El ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich, intimó este jueves mediante una carta documento al sindicato de Camioneros a que pague más de $40 millones en concepto de los gastos en los que incurrió el Estado en el operativo que demandó la manifestación gremial frente a los tribunales de la calle Talcahuano para presentar una cautelar contra el DNU 70/2023.
INTIMACIÓN
Bullrich le reclama a Camioneros $40 millones por el acto en Tribunales
Es por el costo del operativo de seguridad del día de la manifestación en Plaza Lavalle, cuando los gremios movilizaron para pedir una cautelar contra el DNU.
11 de enero de 2024 - 14:50
Concentración frente a Tribunales contra el DNU de Milei. El Gobierno quiere cobrarles a los sindicatos el costo del operativo de seguridad.
NALa concentración en Plaza Lavalle tuvo lugar el 27/12 último. A la misma concurrieron varias organizaciones gremiales, que fueron detalladas en la carta que circuló en las redes sociales.
En la misma, el secretario de Coordinación Administrativa del ministerio de Seguridad, Martín Siracusa, intima al sindicato de los Moyano a abonar $40.419.227,56 en un plazo de 10 días.
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“(Es) en concepto de costos operativos que se emplearon para hacer cesar los actos ilegítimos en miras del mantenimiento del orden público. Ello, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes”, sostiene el documento.
Entre las organizaciones mencionadas se encuentra la UTEP, el MST, SIPREBA, SUTNA, UOCRA, CTA, la Agrupación Izquierda Socialista, la Unión Obrera Metalurgica, la Federación Marítima y Portuaria de la Industria Naval (FEMPINRA), la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), la Asociación Civil Polo Obrero, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Conadu Histórica Y CTA AUTÓNOMA.
Se estima que cada una de ellas recibirá una intimación similar. Desde el sindicato que conduce Pablo Moyano aseguraron a clarín.com que se encuentran elaborando la respuesta a la intimación oficial.
La movilización ocurrida el 27/12 comenzó cerca de las 10 e incluyó la lectura de un documento. Pasado el mediodía, con la desconcentración, subió la tensión en avenida Corrientes y Uruguay: hubo empujones, se lanzaron proyectiles, se registraron siete demorados y cuatro de ellos quedaron detenidos.
Los incidentes ocurrieron pasado el mediodía y terminaron con el saldo de siete personas detenidas en pequeños enfrentamientos cuando las fuerzas de seguridad evitaron el corte de la avenida Corrientes. Además, un policía resultó herido, atropellado por un colectivo.
Desde temprano, el Ministerio de Seguridad desplegó el operativo antipiquetes. Sólo hubo cortes en las calles que rodean a la plaza, en consonancia con el permiso que solicitó la central obrera.
Cuando anunció el protocolo anti-piquetes, la ministra Bullrich había anticipado que "por todos los costos vinculados a los operativos de seguridad, se les enviará la factura las organizaciones o a los individuos responsables".
"El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad. Tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos", dijo en aquella oportunidad.
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