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DICTAMEN

Armas a Bolivia: Imputan a Macri, Bullrich y Aguad

El fiscal Navas Rial dictaminó a favor de impulsar la denuncia del Gobierno nacional contra el expresidente por el presunto contrabando de armas a Bolivia. 

El dictamen fue presentado al juez en lo penal económico Javier López Biscayart y pide investigar a Macri, a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y al exministro de Defensa Oscar Aguad, entre otros.

El escrito que presentó Navas Rial es un requerimiento de instrucción, en el que describe el hecho a investigar y solicita las primeras medidas de prueba, que incluyen pedidos de informes al gobierno argentino y a Bolivia.

El fiscal no incluyó, en cambio, otras medidas que había solicitado el Gobierno en su denuncia, como un informe de las llamadas entre el expresidente y los demás acusados para hacer un entrecruzamiento, informa lanación.com.

El fiscal circunscribió su requerimiento a delitos vinculados con lo aduanero. No incluyó, a diferencia de lo planteado por el Poder Ejecutivo, las figuras de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad ni “los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación”.

La presentación de Navas Rial será analizada ahora por el juez López Biscayart, que la tiene a su cargo. En paralelo, avanza otra causa por los mismos hechos. La presentó el destituido camarista Eduardo Freiler y le tocó también al fiscal Navas Rial aunque con otro juez, Alejandro Catania. Los dos expedientes se van a unificar, pero no está claro todavía en qué juzgado.

Según la denuncia que presentó el Gobierno Nacional con las firmas de los titulares de los ministerios de Seguridad, Justicia, y la AFIP, el objetivo del presunto contrabando de armas al vecino país "fue poner ese material represivo a disposición de la dictadura que dos días antes había derrocado al gobierno democrático de Evo Morales con apoyo de las fuerzas armadas bolivianas".

"El desvío se produjo días antes de las masacres de Sacaba y Senaka, donde murieron más de 20 personas y hubo más de 200 heridos por disparos de bala", sostuvo el Ejecutivo.

Según el escrito, se imputan los delitos de contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación.

Los hechos salieron a la luz gracias al descubrimiento de una presunta carta enviada el 13/11 de 2019 por el entonces Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara al entonces embajador argentino Normando Álvarez García. Los acusados afirman que la carta es apócrifa.

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El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, condecoró el jueves al ex embajador en Bolivia Normando Álvarez García, involucrado en la denuncia del Gobierno,  Foto: NA.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, condecoró el jueves al ex embajador en Bolivia Normando Álvarez García, involucrado en la denuncia del Gobierno, Foto: NA.

En la carta se afirma la recepción de 40.000 cartuchos antitumulto calibre 12/70, 18 gases lacrimógeno en spray MK-9, 5 gases lacrimógeno en spray MK-4, 50 granadas de gas CN, 10 granadas de gas CS y 52 granadas de gas HC provenientes del Gobierno Argentino.

Ese descubrimiento derivó en investigaciones administrativas, a través de las cuales se recolectó información y documentación de distintos organismos del Estado argentino, se informó. Según la denuncia, la prueba material que acompaña la presentación "corrobora el envío del armamento -que se pretendió encubrir bajo la necesidad de proteger la Embajada argentina- y su posterior desvío hacia las fuerzas armadas bolivianas".

Entre la documentación aportada por el Gobierno, se afirma que luego de un primer pedido de autorización de salida del país de armamento para la protección de la Embajada presentado por la Gendarmería Nacional el 11/12 de 2019, se sumó una ampliación al día siguiente, el 12/11, en donde se añadían 70.000 municiones antitumulto a las 3.600 informadas en un primer momento. En la ampliación también se incorporan gases lacrimógenos y granadas, es decir, el mismo tipo de material que consta en la “carta de agradecimiento”. Los documentos también advierten las irregularidades en la documentación presentada por Gendarmería ante la Aduana en el egreso y en el ingreso al país del armamento.

Por último, agrega la denuncia, se demuestra que en el pedido de autorización de armamento presentado por la Embajada ante la Policía Boliviana figura el material incluido en la autorización del 11/11, pero no las 70.000 municiones antitumulto, las granadas ni el gas lacrimógenos que se añadieron el 12/11, y que conformaría el material desviado.

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