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POLÉMICA INICIATIVA

Ley de Medios de Uruguay: Concentración, vuelta del monopolio y DirectTv al acecho

El proyecto oficialista de Ley de Medios en Uruguay, que aumenta el máximo de licencias por titular, recibe fuertes cuestionamientos por favorecer la concentración mediática.

El proyecto de Ley de Medios impulsado por el gobierno de Lacalle Pou fue aprobado este miércoles en el Senado uruguayo, tras ser tratado de manera “grave y urgente”. Esto ha sido duramente criticado por Frente Amplio, el partido opositor, que lo cuestiona por favorecer la concentración mediática.

Este martes la coalición multicolor (pilar del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou) ingresó de forma sorpresiva el proyecto de Ley de Medios en el pleno del Senado, tras un breve cuarto intermedio. Ello tomó por sorpresa a la oposición, porque el proyecto, si bien llegó aprobado desde Diputados, no fue analizado en la Comisión de Industria, tal como contó Urgente24.

Además, este proyecto de ley se votó con los 16 legisladores de la coalición de gobierno y en plena ausencia de la oposición, un escándalo, e incluso sin que conociera la situación la vicepresidenta Beatriz Argimón, en un medio de un contexto de tensión política dada la nueva ley de publicidad electoral que se tratara en los próximos días.

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Desde el Frente Amplio, la parlamentaria Lilián Kechichian aseguró que se trata de “una ley que concentra medios, quita derechos y no sabemos cuál va a ser la pluralidad del acceso a los medios a pocos meses de dos instancias electorales”.

Tal es así que tanto la Oposición como organizaciones de la Sociedad Civil cuestionan esta ley de medios y hablan de un retroceso en materia de DD.HH: este proyecto de ley es contrario a los estándares interamericanos de libertad de expresión, ya que favorece la concentración, la extranjerización de la propiedad de los medios de comunicación, y eliminaría la participación pública y control ciudadano en los procesos de adjudicación de frecuencias.

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Polémica Ley de Medios de Lacalle Pou

El polémico proyecto de ley de Medios que vuelve ahora a Diputados, elimina ciertos organismos de supervisión de Medios, como la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuya función es “emitir opinión en todos los trámites y procedimientos de otorgamiento de autorizaciones y licencias para la prestación de los servicios de comunicación audiovisual”.

Tal iniciativa de ley había sido enviada al Parlamento por el propio poder Ejecutivo -en abril del 2020-, coincidiendo con el inicio del gobierno de Lacalle Pou. Esta nueva ley de Medios derogaría la ley de medios vigente (19.307) del gobierno del Frente Amplio, que tiene algunos artículos catalogados como ‘inconstitucionales’ por parte de la Suprema Corte de Justicia y que incluso el actual gobierno la denominó como “hiperreglamentista”.

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El Senado aprobó el proyecto de ley de medios sin haber pasado por Comisiones y ahora retorna a Diputados | Gentileza La Diaria

El Senado aprobó el proyecto de ley de medios sin haber pasado por Comisiones y ahora retorna a Diputados | Gentileza La Diaria

La ley de Medios aprobada este martes en el Senado, tras la moción para que se trate urgentemente —a partir de las firmas de las senadoras oficialistas Carmen Asiaín, Irene Moreira y Pablo Lanz— aumenta el máximo permitido de licencias por titular.

Según lo estipula este proyecto de ley, una persona física o jurídica o un grupo económico puede ser titular de hasta cinco licencias en la zona metropolitana y de hasta seis licencias en el resto de Uruguay para “para prestar servicios indistintamente en cualquiera de las bandas de radiodifusión y de televisión abierta”.

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Originariamente el texto aprobado en la Cámara de Representantes durante el año pasado, establecía un máximo de hasta cuatro licencias en la zona metropolitana. En esta oportunidad, al haber tenido modificaciones en el Senado, el proyecto volverá a tratarse en Diputados que únicamente podrá rechazarlo o ratificarlo (no puede realizarle enmiendas).

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Esta nueva ley de medios propuesta por Lacalle Pou (que ahora deberá tratarse en Diputados) establece que “en caso de que la misma persona física o jurídica o grupo económico sea titular total o parcialmente de licencias tanto en la zona metropolitana como en el resto del país, no podrá superar en su conjunto la cantidad de seis licencias”.

En ese sentido, en el caso de la televisión para abonados por cable, se impone un nuevo tope de ocho licencias.

La ley de medios frenteamplista aún vigente estipulaba como límite un máximo de 3 licencias para radiodifusión abierta de radio o televisión y de seis licencias para televisión para abonados por cable. Además disponía que este último número “sea reducido a tres en el caso de que una de las autorizaciones o licencias incluya el departamento de Montevideo”.

Sin embargo, la nueva ley de medios oficialista establece que ninguna persona podrá ser titular al mismo tiempo de una licencia para “prestar servicios de difusión de contenido audiovisual de televisión satelital o por cable para abonados” y de una licencia para “prestar servicios de radiodifusión abierta o de otras licencias para difusión de contenido audiovisual de televisión para abonados”.

También la iniciativa aprobada incorporó un aditivo a propuesta de Cabildo Abierto sobre el “derecho a una comunicación política completa, imparcial y equilibrada”, el cual establece que “los servicios de difusión regulados por la presente ley tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos”.

DIRECTV y su pedido para ofrecer Internet en el Senado

Carlos Magariños, director de Asuntos Externos y Estrategia Global de Vrio Corp, casa matriz de DIRECTV, argumentó el miércoles 9 de mayo ante el Senado de Uruguay su pedido expreso para que se generen condiciones de competitividad y poder así ofrecer internet a los hogares, comercios e industrias uruguayas.

"El planteo de DIRECTV al Estado uruguayo focaliza en fomentar la competencia para beneficiar a los consumidores. Es una contribución que la compañía hace en todos los países, dado que la competencia mejora las condiciones de asequibilidad de los servicios, generando ahorros y bienestar”, dijo Magariños.

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DirecTV realizó presentación en el Senado con el objetivo de ser habilitado a prestar el servicio de Internet fijo |Gentileza Tavi Latam

DirecTV realizó presentación en el Senado con el objetivo de ser habilitado a prestar el servicio de Internet fijo |Gentileza Tavi Latam

El CEO de DIRECTV planteó que la compañía ofrece servicios de internet en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú y en Brasil, con SKY, pero no en Uruguay. “El único país en el que la compañía tiene permiso para prestar TV por satélite, pero no internet es en Uruguay. Por eso abogamos aquí poder hacerlo. Esto, en un contexto en el que se está registrando un escenario de ‘convergencia extrema’ de las tecnologías en las comunicaciones”, expresó.

Cable operadores podrán ofrecer Internet

La nueva ley de medios aprobada en el Senado establece algunos cambios en las restricciones para obtener una licencia: se elimina el impedimento de “ser cónyuge o concubino, pariente por afinidad o consanguinidad, en línea recta, o colateral hasta el segundo grado, de titulares de servicios de comunicación audiovisual”.

Asimismo, la nueva ley de medios le otorga el derecho a los cableoperadores a prestar servicio de internet.

En su momento, se le puso fin al monopolio de Antel, que concentraba el mercado de Internet, a través del artículo de la Rendición de Cuentas de 2022. Pero con esta nueva ley de medios, que consagra que los cableoperadores podrán prestar el servicio de Internet “a través del empleo de sus redes propias, desarrollos futuros o de recursos que contraten con terceros”, podría restaurarle a Antel el monopolio de la prestación de Internet.

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Cámara de Senadores, el 14 de mayo. Foto: Mara Quintero

Cámara de Senadores, el 14 de mayo. Foto: Mara Quintero

En esa línea, según la Diaria que accedió al borrador del proyecto de ley, esta iniciativa del oficialismo borra algunos organismos como por ejemplo, la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Pero, conserva algunos artículos de la normativa vigente como el derecho a la privacidad de los niños, niñas y adolescentes a que “no se utilice en forma lesiva, ni se publique ninguna información que los perjudique” y el derecho a la accesibilidad de personas con discapacidad auditiva a contar con sistemas de subtitulado y/o lengua de señas.

Del mismo modo, la ley de medios de Lacalle Pou también mantiene sin modificaciones el artículo que establece que deben emitirse por televisión “en abierto y en directo” aquellas actividades oficiales de las selecciones nacionales de fútbol y de básquetbol en instancias definitorias de torneos internacionales.

A su vez, no se cambió el artículo que consagra la objeción de conciencia de los periodistas, quienes podrán “negarse a acompañar con su imagen, voz o nombre contenidos de su autoría que hayan sido sustancialmente modificados sin su consentimiento”.

El proyecto aprobado además no regula ningún aspecto de los servicios de contenidos audiovisuales “que utilicen como plataforma la red de protocolo internet”.

Por su parte, el proyecto de Ley de Medios que no aborda la regulación de la publicidad electoral, por lo que seguirá la normativa vigente sancionada en el gobierno frenteamplista.

Tal normativa vigente de regulación de publicada electoral establece que los medios de comunicación (radio, televisión abierta y televisión para abonados) deberán otorgar a modo de “contraprestación”, espacios gratuitos para publicidad electoral. El criterio de reparto de estos espacios es un 20% en partes iguales entre todos los lemas que compiten en la elección y un 80% en base a los votos obtenidos en la última elección.

Por ello, de ratificarse próximamente la nueva ley de medios en Diputados, esto último quedaría sin efecto. Sin embargo, la intención del Oficialismo es avanzar en la regulación de la publicidad electoral en el proyecto de ley sobre el financiamiento de los partidos políticos, que podría tratarse en los próximos días.

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