La Cámara del Trabajo concedió este jueves el recurso extraordinario presentado por el Gobierno para que la medida cautelar que frenó el capítulo laboral del DNU 70/2023 sea revisado por la Corte Suprema. No obstante, lo hizo con efecto "devolutivo", por lo que la medida de amparo no será suspendida, a contramano de lo que había pedido el Ejecutivo en su apelación.
FALLO
DNU: Cámara laboral manda apelación del Gobierno a la Corte
El fuero laboral concedió el recurso extraordinadio solicitado por el Ejecutivo contra la cautelar que suspendió tramo laboral del DNU.
La Cámara del Trabajo dictó la medida cautelar a pedido de la CGT, que pidió la inconstitucionalidad del decreto desregulatorio en su tramo laboral.
El Gobierno apeló esa resolución argumentando que la suspensión del DNU puede traer "consecuencias irreversibles", además de que "privilegió" a un "sector gremial por sobre el interés de toda la población".
Pidió entonces que el caso pase a la Corte Suprema con efecto "suspensivo", es decir, que deje sin vigencia la cautelar mientras se tramita la apelación, lo que el tribunal no concedió.
En el fallo, los jueces Carlos Pose y Alejandro Sudera consideraron que "desde el punto de vista formal, el recurso debe ser concedido pues, ha sido interpuesto en tiempo y forma, y existe cuestión federal por cuanto la validez y legitimidad de un decreto de necesidad y urgencia –es decir una figura aceptada por nuestra Constitución Nacional [...] ha sido afectada, en su operatividad y eficacia, por una resolución judicial que suspende sus efectos".
Agrega que "existen razones de gravedad institucional que legitiman la intervención del Superior por encontrarse afectado el funcionamiento de las instituciones jurídicas y la eficacia de un medio técnico que permite al Poder Ejecutivo emitir mandas de carácter legislativo que tienen eficacia inmediata salvo que sean dejadas sin efecto por el Congreso de la Nación".
También consideró que el efecto devolutivo "es la única forma técnica de preservar el principio de eficacia de la jurisdicción y permitir la solución de un conflicto que tiene gravedad institucional y que debe ser resuelto pretorianamente para salvaguardar el orden y la paz social".
Los jueces entendieron además que ese temperamento también pretende "preservar el principio de división de poderes" para evitar "todo eventual abuso de poder".
La decisión de avalar que el planteo del Poder Ejecutivo llegue al máximo tribunal del país se dio después de un traspié: la presentación que habían hecho los abogados del Estado inicialmente fue rechazada por un error técnico, dado que una de sus letradas no había acreditado de manera correcta la personería para representar al Poder Ejecutivo. El martes ese error fue corregido.
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