Comprar un kilo de papas en un campo de Balcarce podría haber costado en diciembre 5 veces menos que en cualquier verdulería del área metropolitana de Buenos Aires, según cálculos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Si se la mete enlatada en el carrito del supermercado, entre el IVA, los mayores costos laborales y nuevos aumentos de las alícuotas de ingresos brutos en las provincias y mayores tasas a nivel municipal se alzan con el 41% del ticket. El IARAF le hizo una cuenta al colega de Clarín Gustavo Bazzan: si una familia carga 10 productos alimenticios típicos que suman $ 3.007,50, los fiscos se quedan con $ 1.240,89 que la producción y la comercialización fueron incorporando. La canasta básica de los alimentos ya traía de 2019 aumentos que promediaban encima del nivel general de precios pero, en el marco de la campaña electoral, la Administración Macri suspendió la aplicación del IVA en artículos de primera necesidad, lo cual afectó la coparticipación de las provincias. Cambió el gobierno, volvió el IVA, subió el componente impositivo en la producción de alimentos y bebidas y, en 2 semanas de enero, ya acumularon un alza del 4%.

Los 2 principales sectores elegidos para aportar a la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva son, en primer lugar, el jubilatorio y, a continuación, el agro. La protesta de este último ya se está haciendo sentir mediante tractorazos en Pergamino y Saliqueló, además de una amenaza cierta de cese de comercialización en granos y carnes, que trae reminiscencias de la crisis entre el kirchnerismo y el campo en 2009. En el caso de la clase pasiva, a diferencia de lo que sucede en otros países, como Francia, la denominada burocracia sindical no la representa y, por lo tanto, no organiza resistencia callejera. A 2,3 millones de jubilados y pensionados que no están entre la mínima, alimentada en gran medida por las moratorias, ni entre los privilegiados que perciben más de $350 mil mensuales, los privarán de cobrar este año $ 4.800 millones en caso de no ser aplicado el suspendido ajuste del 25% en el semestre del congelamiento. El antecedente del 2003, cuando Néstor Kirchner era Presidente y aumentó sólo a las mínimas,derivó en una catarata de juicios de los afectados de la tercera edad que llega hasta nuestros días y superaron las 500 mil causas, todas perdidas por Anses. En cambio, los productores, nucleados en entidades gremiales poderosas y dueños de la mayor parte de las divisas que genera el país, optan por el ruedo político para enfrentarse con un gobierno que les subió la carga tributaria, tanto para la exportación como para oblar por su patrimonio rural.

El gobierno se propone arrancar abril con la deuda regularizada, un nuevo sistema de precios relativos desenganchado de la maquinita de la indexación y un Presupuesto para ¾ de año que permita arribar a una ley de leyes más equilibrada para afrontar un 2021 signado por la elección de medio término. Lo que no figura dicho en ninguna parte es que la desindexación se vaya a aplicar también a las partidas presupuestarias que dan por sentado que, lo gastado, bien gastado está y sólo cabe discutir sobre las actualizaciones por inflación. El pivote sobre el que se asienta la política de redistribución del ingreso “de los que más tienen hacia los que menos tienen”, según la definición de Alberto Fernández, es un dólar estable con cepo-tarifas congeladas-jubilaciones desmovilizadas, para a partir de ahí armar las reasignaciones de la carga tributaria, el primer capítulo junto al recorte previsional de US$14.000 millones. Lo demás está por verse.

Alberto Fernández pivotea sobre México para equilibrar la posición argentina respecto de Venezuela, que la Casa Blanca dé luz verde para seguir adelante la negociación con el FMI que abra las puertas al país a una reestructuración de la deuda con los llamados mercados voluntarios de crédito y poder habilitar Vaca Muerta a las inversiones que quedaron en suspenso mediante la sanción de una ley de blindaje en las sesiones ordinarias de marzo. La crisis de USA con Irán repercute en la cotización internacional del petróleo, lo cual entraña para Argentina una buena y una mala noticia: la 1ra, que mejora la ecuación precio-costo de la extracción de crudo (tanto shale como convencional) a las compañías, y la 2da es que acumula un atraso de 13% en los surtidores domésticos, luego de la intervención de campaña de Mauricio Macri. Por representar más de la mitad de todo: upstream (producción), midstream (transporte) y downstream (refinamiento), pero también inversiones, el rol de YPF es prioritario en la definición de la que será política energética de la Administración Fernández. El congelamiento preelectoral de las naftas hizo que le dejaran de ingresar $1.200 millones, y desde el presidente Guillermo Nielsen para abajo, en la petrolera de bandera piden a gritos que sean recompuestos los valores internos a fin de zanjar el atraso. Se viene en consecuencia una suerte de alquimia entre pesificación y dolarización. La rebaja del 12 al 8% en las retenciones a la exportación pretenden que sea móvil, acompañando los vaivenes del dólar Brent versión argenta. El blindaje a las inversiones por ley que les fuera prometido a las compañías con intereses en Vaca Muerta quedará recién para después de marzo.

Alberto Fernández pivotea sobre México para equilibrar la posición argentina respecto de Venezuela, que la Casa Blanca dé luz verde para seguir adelante la negociación con el FMI que abra las puertas al país a una reestructuración de la deuda con los llamados mercados voluntarios de crédito y poder habilitar Vaca Muerta a las inversiones que quedaron en suspenso mediante la sanción de una ley de blindaje en las sesiones ordinarias de marzo. La crisis de USA con Irán repercute en la cotización internacional del petróleo, lo cual entraña para Argentina una buena y una mala noticia: la 1ra, que mejora la ecuación precio-costo de la extracción de crudo (tanto shale como convencional) a las compañías, y la 2da es que acumula un atraso de 13% en los surtidores domésticos, luego de la intervención de campaña de Mauricio Macri. Por representar más de la mitad de todo: upstream (producción), midstream (transporte) y downstream (refinamiento), pero también inversiones, el rol de YPF es prioritario en la definición de la que será política energética de la Administración Fernández. El congelamiento preelectoral de las naftas hizo que le dejaran de ingresar $1.200 millones, y desde el presidente Guillermo Nielsen para abajo, en la petrolera de bandera piden a gritos que sean recompuestos los valores internos a fin de zanjar el atraso. Se viene en consecuencia una suerte de alquimia entre pesificación y dolarización. La rebaja del 12 al 8% en las retenciones a la exportación pretenden que sea móvil, acompañando los vaivenes del dólar Brent versión argenta. El blindaje a las inversiones por ley que les fuera prometido a las compañías con intereses en Vaca Muerta quedará recién para después de marzo.

Es habitual que cada funcionario que se incorpora a un gobierno quiera manejarse con “su gente” y pugne antes que nada por los nombramientos, lo cual afecta la estructura organizacional de la Administración Pública Nacional. El elenco de gestión se va conformando, inclusive en cambiantes etapas dentro del mismo mandato presidencial, más con superposiciones y exoneraciones “políticas” que siguiendo un criterio de eficiencia en la labor y racionalidad administrativa. Sucedió con Mauricio Macri, quien arrancó con 18 ministerios, los llevó a 23 para finalmente bajarlos a 13 a los ojos del FMI. Y en 4 años pasó de 69 secretarías a 85, de 165 subsecretarías a 204, de 290 direcciones nacionales a 398 y de 127 direcciones generales a 144, según datos de CIPPEC. Pero Alberto Fernández no ha mejorado esa performance porque comenzó agregando 8 ministerios (en total, 21) y 4 secretarías de alto rango, que involucran contrataciones diversas para completar el esqueleto burocrático. La política considera “inversión” a este entramado de RRHH, cuando en verdad es una suma de gastos, que incluyen el previsional y alejan una necesaria reforma tributaria que alivie a los contribuyentes.

A los balances positivos en las cuentas fiscales y en las de comercio exterior se los llamó superávits gemelos y la marca registrada pertenece al ex presidente Néstor Kirchner. Alberto Fernández había sido su jefe de Gabinete durante todo el mandato y continuó en el cargo hasta la primera mitad del período de Cristina Fernández de Kirchner, cuando la onda expansiva del estallido de la burbuja en USA y la resistencia del agro a la aplicación de retenciones móviles a la soja consumaron el doble homicidio al modelo de administración kirchnerista. Ya como flamante titular del Poder Ejecutivo Nacional, Fernández le pasa el plumero a aquel éxito económico de la primera década y afirma que lo obsesiona revivirlo. Da pábulo a su anhelo arrancar 2020 con un superávit comercial total de US$16.000 millones alcanzado en 2019, que revierten el déficit de US$3.800 millones de 2018, en gran parte gracias a que la balanza comercial bilateral con uno de los principales socios, Brasil, finalizaría con el primer resultado anual positivo desde 2002: US$1.017 millones, que dejan atrás los US$5.080 millones en contra del año anterior. El país que ahora lidera el ránking comercial de Argentina pasó a ser China, de la mano de las mayores compra de porotos de soja y carnes que propició la apertura del gigante asiático. Sin embargo, no será fácil sostener ese ritmo de sumas de signos más, ya que el gemelo fiscal afronta liquidaciones anticipadas de cosecha, un ajuste a jubilados de incierto costo político, además depende en gran parte del pago de intereses de la deuda y en otra, aún mayor, en que funcione el cobro efectivo de la presión impositiva que contiene el paquete de medidas incluido en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.

A los balances positivos en las cuentas fiscales y en las de comercio exterior se los llamó superávits gemelos y la marca registrada pertenece al ex presidente Néstor Kirchner. Alberto Fernández había sido su jefe de Gabinete durante todo el mandato y continuó en el cargo hasta la primera mitad del período de Cristina Fernández de Kirchner, cuando la onda expansiva del estallido de la burbuja en USA y la resistencia del agro a la aplicación de retenciones móviles a la soja consumaron el doble homicidio al modelo de administración kirchnerista. Ya como flamante titular del Poder Ejecutivo Nacional, Fernández le pasa el plumero a aquel éxito económico de la primera década y afirma que lo obsesiona revivirlo. Da pábulo a su anhelo arrancar 2020 con un superávit comercial total de US$16.000 millones alcanzado en 2019, que revierten el déficit de US$3.800 millones de 2018, en gran parte gracias a que la balanza comercial bilateral con uno de los principales socios, Brasil, finalizaría con el primer resultado anual positivo desde 2002: US$1.017 millones, que dejan atrás los US$5.080 millones en contra del año anterior. El país que ahora lidera el ránking comercial de Argentina pasó a ser China, de la mano de las mayores compra de porotos de soja y carnes que propició la apertura del gigante asiático. Sin embargo, no será fácil sostener ese ritmo de sumas de signos más, ya que el gemelo fiscal afronta liquidaciones anticipadas de cosecha, un ajuste a jubilados de incierto costo político, además depende en gran parte del pago de intereses de la deuda y en otra, aún mayor, en que funcione el cobro efectivo de la presión impositiva que contiene el paquete de medidas incluido en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.

Armar el presupuesto del principal distrito del país, como la provincia de Buenos Aires, implica manejar una serie de equilibrios políticos y financieros tanto con Nación como con los 135 poderes territoriales que la integran. El nuevo gobernador, Axel Kicillof, intentó imponer en la Legislatura un esquema de ingresos a las arcas provinciales que soslayaba ese juego de negociaciones ya establecido y reemprenderá el camino tratando en principio con los jefes comunales de Juntos para el Cambio, porque para conseguir algo de la tropa oficialista comprobó que no basta con la chapa de CFK, sino que primero tiene que arreglar con el grupo que responde a Alberto Fernández. De todos modos, como el denominador común de las 3 jurisdicciones (nacional, provincial y municipal) es la recaudación y los contribuyentes son los mismos, coordinar las necesidades operativas no es una tarea sencilla. Los alcaldes vinieron afrontando la crisis macroeconómica mediante una ampliación de la plantilla de empleados, que la ubica en un promedio de 1 por cada 10 habitantes, y una presión tributaria de elevado tono, con revalúos incluidos, sobre inmuebles e ingresos brutos. Pero fundamentalmente debieron apelar a bicicleteos contables que los obligaron a tejes y manejes en la gestión, con el consecuente ocultamiento. El 70% de los municipios bonaerenses descendió a un nivel entre bajo, regular y nulo, según ASAP, y no cuenta con margen para repetir los procedimientos si la provincia les transfiere el peso del ajuste. Ninguno de los jefes comunales que tallan al momento de negociar tiene actualmente espaldas para amortiguarlo. La mejor imagen recae en intendentes que no figuran en las agendas de los poderes políticos.

Armar el presupuesto del principal distrito del país, como la provincia de Buenos Aires, implica manejar una serie de equilibrios políticos y financieros tanto con Nación como con los 135 poderes territoriales que la integran. El nuevo gobernador, Axel Kicillof, intentó imponer en la Legislatura un esquema de ingresos a las arcas provinciales que soslayaba ese juego de negociaciones ya establecido y reemprenderá el camino tratando en principio con los jefes comunales de Juntos para el Cambio, porque para conseguir algo de la tropa oficialista comprobó que no basta con la chapa de CFK, sino que primero tiene que arreglar con el grupo que responde a Alberto Fernández. De todos modos, como el denominador común de las 3 jurisdicciones (nacional, provincial y municipal) es la recaudación y los contribuyentes son los mismos, coordinar las necesidades operativas no es una tarea sencilla. Los alcaldes vinieron afrontando la crisis macroeconómica mediante una ampliación de la plantilla de empleados, que la ubica en un promedio de 1 por cada 10 habitantes, y una presión tributaria de elevado tono, con revalúos incluidos, sobre inmuebles e ingresos brutos. Pero fundamentalmente debieron apelar a bicicleteos contables que los obligaron a tejes y manejes en la gestión, con el consecuente ocultamiento. El 70% de los municipios bonaerenses descendió a un nivel entre bajo, regular y nulo, según ASAP, y no cuenta con margen para repetir los procedimientos si la provincia les transfiere el peso del ajuste. Ninguno de los jefes comunales que tallan al momento de negociar tiene actualmente espaldas para amortiguarlo. La mejor imagen recae en intendentes que no figuran en las agendas de los poderes políticos.