impacto del crimen organizado en la Argentina.

El envío del paquete de proyectos en materia de seguridad se da justo en el medio de la investigación por el asesinato de un playero en Rosario, un joven de 25 años que fue asesinado a balazos mientras trabajaba. Homicidio que se dio en el marco de un mensaje mafioso de los narcotraficantes hacia el gobierno nacional y provincial. El sicario de ese suceso cobró 400 mil pesos para cometer el hecho.

El Gobierno quiere "mano dura"

En esa línea, y siguiendo la promesa de la ministra Bullrich en torno a mejorar la seguridad de los argentinos y con su lema "el que las hace las paga", lo que busca el Gobierno mileista es poder aplicar mano dura a los delincuentes, y sobre todo, al crimen organizado en todo el país.

Según información que trascendió, el conjunto de herramientas normativas incluye una nueva Ley Antimafias, la creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos, la incorporación del concepto de “reiterancia” y modificaciones a la unificación de condenas, concurso de delitos, legítima defensa y cumplimiento del deber.

Las cuatro carpetas que ingresaron al Congreso y que ahora entraran en consideración de los legisladores nacionales para ser tratados, llevan la firma del Presidente, Javier Milei; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y de los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, respectivamente.

Qué dice el proyecto antimafias

Ley Antimafias

El paquete de proyectos describe una serie de ítems importantes para resaltar:

- En primer lugar, se delimita la procedencia del delito para la aplicación de la ley a la comisión de hechos que involucren tipos penales específicos como: tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos y que estén relacionados con los objetivos de una organización criminal.

- Por otro lado, se contempla una pena más alta de 8 a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación.

- A su vez, se crea la figura de la Zona de Investigación Especial, con el objeto de establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado, lo que posibilitará una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación.

- Asimismo, la pena por delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización.

- Por otro lado, y para menguar los recursos de las organizaciones criminales, se contempla la extinción de dominio de cualquier bien que sea producto de sus actividades para su inmediata transferencia al dominio del Estado Nacional.

- Por último, el proyecto del Gobierno incorpora el concepto de reiterancia. Con la introducción de la reiterancia, ya no será condición que las condenas hayan sido cumplidas. Si concurren dos hechos independientes, las penas se suman de manera aritmética, hasta un máximo de 50 años.