Un proyecto de ley bipartidista presentado en el Congreso de Estados Unidos obligaría al FBI a obtener una orden judicial para leer mensajes o escuchar llamadas de los estadounidenses, y también prohibiría la compra de datos comerciales sobre los residentes. Esto ocurre en medio de la polémica por el cuestionado acuerdo entre OpenAI y el Pentágono, que genera serios interrogantes sobre el uso sin límites de la inteligencia artificial por parte del Departamento de Defensa estadounidense, incluida la posibilidad de emplearla para vigilancia tanto doméstica como global.
VIGILANCIA DEL FBI
Legisladores del Capitolio contra el espionaje de Estados Unidos (Sección 702 y "backdoor searches")
Legisladores de Estados Unidos buscan eliminar el acceso del FBI a las escuchas teléfonicas sin orden judidial, en un contexto signado por el malestar de muchos congresistas debido al polémico acuerdo de OpenAI con el Pentágono.
13 de marzo de 2026 - 12:58
Una coalición en el Capitolio presentó este jueves una legislación que impondría un requisito estricto de orden judicial para las búsquedas clandestinas del FBI en las comunicaciones de los estadounidenses, las cuales, según un fallo de un tribunal federal de 2025, se consideran inconstitucionales.
En enero de 2025, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York determinó que las llamadas “backdoor searches” —búsquedas de comunicaciones de ciudadanos estadounidenses dentro de bases de datos obtenidas bajo la Sección 702 de la Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA)— requieren una orden judicial bajo la protección de la Cuarta Enmienda.
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En ese sentido, la Sección 702 permite la recopilación de datos de extranjeros sin una orden judicial. Esta sección se creó con la FISA Amendments Act de 2008 durante la administración de George W. Bush y fue firmada por el Congreso para permitir la recolección de comunicaciones de extranjeros fuera de EE.UU. sin necesidad de una orden judicial individual, facilitando la vigilancia de objetivos de inteligencia extranjeros y terroristas, aunque muchos estadounidenses alegan que podría ser utilizada arbitrariamente para espionaje ilegal según decisiones gubernamentales.
La sección autoriza al Director de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y al FBI a recolectar datos de comunicaciones electrónicas de extranjeros ubicados fuera de EE.UU. Sin embargo, el FBI revisa esas bases de datos de “backdoor searches” para buscar información sobre ciudadanos estadounidenses sin orden judicial, lo que motivó el fallo de 2025 anteriormente mencionado, el cual declaró inconstitucionales estas búsquedas de comunicaciones de estadounidenses sin orden judicial.
Por lo que las búsquedas posteriores de comunicaciones de estadounidenses en esas bases de datos, según el fallo, no pueden hacerse sin una orden específica, respaldando así el derecho a la privacidad de la ciudadanía estadounidense.
Ahora bien, el proyecto de ley de Reforma de la Vigilancia Gubernamental de 2026, presentado este jueves por un grupo de congresistas, impondría un requisito estricto de orden judicial en las búsquedas clandestinas del FBI en las comunicaciones de los estadounidenses, alineándose con el fallo del tribunal federal de 2025.
Este proyecto de ley deroga las polémicas ampliaciones de la autoridad del gobierno para realizar escuchas telefónicas sin orden judicial, al tiempo que reforma aspectos clave de la ley federal de vigilancia. Además, si bien renueva la autorización del programa de la Sección 702 por cuatro años más, también establece estrictas garantías constitucionales para la recopilación de inteligencia.
"La legislación desmantela aún más los poderes más controvertidos otorgados al gobierno en 2024: deroga la definición ampliada de 'proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas', una disposición de gran alcance que, según advirtieron los defensores de la privacidad, obligaría a millones de estadounidenses comunes y empresas privadas a espiar en secreto en nombre del gobierno", expone el portal de noticias WIRED.
Los senadores Ron Wyden y Mike Lee, así como los representantes Warren Davidson y Zoe Lofgren, lideran el apoyo a este proyecto de ley, el cual, a su vez, cuenta con el respaldo de organizaciones de todo el espectro político que abogan por las libertades civiles.
Este proyecto de legislación llega en un momento en el que el presidente Donald Trump abre un frente de guerra con Irán, lo que ha provocado que varios republicanos rompan con el MAGA y digan públicamente que temen por su vida o ser espiados ilegalmente por los servicios de inteligencia; así lo refirieron Marjorie Greene y Thomas Massie.
A su vez, este proyecto planea poner restricciones a la vigilancia excesiva de los servicios de inteligencia estadounidenses, más aún cuando hace dos años el Congreso renovó por última vez el programa de escuchas telefónicas, autorizado bajo la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA).
En ese sentido, programas de la NSA como PRISM o la recolección de metadatos de llamadas (que fue filtrada por Edward Snowden en 2013) operan bajo otras secciones de la FISA, principalmente la Sección 215, que permitía recolectar metadatos telefónicos de estadounidenses.
Tal sección 215 fue parte de la USA PATRIOT Act de 2001, aprobada tras los ataques del 11 de septiembre, y formaba parte de la Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA). Permitía al FBI obtener órdenes de la Corte de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISC) para acceder a “tangibles”, incluyendo documentos, registros de llamadas, registros bancarios y otros datos que pudieran ser relevantes para investigaciones de terrorismo o inteligencia extranjera.
Esta sección permitía recolectar datos masivos de estadounidenses mediante proveedores de servicios, especialmente metadatos telefónicos, sin necesidad de sospecha individual. El programa se filtró públicamente en 2013 por Edward Snowden, mostrando que millones de estadounidenses estaban siendo registrados sin órdenes individuales.
En 2015, la USA FREEDOM Act reformó la Sección 215, limitando la recopilación masiva de datos y requiriendo que los registros telefónicos se almacenaran con los proveedores, en lugar de en la NSA, y que se obtuvieran solo mediante solicitudes específicas de sospechosos.
En el último tiempo, el comentarista de televisión Tucker Carlson afirmó que un “informante” anónimo le dijo que la NSA lo estaba vigilando, incluyendo acceso a sus textos y correos, y declaró que el gobierno estaba “espiando nuestras comunicaciones".
El proyecto de ley de Reforma de la Vigilancia Gubernamental de 2026 para frenar el espionaje ilegal doméstico en USA
"Los promotores del proyecto de ley presentaron la Ley de Reforma de la Vigilancia Gubernamental como una corrección necesaria a un estado de vigilancia sobrealimentado por la tecnología moderna y la expansión burocrática de las misiones", señala WIRED, en alusión al nuevo proyecto de ley para limitar las escuchas telefónicas del FBI sin orden judicial.
El portal de noticias también se hace eco del reciente acuerdo que OpenAI firmó con el Departamento de Defensa estadounidense, que permite al Gobierno usar la IA para "todos los propósitos legales", lo que podría incluir el espionaje masivo interno y fines militares. Lo controversial es que, en la letra chica del acuerdo, OpenAI cita la Orden Ejecutiva 12333, el mismo mecanismo legal que utilizó la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) con el sistema PRISM para espiar comunicaciones de estadounidenses interceptándolas fuera del país.
El senador Ron Wyden, uno de los que redactó el proyecto de ley que intenta frenar las ecchas del FBI, señaló que la explosión de datos disponibles comercialmente y los rápidos avances en IA han "superado con creces las leyes que protegen la privacidad de los estadounidenses".
En un discurso pronunciado a principios de esta semana, Wyden advirtió que "existe otro ejemplo de legislación secreta relacionada con la Sección 702, que afecta directamente el derecho a la privacidad de los estadounidenses", afirmó, señalando que las sucesivas administraciones se han negado a desclasificar el asunto. "Cuando finalmente se desclasifique, el pueblo estadounidense se asombrará de que haya tardado tanto y de que el Congreso haya estado debatiendo esta autoridad con información insuficiente", agregó.
Del mismo modo, el representante Warren Davidson argumentó que la Sección 702, que permite la recopilación de datos de extranjeros sin una orden judicial y que expira el 20 de abril —aunque es factible que sea prorrogada otra vez—, se ha extendido “mucho más allá de su propósito original” para permitir búsquedas domésticas inconstitucionales.
En ese sentido, la administración Trump ha exigido una prórroga "limpia" del programa 702 sin ninguna reforma, una postura respaldada por aliados en el Congreso como el senador Tom Cotton e impulsada internamente por el asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller.
Según WIRED, las agencias de inmigración y fronteras de Estados Unidos en lo últimos años han invertido decenas de millones de dólares en vigilancia comercial. Entre los acuerdos recientes se incluyen un contrato de 22,8 millones de dólares para la base de datos CLEAR de Thomson Reuters, acuerdos ampliados con el intermediario de datos LexisNexis y la compra de rastreo de ubicación de teléfonos celulares en tiempo real a través de intermediarios como Pen-Link. En febrero de 2026, la Patrulla Fronteriza también obtuvo acceso a la base de datos de reconocimiento facial de Clearview AI, que contiene más de 60 mil millones de imágenes públicas recopiladas.
“Lindsey Graham (republicano) está luchando con uñas y dientes para demandar al gobierno, porque está furioso por haber sido vigilado. Y aún así apoya la autorización de estos programas. Es una locura”, dijo un republicano bajo anonimato a WIRED. “Y habrá muchos demócratas que apoyen la reautorización de la FISA al mismo tiempo que dicen que Trump es un tipo horrible... y sin embargo, votarán a favor de reautorizar la vigilancia de los estadounidenses”, añadió.
En esa misma línea, un alto asesor demócrata, que solicitó el anonimato para hablar sobre la estrategia legislativa, declaró a WIRED que algunos demócratas que anteriormente votaron a favor de autorizar estos poderes de espionaje parecen dispuestos a dar un giro hacia la reforma, impulsados por la intensa presión política sobre el uso ampliado de datos comerciales por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo la administración Trump.
Al igual que Graham, el director del FBI, Kash Patel, quien anteriormente criticó los registros sin orden judicial, cambió de postura tras asumir el cargo. Ahora defiende el programa como una "herramienta fundamental" en la lucha del Gobierno contra la inmigración irregular y el terrorismo.
En mayo de 2025, Patel clausuró la Oficina de Auditoría Interna del FBI, la unidad de cumplimiento que logró reducir las búsquedas indebidas de datos de ciudadanos estadounidenses de más de 119.000 en 2022 a tan solo 5.518 en 2024.
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