La mayoría de la población no sólo ve afectado su bolsillo por el retroceso en sus ingresos provocado por la devaluación, traslado a precios y tarifazos que ya venían de antes, sino también esta crisis desatada con virulencia a partir de la 2da parte del año pegó de lleno en su estado de ánimo. A punto tal que 20% más de gente que el año pasado manifestó que querría irse a trabajar a otro país. Abarca a un universo superior a la mitad de los encuestados por el Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales de la Universidad Siglo 21 para elaborar un índice de bienestar emocional. Campean en las respuestas la disconformidad y la insatisfacción por la calidad de vida resultante mucho más que la pérdida de poder adquisitivo del salario propiamente dicha. Pero todo junto se potencia y repercute en las vidas personales y vuelven como boomerang al trabajo bajo la forma de sentirse cada vez menos comprometido en el 21,8% de los casos; en dudar que lo que se hace contribuya en algo interesante, en el 21,1%, y en admitir que una jornada laboral canse tanto que imposibilite realizar otra actividad.

El que tiene plata, pero no tanta para considerarse rico, ya no hace lo que quiere y mide los gastos para ver tanto cómo llegan sus cuentas al fin del mes, cuanto las perspectivas de sus ingresos. El que está debajo de la línea de pobreza hace lo que puede para llenar el plato diario de comida. Una encuesta de CEPA traza 3 mojones a las caídas registradas en el consumo durante el mes pasado: la de bebidas representa la retracción de los sectores de medios y bajos ingresos; la de los combustibles de los intermedios y la del esparcimiento de ahí para arriba. Panorama al que proveedores de bienes durables, como electrodomésticos, añaden al que identifican como factor psicológico que incide en cualquier decisión de comprar: el bajón de ánimo de la sociedad en general. Ya no se ven las compulsivas, “como que salió el nuevo celular y me lo quiero comprar”, según ejemplifica el Ceo de Newsan, Luis Galli. Toda una población, sin distinción de clases, se muestra desconcertada sobre el plazo para empezar una recuperación, sin ilusión alguna de crecimiento. La creciente inflación que siguen atizando los aumentos autorizados por el propio gobierno, a los que se suma el pass through de la devaluación, infunde tal incertidumbre que no deja margen alguno para planificar, ni siquiera a los que siguen en condiciones de poder hacerlo.

En este período signado por la devaluación, la inflación, la recesión y la voracidad fiscal descargada sobre la atribulada sociedad suena a cuento alienígeno que quedaran sin poder ser cubiertas excepcionales vacantes por las que se ofrecen sueldos que superan 40% al resto de las actividades económicas. Se trata de la consabida escasez de ingenieros, programadores informáticos y técnicos en sistemas, aunque también la de enfermeros, personal de logística, gastronómicos y otros puestos con conocimiento de idioma, entre 18 y 35 años, que detectó la última Expo Empleo, donde se cubrió el 9% de los puestos que habían ofrecido 300 empresas participantes. La universidad pública sigue sin brindar respuestas al nuevo perfil laboral demandado, y el 65% de las escasas graduaciones de cada año responden a áreas de abogacía, sociología, comunicación social y psicología, en las que las oportunidades de conseguir trabajo no son tantas ni tan bien remuneradas. El ajuste en marcha afectó la demanda de profesionales que se orientan a la parte de infraestructura y la de perfiles juniors para las firmas enfocadas en el mercado interno como consecuencia de la retracción del mercado, pero a la vez abre expectativas a semi-senior y senior para firmas exportadoras. Siguen constantes las búsquedas de especialistas en big data, fintech y criptomonedas, algo que no ocurría hace 5 años, y no ceden las relacionadas con inteligencia artificial, diseñadores UI/UX y Data Scientist.

Sancionado en 1997 como impuesto a la riqueza, la clase política mandataria consensúa 21 años más tarde, en el marco de la negociación parlamentaria del proyecto de Presupuesto 2019 previamente acordado con el Fondo Monetario Internacional, que la sociedad progresó patrimonialmente y que, en consecuencia, más de 1 millón 300 mil personas (incluidos trabajadores en actividad o desocupados y jubilados) deberán afrontarlo ante AFIP, sin importar que la mayor parte de esa nueva legión contribuyente, que forma parte de la clase media, califique por la suma del valor que los administradores territoriales asignaron a su vivienda y a un auto, más algún que otro ahorro. Los inmuebles, brutalmente revaluados en algunas jurisdicciones como la de Buenos Aires, ya no sólo tienen triple tribulación (bienes, inmobiliario y ABL) sino que les dolarizaron el mínimo a nivel nacional para que haya más los que paguen. En el afán de recaudar, los gobernantes apuntan a los patrimonios (bienes personales, transferencia de inmuebles, automotores y patentes, inmobiliario y barrido y limpieza para físicas; ganancia mínima presunta, bienes personales participaciones societarias y capital de cooperativas), antes que al consumo (IVA, ingresos brutos, etc) y a renta (ganancias), condenados a la merma por la propia política económica recesiva e inflacionaria. Si no se facturan ventas, ni se incrementan haberes, ¿de dónde saldrá la plata para pagar más por activos inmovilizados? Los tarifazos tampoco dejan margen para satisfacer una voracidad fiscal expresada además en un listado de 43 tributos nacionales y 24 provinciales que figuran en el índice Total Tax and Contribution Rate que elaboran el Banco Mundial y PwC. Además, entre 1998 y 2016, la presión tributaria en Argentina pasó del 21.4% al 34%. Ya somos el 2do país con mayor "tasa total de impuestos y contribuciones"; sólo superado por la Isla de Comoros, ubicada entre Madagascar y el continente africano. El mismo informe calcula que se requieren 312 horas para lograr pagar todos los impuestos, es decir, el equivalente a 39 días hábiles.

Los 12,2 millones de asalariados registrados, o sea los que tributan al sistema previsional, pierden como en la guerra contra la inflación que el propio gobierno ha venido fogoneando con los tarifazos y el sobreendeudamiento desde el comienzo mismo de la gestión y la crisis cambiaria potenció. No sólo resignan poder adquisitivo, sino que pierden participación en la puja distributiva, lo cual torna más desigual la política de ingresos. En 2 años y medio, las tres cuartas partes de los argentinos, que conforman la clase trabajadora, ya llevaba cedidos casi 7 puntos de la porción que le toca en la torta nacional: retrocedió al 45,2%, con lo que acaba de ser superada por el 45,9% alcanzado por los patronos, que apenas representan el 4% de la población. El resto se reparte entre un 21% de cuentapropistas, entre formales e informales, que atraviesan transversalmente esa división. La erosión en los sueldos y la precariedad laboral que caracterizan al gobierno alejan a nuestros asalariados del 60% del ingreso que detentan los países desarrollados y los equiparan con los brasileños, pero siguen aún más altos que en el resto de la región, inclusive de México, al que aún aventaja por 10 puntos. Si se disipara la nube de la inflación, se vería que la Administración Macri aborda este tramo recesivo del ajuste fiscal acordado con el FMI con una mejora en la competitividad cambiaria y de la mano de obra, sin haber encarado una reforma laboral, pero al interesar directamente la recaudación previsional, abre aún más la grieta para el financiamiento genuino del régimen jubilatorio.

La Administración Macri capitalizó el éxito del crédito hipotecario UVA como imán del voto de clase media que obtuvo en la elección de medio término de 2017. De ahí que repita la apelación, pero como hay una inflación mayor a la de entonces, establece un correctivo al mecanismo indexatorio de las cuotas, e imagina uno análogo para los alquileres, que incorpora una porción de la variación salarial al IPC. Para los deudores que ya entraron en financiación hipotecaria con cláusula UVA, según una hipótesis ensayada por la publicación especializada Reporte Inmobiliario, si con este proceso recesivo-inflacionario resignaran hasta un 50% del salario (comparado con el IPC), la proporción de los ingresos destinada a la mensualidad crecería del 25% actual al 29,2%. O en el peor de los casos, si la remuneración se mantuviera quieta frente a un 40% del indicador de precios, en un año le absorbería el 35% de esa entrada, con lo cual complicaría pero no se tornaría impagable. Claro que no sería éste el único sacrificio que recae sobre los sueldos. La Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) evaluó que nada más que el peso de los principales servicios públicos (energía eléctrica, gas de red y agua potable) acumuló en los últimos 3 años un incremento de 17,2 puntos porcentuales en relación al salario mínimo. En ese lapso, las facturas cuadruplicaron su participación en los ingresos de la clase media.

Otra empresa centenaria vinculada al consumo interno ha sido declarada víctima de las tasas de interés y los altos costos (incluidos los tributarios), en un contexto de baja demanda que amenaza con prolongarse en el tiempo. Una recesión de 2 años a una tasa anual superior al 70% coloca en situación incierta a las fábricas nacionales que abastecen a la ciudadanía, como las de textiles y electrodomésticos, en cuanto a la subsistencia y mantención del empleo. La tradicional firma de línea blanca obtuvo una nota negativa de la calificadora FIX por su elevado endeudamiento de corto plazo a semejantes tasas, con la perspectiva consignada en el informe de que podrá ser peor en virtud de que las condiciones de demanda, inflación y financiamiento en el país no presentan indicios de mejoría en el corto plazo. Longvie despidió una docena de operarios en Entre Ríos y Catamarca, donde produce los lavarropas y anunció suspensiones en breve, aunque al mismo tiempo en Casa Foa, presentó una nueva alianza con la empresa eslovena Gorenje, altamente prestigiosa por el diseño y por los refrigeradores de la línea Retro Collection.

Las persianas bajan turbias en las actividades vinculadas al consumo y la purga ya no distingue entre grandes retails y pequeños comercios. Frávega, que en el 2020 cumple 110 años, tuvo que cerrar 5 sucursales en shoppings de primer nivel, como en Paseo Alcorta y el Soleil, por citar un par, siguiéndole los pasos a un competidor del ramo, como Musimundo, y a los achicamientos de híper multinacionales de la talla de Carrefour y Walmart. Devaluación, inflación, altos costos por los convenios laborales, por impuestos y cargas previsionales, tributarios y de los alquileres de las superficies que ocupan, pero fundamentalmente una persistente merma real en la facturación y cada vez menos clientes. Según un estudio efectuado por la Cámara Argentina de Comercio que amplió el radio de cobertura más allá de 146 cuadras comprendidas entre las avenidas Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Pueyrredón y Cabildo relevadas en 2013, de 93 locales desocupados en aquel momento se saltó a los 209 actuales, que dan un 125% de aumento.

Al igual que sucedió con el FMI, cuando la Administración Macri negociaba el stand by y se exigía una comprobación taxativa de apoyo de los gobernadores, la foto de hoy del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, con los miembros de la bicameral de la Participación Público Privada, que preside el peronista moderado Diego Bossio, asume un inestimable valor para el ánimo de los banqueros multilaterales y privados que acaba de visitar el funcionario en Washington y Nueva York, quienes según aseguró se mostraron proclives a participar en el fideicomiso de US$1200 millones que se proyecta crear para poder iniciar a fin de mes o principios del próximo las obras de la primera etapa de la Red de Autopistas y Rutas Seguras, bajo la modalidad PPP. El puntapié inicial lo dará el banco Nación, con US$300 millones. La inversión total en los 6 corredores que la integran supera los US$8.000 millones. De resultas del acuerdo con el FMI, el gobierno está jugado, de ese modo, en compensar en parte el recorte de obras públicas a la mitad, en términos reales, de lo que estuvo este año, siendo que los recursos asignados no alcanzan para hacer nuevas y ni siquiera terminar las que pasan de 2018. El fideicomiso sitúa al Estado entre los aportes de la banca y la caja de los consorcistas, convirtiéndolo en garante mientras decante el proceso judicial de los cuadernos y, como espera, deslinde responsabilidades entre los ejecutivos que coimearon y las empresas que representaban, a fin de que estas últimas puedan recuperar calificación crediticia. Dietrich busca financiamiento puente, pide paciencia y se encomienda a que los legisladores de la oposición posen diciendo “wiski” con el objetivo de poder empezar las obras a fin de mes o principios de noviembre.

La Administración Macri retomó la senda de la dolarización de las tarifas que había amagado dejar de lado en plena corrida cambiaria. Le aplicó una cláusula gatillo en las de gas para trasladar a los usuarios la diferencia que haya habido por devaluación a los 75 días que las distribuidoras facturaron el servicio. Las asociaciones de consumidores, algunas intendencias y la oposición de la Cámara de Diputados reaccionaron con presentaciones judiciales y hasta la gestación de un nuevo proyecto en el Congreso, a poco del veto presidencial a la ley que ordenaba retrotraer las tarifas a octubre de 2017. La política monetaria anunciada por la conducción que asumió en el Banco Central no daría margen para que el sistema de precios relativos absorba los aumentos de dos dígitos que emanan de la autorización de los propios reguladores del Estado guiada por la dolarización de tales costos, con lo cual la condición para que no incidan en el IPC sería que los demás cedan el espacio: salarios, jubilaciones, bienes y servicios que se fijan libremente hasta donde la recesión lo permita. Hasta ahora, las 17 veces que subieron las tarifas en los 2 años y tres cuarto de gobierno, las 13 que lo hicieron los combustibles nada más que este año, la vez y cuarto que lleva el dólar, más lo que acumulan las prepagas, transportes, alimentos, han venido inclinando para arriba el vector de la inflación, que en 2017 ya duplica a 2018 y le ponen una vara alta a 2019 desde enero mismo.