Nuevo intento para frenar reforma de Ley de Glaciares: Más 850.000 firmas ante la Justicia

La reforma a la Ley de Glaciares ha generado revuelo, y lo seguirá haciendo. Los cambios a la norma, impulsados por el gobierno de Javier Milei, entraron en vigencia hace aproximadamente 15 días y ya se presentó una demanda colectiva con miles de adherentes para plantear su inconstitucionalidad ante la Justicia.

Demanda contra reforma a Ley de Glaciares

Organizaciones ambientalistas presentaron una demanda colectiva con más de 850.000 adhesiones ante la Justicia en Argentina para denunciar la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de Glaciares y pedir una medida cautelar que la deje en suspenso.

El Poder Ejecutivo nacional oficializó los cambios a la Ley de Glaciares el pasado 24/04, con la promulgación de la Ley N° 27.804. La medida fue formalizada mediante el Decreto 271/2026 publicado en el Boletín Oficial.

En ese contexto, las organizaciones Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) impulsaron un amparo colectivo y lo presentaron ante el juzgado federal de la provincia de La Pampa.

"La demanda exige que se suspenda en todo el territorio nacional la aplicación e implementación de la ley que debilita la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. Hasta que se resuelva la cuestión de fondo, debe seguir vigente la Ley 26.639", indica Greenpeace en su sitio oficial.

Un dato no menor es que, los detractores de la reforma a la Ley de Glaciares señalan que los cambios permiten habilitar proyectos mineros en zonas en las que hasta ahora estaban prohibidos.

En ese sentido, los demandantes piden "la suspensión solicitada involucra toda reglamentación, resolución, acto administrativo o autorización vinculada a la ley incluyendo a la aprobación de proyectos mineros cuyas áreas de exploración y explotación se superpongan con glaciares de acuerdo al Inventario Nacional de Glaciares y a los dictámenes técnicos elaborados por el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA)".

glaciar glaciares freepik

Organizaciones ambientalistas exigen justicia por los glaciares.

¿Qué pasó en la audiencia pública por la reforma a la Ley de Glaciares?

La acción judicial surge, entre otras cosas, luego de que se negase la participación a miles de personas que se habían inscrito para una audiencia pública convocada por la Cámara de Diputados.

Las organizaciones ambientalistas ya habían denunciado irregularidades en el proceso legislativo con récord de inscriptos: 100.000 personas.

"Ni siquiera el 0,2% de las personas anotadas pudo participar oralmente, lo que convierte la audiencia en una simulación de participación".

"Esta reforma no es una actualización técnica, sino un intento de fragmentar la protección de recursos que pertenecen a todos los argentinos. Los glaciares y el ambiente periglacial alimentan el 40% de las cuencas hídricas nacionales y garantizan el agua para más de 7 millones de personas", destacan los demandantes.

Principales cambios a la Ley de Glaciares

Uno de los cambios más relevantes en la Ley de Glaciares es que, delega facultades de control a las provincias. Ahora, tendrán la facultad de establecer sus propios criterios técnicos para determinar qué cuerpos de hielo y áreas periglaciares serán preservados.

Asimismo, el resguardo deja de ser automático para todos los glaciares como lo venía siendo desde que se sancionó la ley, en 2010. El nuevo texto permite que aquellas áreas que no sean catalogadas bajo los nuevos criterios queden fuera de la protección.

También se acordó la reducción del alcance del ambiente periglacial, área de suelos congelados y/o suelos saturados en hielo que actúa como regulador del recurso hídrico.

Científicos han recalcado en una carta en oposición a la reforma que, los periglaciales, "lejos de ser un espacio marginal, concentra grandes volúmenes de hielo subterráneo que no se ven en la superficie y que cumplen funciones esenciales para la estabilidad de las cuencas de montaña".

Esto podría abrir la posibilidad de autorizar actividades mineras en sectores que hasta ahora estaban limitados por restricciones legales.

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