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INFORME ESPECIAL

El péndulo energético: de dolarización 'free' a pesificación regulada

Dom, 15/09/2019 - 1:39am
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Antes de las PASO, Mauricio Macri congeló las naftas y los servicios públicos y pateó la pelota hasta después del comicio general de octubre. Con el resultado adverso puesto, flexibilizó la medida en la etapa mayoristas de los combustibles, asumiendo un subsidio a las petroleras de $40 mil millones y les repuso a las eléctricas un dinero que les debían. El propio ex ministro del ramo, Juan José Aranguren, lo interpeló desde su consultora privada y pronosticó que la medida del gobierno que integrara que dio vuelta todo afectará las inversiones de las multinacionales y la seguridad jurídica. Una sutil  manera de dar por agotada la experiencia. ¿Para dar paso a qué? “Lo primero es pesificar tarifas y revisarlas, porque el tarifazo está atravesado por actos de corrupción de los amigos de Macri y del propio Macri”, sentenció Federico Bernal, uno de los voceros energéticos del candidato Alberto Fernández. Se descuenta que sentarán a los representantes de las cadenas de valor de combustibles y servicios públicos domiciliarios a discutir la participación en la renta, que arrancará de un precio final alineado con la política de ingresos en adelante hasta converger con el valor del hidrocarburo extraído, el cual surgirá del costo plus en pesos. La política para Vaca Muerta se apoyaría en la preeminencia que tienen 4 empresas nacionales en la explotación actual del megayacimiento: YPF, Tecpetrol, Vista Oil y CGC, y el ex titular de YPF, quien fuera el ejecutivo preferido de CFK, Miguel Galuccio, se convirtió en referente ante los capitales del exterior de la política de Estado energética que entre en vigencia en 2020. 

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En la mano que viene del juego de cartas de la energía nacional, en cuyo pozo se acumularon las fichas de Vaca Muerta, hay un pie visible que se llama Miguel Galuccio.

Antes promotor del espaldarazo al megayacimiento de shale oil & gas desde la presidencia de YPF, a través de la firma del acuerdo con la estadounidense Chevron cuando CFK aún reinaba en la Casa Rosada, y actualmente desde su empresa Vista Oil & Gas, se perfila como una especie de garante ante los fondos de inversión internacionales que siguen de cerca las brochures de explotación de las riquezas en hidrocarburos alojadas en los esquistos de los macizos australes precordilleranos.

El espaldarazo acaba de dárselo la propia Overseas Private Investment Corporation (OPIC), agencia de financiamiento de USA, al aprobarle un préstamo de US$ 300 millones para tales fines.

Sin embargo, él asumió también el rol de referente petrolero local apenas la fórmula F + F arrasó en las PASO, siendo el titular de la 2da compañía, detrás de YPF, que más shale oil produce en los 8 pozos que explota, relegando inclusive a Shell, Tecpetrol y Pan American Energy, en 2 cada una, porque presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el congelamiento de precios del petróleo y de las naftas dispuesto por el oficialismo antes de la resonante derrota. También acudieron al Superior Tribunal las provincias hidrocarburíferas Neuquén, Río Negro y Santa Cruz. 

La señal inequívoca del gobierno fue patear la definición de la política de precios que se aplique a los combustibles líquidos al que gane los comicios generales, igual que un par de meses antes hiciera con las tarifas de los servicios públicos, cuya pauta de sinceramiento quedó en suspenso hasta el verano, no así su dolarización.

Colgado de un pincel ante la desesperada pirueta preelectoral, el que puso el gancho a la política energética de Cambiemos, el ex ministro Juan José Aranguren, advirtió desde su consultora Energy Conilium que la fijación de precios en la cadena de comercialización de petróleo crudo, naftas y gasoil será "un desincentivo a la inversión en el sector" que "tiene un impacto significativo sobre la seguridad jurídica". 

Desde la desregulación de los combustibles anunciada en 2017 por el ex Ceo de Shell hasta que Gustavo Lopetegui los intervino dentro de la propia gestión de Macri, las naftas habían sido incrementadas 131,5% en promedio.

En el mismo lapso, el tipo de cambio trepó 230% y el precio del barril de crudo clase Brent apenas 1,47%, de modo que para los petroleros que pretenden la dolarización de los valores habría un retraso del 111%.

La divisoria de aguas dentro del sector de la producción lo marca que el elenco estable privado que suele pivotear sobre YPF estima un atraso no menor al 19%, si se incluyen los impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC) también postergados, más la indexación pendiente. Es el mínimo que aspiran que les sea restituido el 13/11/2019, cuando cesen los efectos del decreto de congelamiento.
 
Estas compañías que operan Vaca Muerta miran a Galuccio cuando escuchan hablar de una futura política de Estado y que F + F les tira onda de que mantendrá un diálogo permanente a la hora del descongelamiento. 

La revista especializada "Petroquímica" -una reputada voz sectorial-, asegura que, “en lugar de retornar a un sistema regulatorio rígido, la intención del Frente para Todos es gestionar los valores a partir de la conducción de YPF”, según publica. 

Las pistas de lo que se viene en materia de política energética empezaron a fluir desde los cuadros técnicos de Alberto Fernández: uno de los más escuchados por el candidato, Agustín Datellis, descartó que se sigan aplicando aumentos todos los meses. 

Pero el encuadre de la orientación de fondo que se imprimiría en una futura gestión provino de uno de los más conspicuos socios del frente, Sergio Massa, quien no deja de repetir que la principal tarea será hacer de Vaca Muerta “el principio de una cadena de valor”. Es conocida la relación entre Massa y Sebastián Eskenazi, ex CEO y ex accionista de YPF. Y también el vínculo -vía Daniel Vila- de Massa y José Luis Manzano.

Massa pone como ejemplo que “será clave que el Polo Petroquímico de Bahía pueda convertir sus recursos en productos de alto valor agregado”, antes que convalidar que Argentina se limite a desempeñar un rol de exportador de materias primas energéticas, como se lo concebía hasta que explotó esa estrategia. 

Otro referente, como el actual director del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, Federico Bernal, ilustra el fracaso de lo que se venía haciendo en que, “pese a la recesión del año pasado que afectó el nivel de refinación y los despachos de combustible retrotrayéndolos a los valores del 2000, la factura externa exhibió la mayor erogación de divisas desde 1994 para importar nafta y gasoil”, lo cual “genera una dependencia absoluta de los precios internacionales", afirmó.

E inclusive puso en contexto regional la aseveración: “Argentina es autosuficiente en materia de petróleo y un 85% autosuficiente en materia de combustibles en general. No podemos tener las mismas reglas de fijación de precios del mercado que países vecinos que no tienen petróleo, como Chile o Uruguay”, insistió.

Las compañías productoras, los transportistas, las distribuidoras, las generadoras, los trabajadores del sector, los usuarios y los gobernadores de las provincias que cobran las regalías empezaron a prepararse para debatir la renta petrolera bajo condiciones diferentes a las del ciclo que expira.

En principio, a las compañías ya instaladas no les desagrada que la nueva etapa se apoye en su presencia, que se incorporen las Pymes en los servicios y que, en todo caso, las colegas de Houston que hasta ahora no se asomaron pero se decidan a hacerlo, entren asociadas al club iniciático. 

Sobre algo de eso habló en la reunión de la Asociación de Empresarios Argentinos (ADEA) Paolo Rocca, una de cuyas firmas, Tecpetrol, se encuentra en litigio con el Estado por la modificación del precio de los excedentes de producción de shale gas contratado.

De modo que el club de las multinacionales de Houston, al que Macri intentó seducir en todo su mandato, no figura como prioridad en la agenda que viene. Lo anticipó en España el candidato del FPT y los resultados que muestra la foto del último día de la desregulación parecen darle la razón.

Entre 3 firmas nacionales reúnen las 5 concesiones y proyectos de Vaca Muerta más prolíficos: 

** YPF (en Loma Campana asociada con Chevron, en La Amarga Chica con Petronas y en Bandurria Sur),
** Tecpetrol, Fortín de Piedra; y
** Vista Oil, Bajada del Palo.

Recién aparece la extranjera privada Shell, con Coirón Amargo Sur Oeste, en el top 10 de las concesiones que más aportaron a la producción incremental, en tanto la chilena estatal ENAP Sipetrol ocupa el 7mo lugar. 

¿Quién será el ministro o secretario de Energía?

Los sabuesos del lobby petrolero escudriñan quién podría ser el próximo timonel de la Energía entre los nombres que suenan en el entorno del FPT: uno es Bernal, quien ya fuera asesor de Política Energéticas para el Senado de la Provincia de Buenos Aires y del Ministerio de Planificación Federal, y los otros que tallan son Guillermo Nielsen y Sergio Lanziani.

Pero la cuestión más bien pasa por cómo será repartida la renta petrolera, partiendo del precio que se establezca para el crudo y el gas extraídos de Vaca Muerta y el traslado hasta el resto de los eslabones de la cadena que integran los refinadores y comercializadores de combustibles, gobernadores, productoras, estacioneros y trabajadores.

La cascada se interrumpe cuando se llegue al valor final: el que pagan los usuarios, para el cual se fijó como condición su compatibilidad con la política general de ingresos que se buscará acordar entre gobierno, UIA y CGT como punto de partida de la gestión venidera.

Establecida la porción que tocaría a cada uno en la torta (no es tan fácil) y el límite final, la gran incógnita sería la diferencia a cubrir entre puntas que estimule la producción sin perjudicar el consumo y quién se haría cargo de aportarla. 

Bernal piensa en la reasignación de partidas presupuestarias o que se recurra al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSeS, “tal y como hizo para el gasoducto de Vaca Muerta”, pero es probable que los negociadores del FMI no estén de humor para que el erario público se haga cargo de los mayores costos en lugar de los productores, expendedores y los propios consumidores.

Algo similar sucede con el punto de partida para los servicios públicos, como la electricidad, el gas y el agua, que aunque llegan a las redes domiciliarias en facturas separadas interactúan como insumo/producto en el proceso de producción.

Para ablandar a los componentes de la cadena con la que los actores de la energía cincharán por una parte de la renta que asoma restringida, la estrategia de los futuros funcionarios se apoya en lo que dé  “una profunda auditoría, una revisión de todo el marco regulatorio y de las tarifas de los servicios públicos, a ver cuáles fueron los procesos de indexación, cuáles fueron las justificaciones, los argumentos reales, cómo se hizo para dolarizar tarifas, para aumentar la base tarifaria, cómo se aumentó y ver finalmente si eso se tradujo en una mejora del servicio, en una expansión de las redes, tanto de transporte como de distribución, en todos los eslabones, en todos los segmentos del mercado ampliado de la energía. Ver si hubo inversiones en producción de gas y petróleo, en la elaboración de combustibles, refinación, etc.”, según expuso Bernal.

El inventario permitirá, asimismo, determinar el programa de obras de infraestructura que acompañará la redefinición de la política energética en ciernes. Ya se puso el ojo en retomar la construcción de las líneas de alta tensión del interconectado, bajo los lineamientos que traía el Plan Federal de Transporte Eléctrico que fue discontinuado en 2016.

Reunidos todos estos elementos y repartidas las cargas, vendrá la etapa de definir los nuevos cuadros tarifarios, que tendrán que estar “alineados a costos argentinos, en función de los ingresos y de la evolución de la economía de la República Argentina”, anticipó.

El precio de extracción del fluido calórico (el gas) es basal en esa cadena energética de valor, e igual ocurre con el del petróleo en la cadena de los combustibles. 

Los US$7,60 el millón de BTU reconocidos a la producción incremental de gas (que casi triplica el valor internacional del spot) le hicieron saltar la térmica a la auditoría del FMI, intercedió el ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, retrotrayendo el contrato con Tecpetrol, y la controversia terminó en un juicio que afectó la seguridad jurídica, paradójicamente con una multinacional, pero considerada argentina, como Techint. 

El desenganche del dólar y “argentinizar los costos y precios de la energía” se da por hecho si finalmente asumen los Fernández el gobierno y claramente lo discursea el vocero energético de su equipo, Bernal: “La energía y sus servicios públicos otra vez (deben estar) alineados con la creación de empleo, la reindustrialización y la salud del mercado interno”.

De sus palabras, “la pesificación de las tarifas será un proceso que tiene que producirse, en primer lugar, a través de un acuerdo mancomunado entre todos los sectores, por un lado, y por el otro, de parte del Estado nacional”.